El Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife se suma a la petición al Gobierno de España de una auditoría de la gestión de la COVID-19

El Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (COMTF) se ha unido a la petición de 20 científicos al Gobierno Central para que se realice una auditoría externa sobre la gestión de la pandemia de la COVID-19 en España al entender que puede detectar decisiones que puedan ser mejorables.

La institución colegial afirma que esta petición “es con fines constructivos y no para repartir culpas” y considera que puede servir de gran ayuda para los profesionales, puesto que permitirá detectar las decisiones que puedan ser mejorables “y así poder adaptarnos rápidamente ante la futura evolución de la pandemia”.

En un comunicado, el COMTF indica que esta auditoría también puede estudiar las causas de la alta mortalidad de la enfermedad en España, “que no se corresponde al nivel del Sistema Nacional de Salud, equivalente al de los países de nuestro entorno que no padecieron las altas tasas de mortalidad de España”.

El COMTF ha publicado en los últimos meses, y le ha entregado al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, un documento en el que se recogen las sugerencias para mejorar el Servicio Canario de la Salud.

Señala que estas se han elaborado con la participación de todos los colegiados que han querido aportar sus propuestas para enriquecer este documento.

Entre las motivaciones de este estudio figura, según el COMFT, la necesidad de analizar qué papel ha jugado en la toma de decisiones las aportaciones del Consejo Científico Técnico y la capacidad operativa, así como dejar claras las funciones que se le atribuyan a la Salud Pública, el liderazgo profesional, la financiación, los sistemas de información o la formación de sanitarios.

En opinión de este colegio de médicos, muchos de los problemas que padece la sanidad pública “se han visto exacerbados por más de una década de austeridad en nuestro país, por este motivo exigimos una evaluación exhaustiva e independiente del sistema sanitario y los servicios sociales para evitar de cara al futuro la presumible lentitud en la toma de decisiones”.

Considera que la sanidad pública necesita políticos reformistas que faciliten los cambios institucionales y organizativos “, que deberían haberse hecho hace ya mucho tiempo y que nos preparen para futuras amenazas sanitarias, al mismo tiempo que mejoramos la humanización, el buen gobierno y la cultura moral y participativa en todos los ámbitos de decisión”.