La Policía identifica a un menor de 12 años como autor de una falsa amenaza de bomba en un instituto de Tenerife

La Policía Nacional ha identificado al presunto autor de la amenaza telefónica de bomba recibida en un Instituto de Educación Secundaria (IES) del barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de un menor de 12 años cuya conducta podría ser objeto de sanción económica y sus padres tendrían que hacer frente a la multa.

Los hechos ocurrieron meses atrás, durante la jornada lectiva, en un instituto tinerfeño en el que se recibió una llamada telefónica que amenazaba con la colocación de un artefacto explosivo en el interior del centro. La Policía Nacional, tras tener conocimiento de la amenaza, estableció un dispositivo que movilizó a patrullas, asignadas a otros servicios, para desalojar el instituto y delimitar un perímetro de seguridad. Una vez asegurado el lugar, los TEDAX hicieron una requisa en las instalaciones que, afortunadamente, determinó que la amenaza había sido falsa.

La Policía Nacional, dado el posible carácter delictivo de los hechos, abrió una investigación para identificar al presunto autor de la llamada y de la alteración del orden público subsiguiente a ella. Las diligencias de investigación practicadas permitieron, pese a que la amenaza había sido realizada ocultando el número de teléfono del interlocutor y utilizando medios para distorsionar su voz, identificar al titular de la línea desde la que había sido realizado el aviso de bomba.

Un menor de 12 años, hijo del titular de la línea telefónica, había realizado la llamada amenazadora al instituto, sin conocimiento de sus padres. Pese a que el menor está personalmente exento de responsabilidad penal por su edad, los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad correspondiente y podrían ser sancionados económicamente, en cuyo caso sus representantes legales tendrían que hacer pago de la sanción que le fuera impuesta.

La Policía Nacional recuerda que afirmar falsamente o simular una situación de peligro para la comunidad, como una amenaza de bomba, que requiera la movilización de servicios públicos de seguridad, asistencia o salvamento puede ser constitutivo de un delito de desórdenes públicos que lleva aparejada penas de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 3 a 18 meses.