Dos semanas sin abrir las ventanas por temor a las fibras de amianto en las obras de un supermercado en Tenerife

En el último año, los tacoronteros han presenciado la construcción de una nueva gasolinera y un McDonald's. Si no surge ningún inconveniente, en unos diez meses el municipio contará también con un nuevo supermercado. Lo que hasta hace nada eran huertas, con sus árboles frutales y unos cuantos cuartos de aperos, va camino de convertirse en una gran superficie de 3800 metros cuadrados repartidos en dos plantas: una inferior para el aparcamiento y una superior en la que se encontrará la tienda. Hace algunas semanas, comenzaron las labores de demolición de las estructuras previas y algunos vecinos de la zona han denunciado lo que consideran malas prácticas a la hora de retirar las placas de amianto que hacían de tejado en algunas de estas construcciones.

El amianto, también conocido como asbesto, es uno de los elementos que componen el fibrocemento, un material presente sobre todo en recubrimientos de tejados que, por ser un aislante de bajo costo, fue muy utilizado en el sector de la construcción. Aunque su venta en España fue prohibida en 2002 por el riesgo respiratorio que supone estar en contacto con este material de forma prolongada, aún puede encontrarse en construcciones previas a su prohibición. Según el Programa Nacional de Vigilancia de la Salud de Trabajadores Expuestos al Amianto, si se liberan fibras de amianto al ambiente, estas pueden ser inhaladas para acabar alojadas en los pulmones y, pasados unos años, pueden causar enfermedades graves. 

En su estudio Cáncer laboral en España: el problema del amianto, Montserrat García, Jefa de Área de Salud Laboral en el Ministerio de Sanidad, considera al amianto un cancerígeno “particularmente complejo”. Y es que no solo da lugar a enfermedades prácticamente exclusivas –como la asbestosis, las placas pleurales y el mesotelioma–, sino que el tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de la enfermedad es de entre 15 y 50 años.

Menéndez Navarro, catedrático en Historia de la Medicina, cree que se tiende a percibir los problemas relacionados con la exposición al amianto como algo temporal y controlable. Sin embargo, el citado documento revela que “entre el 15 y el 20% de los casos se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente al amianto, siendo la causa de la exposición la contaminación ambiental”. Según dicho estudio, entre 1977 y 2010 fallecieron 4.987 personas por mesotelioma, una enfermedad que en la práctica totalidad de los casos tiene su origen en una exposición al amianto. Sin embargo, muchas naves industriales, cobertizos, azoteas y patios siguen resguardados por esos tejados ondulados que, con el paso del tiempo, van perdiendo su capacidad ligante y terminan liberando estas fibras.

Según los vecinos, ya en verano detectaron algunas irregularidades a la hora de manipular este material: “Estuvieron viniendo durante algunas tardes dos hombres, sin ningún tipo de protección ni medidas de seguridad, y estuvieron levantando algunas planchas”, aseguran. 

Reconocen que ignoraban que se tratase de amianto hasta que el pasado viernes 22 de octubre llegaron unos trabajadores ataviados con Equipos de Protección Individual (EPI), lo que generó preocupación entre algunos propietarios de las viviendas colindantes. Fue entonces cuando decidieron preguntar si esas planchas que estaban retirando estaban compuestas de este mineral. La respuesta que recibieron por parte de los trabajadores fue afirmativa. 

Estos vecinos, que desde entonces viven con las puertas y las ventanas de sus casas cerradas por miedo a que estas fibras contaminen su hogar, consideran que no se han tomado las medidas de seguridad apropiadas. Y es que la utilización de los EPI no es la única medida de seguridad que se exige desde los organismos competentes. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo cuenta, desde el año 2000, con una guía de buenas prácticas para operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. En ella y en la Guía de Actuación Inspectora para control del Cumplimiento de la Normativa sobre Riesgo de Amianto del Ministerio de Trabajo se explica detalladamente el procedimiento a seguir ante este tipo de labores:

Según estos vecinos, la noche del pasado viernes 22 de octubre, las planchas rotas, las más peligrosas, las que mayor cantidad de fibras liberan, quedaron apoyadas en los muros de sus propias viviendas hasta la mañana del día siguiente. Ese sábado, estas y otras planchas embaladas habrían sido manipuladas muy cerca de sus casas para ser embaladas –con la posible contaminación del ambiente, el terreno y las superficies cercanas–, quedaron ahí almacenadas hasta el miércoles 27 de octubre. El artículo 10 del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto establece que “deberá evitarse la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan fuera de los locales o lugares de acción”. 

