María Rosa Rubio Ramos: “Es el gran momento de las fundaciones tutelares”

María Rosa Rubio Ramos.

La fiscal delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias, cree que la administración debe dotar de medios la Reforma del Código Civil para que sea un éxito

La Fundación Sonsoles Soriano organiza una jornada para abordar la histórica reforma del Código Civil en materia de discapacidad

La Fundación Sonsoles Soriano organiza una jornada para abordar la histórica reforma del Código Civil en materia de discapacidad

La Fundación Tutelar Sonsoles Soriano organizó el pasado junio una jornada bajo el título ‘Reforma del Código Civil en materia de discapacidad’, que abordó en profundidad el nuevo texto. Tras una ‘vacatio legis’ de tres meses, este 3 de septiembre la norma entraba en vigor. Ahora se prevé un período de tres años para la adaptación y revisión de las sentencias de modificación de la capacidad jurídica ya dictadas.

Una de las ponentes de aquella jornada fue María Rosa Rubio Ramos, fiscal delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias. En su intervención nos dejó entonces algunas reflexiones sobre el nuevo texto, unos mensajes que retomamos ahora para plantearle nuevas cuestiones sobre la reforma y sus consecuencias.

Y es que la nueva ley trae aparejada una desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad y las empodera para la toma de decisiones. Una auténtica revolución.

¿Cómo quedan las fundaciones tutelares ante la reforma de Código Civil en material de discapacidad?

“Ahora es el gran momento de las fundaciones tutelares, que van a tener todo el protagonismo en esta materia. Nos tienen que enseñar a todos los que trabajamos en estos temas, pues llevan años en ello. Deben enseñarnos a respetar la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad.

 

Está claro que vamos hacia una desjudicialización. Si algo se ha dicho sobre esta reforma es que con esa desjudicialización las personas con discapacidad solo tendrán que ir al juzgado para actos muy concretos”. 

 ¿Las fundaciones solo asumirán curatela y curatela representativa o también guarda de hecho con documento-manifestación ante notario?

 “Dentro de las medidas voluntarias que establece la ley, se puede ir al notario a establecer el poder preventivo o fijar una serie de medidas. Puedo decir que quiero que mi guardador sea una fundación. No debería haber problema para que así sea. Pero es una ley que acaba de empezar a caminar y habrá que ver el desarrollo.

No le veo demasiado problema. Lo que usted pregunta entra dentro de la letra de la ley. Tampoco debemos decir ahora nada tajante a la espera del desarrollo de la jurisprudencia”. 

 

¿Y el poderdante puede anular sus manifestaciones?

 “Siempre que tenga capacidad por sí mismo o esté apoyado por un facilitador. Pero si su discapacidad es profunda a consecuencia de un accidente de tráfico, por poner un ejemplo, ya no puede anular nada. El poderdante siempre puede cambiar su poder”.

 En general, ¿cómo cree que será en Canarias la aplicación de esta nueva ley? ¿Falta información y formación al respecto?

 “Vamos dando pasos poco a poco. Es muy importante el papel de las fundaciones para formar e informar a la sociedad y a las familias de la nueva situación. Y que la administración conozca esta reforma tan importante y que cambia tanto el fenómeno de la discapacidad. Necesitamos una campaña de difusión potente.

La ley supone desjudicialización, pero la propia administración debe facilitar esta situación. Solo iremos al juzgado para cuestiones muy concretas. En la mayor parte de los casos solo hará falta la guarda de hecho. Para eso será bueno que la sociedad conozca el espíritu de la ley y ahí la administración debe hacer un esfuerzo a la hora de facilitar ayudas, subvenciones o cualquier otra necesidad. 

Se debe hacer un reconocimiento a la figura del guardador de hecho. Pongamos el caso de una persona con una discapacidad profunda que le impide tomar decisiones de ningún tipo y que llega a la mayoría de edad. Hasta ahora muchas familias pensaban que se necesitaba un procedimiento judicial, declarar la incapacidad, nombrar un tutor o prorrogar la patria potestad. En la Fiscalía llevamos tiempo diciendo que esto no era necesario cuando la persona con discapacidad tenía padres, alguien que se preocupara por él, cuando los propios padres son los guardadores de hecho. Ahora en la mayor parte de los casos no hará falta judicializar la vida de una persona con discapacidad cuando llegue a una mayoría de edad porque sus padres como guardadores de hecho van a poder tomar, si es posible junto con él, decisiones en beneficio de dicha persona con discapacidad. La judicialización se haría en casos de desprotección: no hay familia, o la familia toma decisiones inadecuadas, o los miembros de familia no se ponen de acuerdo. En el resto de casos, no será necesario ir al juzgado.

Me preocupa que no se conozca bien el espíritu de la ley. Las medidas judiciales van a ser necesarias en muy pocos casos. Por eso son importantes las campañas y que la administración facilite la labor del guardador de hecho. Dar información es clave, pues de lo contrario volveremos a judicializar la vida de estas personas.

En la Fiscalía de Las Palmas, cuando venía un padre preocupado por su hijo autista o con síndrome de Down le informábamos. Lo que no puede ser es que siendo el padre de una persona con discapacidad no puedas recoger en Correos una carta a su nombre, no puedas pedir una ayuda o un banco te pida la firma del chico. Ahora es cuando vamos a empezar a ver si cambian estas cosas”.

En su ponencia en la jornada de la Fundación Sonsoles hablaba de hacer autocrítica de puertas hacia dentro en la administración de justicia, de “ponerse las pilas”. ¿Cómo cree que será la adaptación a la ley por ese lado?

 

“Acabamos de arrancar y la Fiscalía está empezando a pedir revisiones para que se adapten a la nueva normativa. En muchos casos va desaparecer la figura judicial porque no hará falta. Pero es muy pronto para entrar en más valoraciones. Es de suponer que los abogados estén ya presentado escritos. Por nuestra parte, debemos espera que desde la Fiscalía se emitan circulares”.

Visto desde fuera da la impresión de que estamos ante una reforma que deja muchas cuestiones abiertas a interpretación, ¿cuánto tiempo se necesitará para adaptarla a las necesidades reales de la población?

“Una reforma muy ambiciosa, pero hay que dotarla de medios suficientes… y que no parezca por favor que nos estamos quejando. Es una ley revolucionara, pero viene desnuda de medidas. Se va a necesitar un equipo multidisciplinar. En la Fiscalía necesitamos trabajadores sociales para que nos orienten. Necesitamos saber cuál es la medida más adecuada en cada caso y para eso necesitaremos los informes adecuados. Debemos tener cuidado, pues sin medios la ley puede fracasar. Y por otra parte nos encontraremos con frenos de las personas que se resistan al cambio”.

¿Cómo pueden ayudar las personas que trabajan con personas con discapacidad a los jueces y fiscales?

“Dejando que se respete el deseo de esa persona e ir al juzgado solo por cuestiones de aceptar una herencia o por la venta de una casa. Por eso las fundaciones son importantes y sobre todo la administración tiene que creerse la ley dotándola de medios.

Soy optimista y digo que desde la Fiscalía se harán todos los esfuerzos para que así sea, lo mismo que me consta que se hará por parte de las fundaciones”.

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