El Cabildo reitera su colaboración con los ayuntamientos para legalizar los vertidos
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), órgano dependiente del Cabildo de Tenerife, ha reiterado su colaboración con los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar para resolver los vertidos al mar desde el polígono industrial de Güímar, cuya ilegalidad compromete la continuidad de las empresas que allí se alojan.
Esta colaboración solo fue aceptada por el Ayuntamiento de Arafo el pasado día 15 de mayo y ahora se suma Güímar por acuerdo plenario, indica el Cabildo de Tenerife en un comunicado, después de que Sí Se Puede e Izquierda Unida (IUC) hayan denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente los vertidos ilegales de aguas residuales desde el polígono de Güímar al mar.
El Cabildo detalla que el pasado 6 de abril la junta del CIATF aprobó el texto de un convenio de colaboración para firmar con los tres ayuntamientos, que lo recibieron el 28 de abril, en el que el órgano insular se ofrecía a tramitar en nombre de los tres ayuntamientos la autorización -ya caducada - de los vertidos al mar de este polígono industrial y la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre del emisario submarino sito en ese litoral.
Desde el CIATF recuerdan que Santa Cruz de Tenerife padeció una situación similar, con vertidos no autorizados, que se resolvió gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el que se estableció un plan de etapas, cuya primera parte finalizó recientemente con la inauguración de una estación de microtamizado que mejora sensiblemente la calidad de los vertidos residuales al mar.
Con la firma de este convenio, precisa el Cabildo, el CIATF presta apoyo a los municipios, pero no asume la responsabilidad de los ayuntamientos, los cuales siguen siendo copropietarios de la instalación y responsables de los vertidos al mar. Asimismo, la Corporación insular aclara que existe una normativa muy específica para regular los distintos sistemas de vertido según parámetros de población.
Para verter al mar las aguas tratadas o depuradas a través de un emisario submarino hay que disponer de un permiso de Costas para poder ocupar el dominio público marítimo-terrestre, así como la autorización de la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias que define los parámetros y cantidad que debe tener el agua a verter conforme a lo propuesto por el promotor.
Además, se debe contemplar un programa de vigilancia y control donde se especifica el número de muestras, la frecuencia, el lugar donde tomarlas y los parámetros de calidad deben cumplir.
Todos estos resultados, junto a un vídeo y un informe estructural, se envía una vez al año a la Viceconsejería, lo que es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades municipales para poder mantener la autorización de vertido.
Según el Cabildo, la normativa especifica que las competencias en esta materia residen a los municipios correspondientes, en este caso del polígono industrial del Valle de Güímar: los consistorios de Arafo, Güímar y Candelaria, que tienen la responsabilidad de velar por que los efluentes de las empresas ubicadas en su municipio cumplan con una calidad mínima establecida en la normativa sectorial.
Los vertidos al mar y el control periódico de dichos vertidos corresponden al titular de la autorización de vertidos, que en este caso son los tres ayuntamientos citados, a menos que se llegue a un acuerdo posterior con el CIATF, tal y como se gestionan en otras comarcas.
