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El Consejo Insular de Aguas aprueba medidas de control del recurso alumbrado tras "el episodio de contaminación por la piscifactoría"

Reunión de la Junta General del CIATF celebrada este jueves en el Cabildo de Tenerife

D. M.

Santa Cruz de Tenerife —

La Junta General del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), con representación de los ámbitos público y privado y de los colectivos que intervienen en el proceso integral del agua, acordó en su reunión de este jueves, celebrada en instalaciones del Cabildo insular, poner en marcha una serie de medidas para optimizar la calidad del agua de abasto en la isla de Tenerife.

El Cabildo de Tenerife reconoce a raíz del caso piscifactoría que las aguas de consumo humano no están controladas

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Las actuaciones aprobadas, que son de carácter estructural y administrativo, como se señala en una nota remitida por el mencionado organismo, están motivadas por un informe de Salud Pública, de manera especial el derivado de las irregularidades cometidas en la piscifactoría de Aguamansa por el área de Medio Ambiente del propio Cabildo insular (un caso destapado por Tenerife Ahora), en el que "insta al CIATF a mejorar la información sanitaria de las aguas desde su captación hasta el punto de consumo, ya que el actual Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) solo dispone de información desde el depósito hasta el punto de consumo en Tenerife". 

Dicho informe de Salud Pública se emitió "a raíz del episodio de contaminación" que dio a conocer el 19 de septiembre el periódico Tenerife Ahora, "con el vertido de aguas residuales de la piscifactoría de Aguamansa (con titularidad del Cabildo) al canal de Aguamansa-Santa Cruz. En dicho análisis, se comunica que, dada la complejidad del sistema de aguas de la isla, "hay que adoptar medidas para ampliar la información sanitaria de las aguas en todo su recorrido", desde la captación a la llegada del recurso a los depósitos municipales, algo en la actualidad inexistente en Tenerife.

En relación con estas cuestiones (el caso piscifactoría ya está en los juzgados de La Orotava con tres funcionarios investigados, más el Cabildo), la Junta General del CIATF acordó este jueves desarrollar tres directrices en materia de vigilancia de la calidad de las aguas destinadas al abastecimiento humano: medidas de carácter estructural para mejorar las instalaciones, actuaciones para corregir el flúor en las infraestructuras hidráulicas de la comarca de Acentejo, y acciones de carácter administrativo destinadas a ampliar el seguimiento  de la calidad de las aguas, mediante el registro en el SINAC de las instalaciones del CIATF. También se acordó tomar medidas para integrar de forma paulatina en el SINAC las infraestructuras de captación y transporte de titularidad privada.

En la reunión de la Junta General de este jueves, se adoptó uno de los acuerdos asumidos por la Junta de Gobierno del CIATF celebrada el 26 de octubre pasado: el de presentar en ese foro superior un plan de acción, en coordinación con los ayuntamientos y la autoridad sanitaria, "con el fin de  mejorar la información sanitaria de este complejo sistema hidráulico".

Tenerife, tal y como informa el CIATF, cuenta con 431 galerías y 168 pozos como sistemas de captación de agua que son gestionadas por comunidades de aguas, dentro de las cuales cada partícipe decide el uso que quiera dar al recurso. Por lo tanto, "resulta de una enorme dificultad realizar una trazabilidad íntegra del agua para el abastecimiento urbano desde la captación, transporte, almacenaje y punto de consumo, tal y como establece la normativa sanitaria".

El CIATF es un organismo autónomo regulado por la Ley de Aguas de Canarias y representa a todos los colectivos que intervienen en el proceso del agua: la Cámara de Aguas, las asociaciones agrícolas, las empresas de servicios de abastecimiento público, los sindicatos, las amas de casas y los representantes políticos del Cabildo y de los ayuntamientos tinerfeños.

La Junta General del CIATF está integrada por miembros del Cabildo de Tenerife, representantes de los ayuntamientos, consorcios, empresas públicas, la Cámara Insular de Aguas, las comunidades de aguas y otras entidades de aprovechamiento hídrico, así como organizaciones agrarias, empresariales, sindicatos y asociaciones de consumidores.

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Publicado el
10 de noviembre de 2017 - 10:47 h

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