Femete dice que “si el paro fuera del 31% la gente estaría rompiendo escaparates”

El secretario general de la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, José González, asevera que “no hay voluntad de luchar contra la economía sumergida y la ilegalidad se permite por comodidad política”, al tiempo que se pregunta “¿Qué pasaría si dejamos todos de pagar impuestos?”

Ante esta situación califica de “urgente, importante y vital que administraciones, policía y agentes sociales nos unamos para combatir la peligrosísima ilegalidad, aplicando un plan eficaz que ayude a reducir esa sangría que está lacrando la creación de empleo, la generación de riqueza, a la vez que pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad”.

Para González, “es una barbaridad que en Canarias se contabilice un 31% de personas sin empleo ya que si ese dato fuera real, tendríamos a la gente rompiendo escaparates en las calles”

A su juicio, “resulta evidente que la clandestinidad sirve de colchón para que muchas familias no caigan en una pobreza extrema y los políticos lo ven como un mal necesario”.

Sin embargo, el portavoz de Femete considera que “es un error enorme, ya que está generando una competencia desleal atroz y un síndrome de quemado entre los que sí cumplimos con nuestras obligaciones”.

Por ello, subraya que “esto tiene que acabar de una vez por todas”.

“Nuestros políticos deben de tomarse en serio este gravísimo problema que día a día detectamos y que nuestros empresarios lamentan continuamente, originando un desánimo enorme en su actividad diaria”, apostilla.

En este contexto, arguye que “hay que convencer al cliente, al consumidor, al ciudadano, del daño enorme que supone acudir a un establecimiento clandestino que, en definitiva, termina empobreciendo nuestra comunidad, al mismo tiempo que arriesga el medio ambiente y hasta la seguridad”.

González esgrime que “muy posiblemente, si afloráramos toda la ilegalidad, habría más prosperidad y tranquilidad entre las familias canarias”.

Por último, recalca que “el problema es que no existe voluntad política de arreglarlo. Se ponen parches, pero no medidas fuertes y contundentes donde la gente entienda que no puede realizar una actividad clandestina por las fuertes penas o repercusiones que puede causar”