Santa Cruz de Tenerife prosigue con la tala de 17 laureles y la poda de otros 27 pese al rechazo y denuncias de colectivos naturalistas

Los miembros de Los Árboles Hablan y de La Mesa del Árbol critican, en declaraciones a Canarias Ahora, que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (CC y PP) siga con la tala de laureles de Indias iniciada el lunes de la semana pasada, con un total de 17 a eliminar y otros 27 a talar y tratar de recuperar entre el número 147 de La Rambla y la Comandancia de Marina. Las dos entidades subrayan que, según sus análisis, sólo se necesitaba prescindir de cuatro ejemplares por su mal estado, pero insisten en criticar que se talen más (hasta 13 a añadir). En ese sentido, rechazan que, en el pleno del pasado viernes, el gobierno local (CC-PP), ante las preguntas de la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, esgrimiera hasta cuatro informes técnicos, que elevan la cantidad de árboles a eliminar de tres a 17, pero descartando un nuevo análisis que, a su juicio, ha de hacer una empresa privada.

El primero de esos estudios data de enero de 2025, lo elaboró la UTE FCC-Acciona (adjudicataria del mantenimiento de Parques y Jardines por 14 millones de euros) y se refiere a la tala de tres laureles. El segundo es de abril, lo realiza la compañía Árbol Investigación y Gestión, y también sostiene que se deben eliminar tres y evaluar el corte de seis más, con lo que, en el peor de los casos, serían nueve. Sin embargo, en junio se alude a uno de la Cátedra Jardín Botánico Wolfredo Wildpret, que no se refiere ni al estado de los laureles ni menciona la tala de ninguno, así como otro del mismo mes, de nuevo de FCC-Acciona, que ya aumentó el número a 17.

Los grupos naturalistas se preguntan por qué se pasa de tres a 17 (ellos habían detectado cuatro en mal estado), por qué en algunos medios se habla de hasta 25 ejemplares (cifra que el gobierno local no contempla), si se han elaborado informes de manera expresa para justificar las tesis del consistorio, en especial del concejal responsable de Parques y Jardines, Carlos Tarife (PP), a quien le censuran que prefiera quedarse con el estudio que aboga por 17.

Según remarcan, “la pérdida de estos laureles de indias de gran porte supone la desaparición de un bosque urbano en el que viven y crían aves e insectos. Es una pérdida irreversible de nuestro hábitat y de nuestro patrimonio vegetal, un ecocidio imperdonable a estas alturas del siglo XXI”.

El lunes de la semana pasada, estos colectivos denunciaron ante el Seprona y vía correo electrónico, tal y como les indicaron, el corte de estos laureles, subrayando que, a su juicio, se vulnera la ley. Además, censuran que no han podido presentar las alegaciones que pensaban esgrimir ante el consistorio porque la corporación local aún no les ha respondido a su solicitud de acceso al expediente. Asimismo, tampoco se ha tenido en cuenta su propuesta de que una empresa independiente elabore un informe y recuerdan que, en Las Palmas de Gran Canaria, el consistorio aceptó y costeó que una compañía exterior analizara la situación del ficus del Risco de San Nicolás, a petición de vecinos de la capital grancanaria, lo que hizo paralizar la tala.

También critican que tampoco les hayan hecho caso respecto a la paralización de las talas y que comenzase el corte de los ejemplares cuando, a juicio de estas entidades, se puede estar vulnerando la ley medioambiental por los efectos en una zona de hábitat y cría de aves (de enero a agosto en Canarias), aparte de vulnerarse sus derechos a la información y participación, “al no permitirnos acceder al expediente”. Asimismo, recuerdan que una empresa estaba dispuesta a colaborar en el caso de Santa Cruz, pero el ayuntamiento tampoco prestó atención a esta posibilidad. Los dos colectivos subrayan que, “durante el tiempo de anidamiento, las aves están protegidas por leyes, regulaciones y convenios internacionales que prohíben actividades que puedan causarles molestia o daño, como la destrucción de sus nidos o la perturbación de sus hábitats. Las autoridades competentes pueden tomar medidas para proteger a las aves y sus hábitats durante este período”.

Las leyes que se incumplen, según los colectivos

Según remarcan, algunas de esas normativas son la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece el marco general para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en España, incluyendo la protección de las aves y sus hábitats. También la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres y que establece las normas para la protección de las aves silvestres en la Unión Europea, incluyendo la protección de sus hábitats y la prohibición de actividades que puedan causarles daño o molestia. Asimismo, el Convenio de Berna, sobre la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa, firmado en Berna en 1979, que establece la protección de las especies de flora y fauna silvestres y sus hábitats, incluyendo las aves. Además, existe la Ley de Protección de la Fauna y Flora Silvestres, que regula la protección de las especies de fauna y flora silvestres en España, incluyendo las aves, y que establece las normas para su conservación y manejo.

Por su parte, el gobierno recalca que, tras los estudios, se dan por perdidos a esos 17 laureles, que están podando otros 27 por entender que sí presentan condiciones para mantenerlos y revitalizarlos y que antes de estas tareas se revisaron a fondo las copas para comprobar que no se verían afectados nidos de aves. El propio alcalde, José Manuel Bermúdez, asegura que se trata de decisiones “difíciles, pero necesarias para conservar la esencia de la Rambla”, visión que no comparten los colectivos críticos. Tarife explica que el deterioro de estos árboles surge hace décadas y que se debe a diversos factores, como el estrés hídrico, obras, plagas y el impacto del cambio climático. Además, recalca que tratan de evitar “las podas agresivas, mejorar el suelo y garantizar condiciones de crecimiento adecuadas para los árboles actuales y los que se planten en el futuro”.

Entre otras medidas, se prevé ampliar los parterres 0,8 metros, se usan celdas estructurales para mejorar el suelo, se instala pavimento drenante, zanjas de oxidación y una nueva red de riego.