El alcalde de Granadilla ve “sensato” realizar un estudio medioambiental global de la planta de gas
El alcalde de Granadilla, Jaime Gonzlez Cejas, ha dicho que le parece “sensato” que realizar un estudio “medioambiental global” ante los posibles impactos de una futura planta de gas licuado cuya autorización ha sido paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Esa planta regasificadora se prevé construir en el polígono industrial de Granadilla, anexa al puerto industrial, en construcción, y a la actual central térmica, que genera electricidad para gran parte de Tenerife.
Según una sentida del TSJM, la regasificadora no cuenta con un análisis de los riesgos medioambientales que implica desarrollar este proyecto junto a las “actividades potencialmente peligrosas de la zona”.
El alcalde explico que “analizada la situación por nuestros técnicos” dicho dictamen, “deduce que el TSJM considera que un aspecto debe complementarse con un impacto global no solo de la planta de gas sino de la central térmica”, afirmó.
Pese a este asunto, Cejas considera que “no es una buena noticia que esta planta se retrase ocho meses o un año más”.
A su juicio, el gas “es absolutamente compatible con las energías alternativas” y “supondría un ahorro para los ciudadanos en el recibo de la luz”.
El dirigente socialista afirma que tiene “esperanza” de que una vez se subsane “ese requerimiento administrativo o medioambiental” la obra pueda comenzar.
Sobre el puerto de Granadilla, necesario para descargar el gas licuado, ha dicho el alcalde que las obras van a buen ritmo y espera que esté finalizado en 2016.
“Hablamos de empleo y actividad económica en este puerto además de la instalación de una regasificadora compatible con las energías limpias y en el cumplimiento del protocolo de Kioto”, subrayó el alcalde.
Según el TSJM, no consta que la declaración de impacto ambiental contenga un análisis independiente de los efectos y riesgos de esta regasifiadora en una zona donde existe a pocos metros una central térmica.
El dictamen se deriva de un recurso de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla contra las resoluciones del Gobierno central que permitían las construcción de la planta.
Tanto el Gobierno central como Enagás, empresa que quiere instalar la regasificadora tras adquirir Gascan, pueden presentar recurso ante este dictamen.
