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Sinpromi nombra nuevo gerente tras el cese de Carmen Rosa García Montenegro

Carmen Rosa García Montenegro (i) y Cristina Valido en imagen de archivo / Cristóbal García/EFE

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife —

El Consejo de Administración de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi) aprobó este miércoles el nombramiento de Adal García como nuevo gerente, al tiempo que acepta el cese voluntario de la consejera delegada, Carmen Rosa García Montenegro.

El cese de García Montenegro se produce a petición propia, una vez cubierta la plaza de gerente, informa el Cabildo en un comunicado.

Tras adoptar este acuerdo, será el Pleno de la Corporación el que apruebe el nuevo nombramiento. Esta reestructuración organizativa, que se inició el pasado mes de octubre con el nombramiento de Coromoto Yanes como consejera de Sinpromi en sustitución de Cristina Valido, se enmarca en el proceso de simplificación y racionalización que el Cabildo de Tenerife desarrolla desde 2014, conforme a las previsiones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Este proceso contempla además la limitación del número de directivos y de retribuciones, entre otras líneas de actuación.

Carmen Rosa García Montenegro ha sido consejera delegada de Sinpromi desde el año 2000. Su gestión se caracterizó por el desarrollo de proyectos y programas dedicados al empleo, la formación, las nuevas tecnologías, el ocio, cultura y deportes y la accesibilidad de las personas con discapacidad, junto al impulso del área comercial y de servicios de Sinpromi.

En la etapa en que García Montenegro fue consejera delegada de esta Sociedad, Sinpromi ha sido merecedora de diversas distinciones por su labor en favor de las personas con discapacidad por parte de entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la ONCE y la Fundación Adecco.

Caso Sinpromi

Bajo su mandato estalló el llamado caso Sinpromi, en el que se investiga una supuesta malversación de caudales públicos por importe de unos 800.000 euros, cometida presuntamente a manos del exdirector financiero, Andrés Pedreira, con destino al Uruguay Fútbol Sala, equipo que presidía.

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