La exposición al amianto, por pequeña que sea, –pues no existe un tiempo de seguridad mínimo– puede desencadenar, con los años, en un cáncer. Es por eso que la Guía de Actuación Inspectora para control del Cumplimiento de la Normativa sobre Riesgo de Amianto, recoge en su apartado 2.5 j) que “los residuos de los distintos procesos, e incluso los resultantes de operaciones de limpieza y mantenimiento, deberán recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible, en recipientes cerrados apropiados o por cualquier otro procedimiento que impida la emisión de fibras de amianto al ambiente”. En cambio, en las fotografías facilitadas por los afectados se puede apreciar cómo las bolsas en las que quedaron envueltas eran de plástico negro –similar a las empleadas para el almacenamiento la basura doméstica– y no las bolsas tipo big-bag, hechas de un material más resistente. Además, el embalaje no contaba por fuera con la debida señalización avisando de su contenido.

Falta de comunicación

Otra de las circunstancias que indigna a los perjudicados es no haber recibido ningún tipo de información previa por parte del Ayuntamiento o de la empresa encargada, un simple aviso que les permitiese tomar sus propias medidas de seguridad. Consideran que se les ha dejado “expuestos y sin protección” a este material tan perjudicial. En su artículo 22, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incide en el deber por parte de la autoridad competente de “tomar las medidas adecuadas para promover la difusión de informaciones y la educación de todas las personas interesadas acerca de los riesgos que entraña para la salud la exposición al asbesto, así como de los métodos de prevención y control”. 

Desde Canarias Ahora se ha intentado, en múltiples ocasiones, contactar con un miembro autorizado de la corporación local con el fin de preguntar por esta presunta mala práctica en la retirada de amianto. Una situación que está afectando en el día a día a la vida de los residentes más cercanos a la obra. Sin embargo, ha sido imposible contar con la colaboración de la autoridad competente. 

Contaminación ambiental

Pero esto no solo afecta a trabajadores y vecinos, también al aire, a la tierra y a la vegetación: En su artículo 19, la OIT informa de que tanto la autoridad competente como los empleadores “deberán adoptar las medidas apropiadas para evitar que el medio ambiente general sea contaminado por polvos de asbesto provenientes de los lugares de trabajo”.

Asimismo, el informe Amianto: Impacto Sobre la Salud y el Medio Ambiente, elaborado por CCOO, señala que “el tratamiento de los residuos o la emisión de polvo de amianto a la atmósfera con infracción de la normativa aplicable pueden ser constitutivos del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto en el artículo 325 del Código Penal”. 

Ahora los vecinos piden que se descontamine el área afectada, ya que creen que estas malas prácticas pueden haber llevado a expandir las fibras de amianto en las paredes exteriores de sus casas y en todas las superficies cercanas a la obra.

Manifiesto por una ley

Antonio Bernardo Reyes, arquitecto y técnico en Prevención de Riesgos Laborales, pertenece además a un grupo multidisciplinar del que forman parte desde asociaciones médicas y de víctimas, hasta profesionales expertos en este ámbito. El pasado mes de marzo publicaron un manifiesto mediante el cual solicitan al Gobierno de España que aborde “con la máxima celeridad” un proyecto de Ley Integral del Amianto, algo que consideran necesario pues, según el estudio de Gómez, previamente mencionado, “el 76% de los cánceres reconocidos como laborales desde 1997 han sido causados por el amianto”.

Además, debido al tiempo que tardan en desarrollarse los cánceres originados por este material, en ocasiones resulta complicado vincularlos con una posible relación laboral. Esto hace que gran parte de los costes de su atención médica sean asumidos por el Sistema Nacional de Salud. Siendo las arcas públicas y no las empresas las encargadas de pagar por el coste de estas exposiciones.