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El juzgado fija la vista contra el alcalde de Puerto de la Cruz por supuesta prevaricación después de las elecciones

Lope Afonso, candidato a la presidencia del Cabildo y a la reelección en su actual municipio, se sienta en el banquillo por autorizar mercadillos locales sin llevar a cabo el procedimiento que marca la normativa vigente

Para el también coordinador regional del PP, la Fiscalía Provincial solicita nueve años y tres meses de inhabilitación especial para ocupar un cargo de concejal

Lope Afonso, alcalde del PP en Puerto de la Cruz

Lope Afonso, alcalde del PP en Puerto de la Cruz

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Santa Cruz de Tenerife ha señalado para el 18 de junio el juicio al actual alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso (PP), por un presunto delito de prevaricación, según consta en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso mirametv.com.

El máximo dirigente del municipio tinerfeño se sentará en el banquillo de los acusados por autorizar mercadillos sin respetar la normativa vigente, según el criterio de la Fiscalía Provincial, que solicita para el político conservador nueve años y tres meses de inhabilitación especial para ocupar un cargo de concejal.

La vista oral contra Lope Afonso comenzará a las 9.30 y está previsto que finalice el mismo día de su inicio. La decisión del juzgado permite que el alcalde de Puerto de la Cruz eluda sentarse en el banquillo de los acusados antes de las próximas elecciones locales, en las que hará doblete como candidato al Ayuntamiento tinerfeño y al Cabildo insular. A pesar de su situación procesal, el dirigente conservador siempre ha recibido el apoyo de su partido y de su presidente en la isla, Manuel Domínguez.

La Fiscalía considera que el alcalde de Puerto de la Cruz (también es coordinador general del PP en Canarias en el equipo de Asier Antona), cuando ocupaba el puesto de concejal de Comercio durante el mandato pasado, autorizó la instalación de diversos mercadillos en el municipio sin respetar el procedimiento administrativo que establece la legislación.

El fiscal basa su argumentación en las distintas autorizaciones que concedió en los años 2013 y 2014 el entonces máximo responsable del área de Desarrollo Económico, Comercio y Concesiones Administrativas en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. El hoy alcalde permitió la instalación de varios mercadillos "con ausencia de todo procedimiento" administrativo y pese al "conocimiento de su ilegalidad”.

Los hechos que la acusación pública considera delictivos, que tendrán que ser probados en la vista oral que sentará en el banquillo de los acusados al actual alcalde de Puerto de la Cruz, comienzan con la autorización que Lope Afonso concedió el 7 de febrero de 2013 para la instalación de un mercadillo durante la mañana de los domingos en la calle Villanueva del Prado.

El trámite se simplificó hasta el punto de que solo constan en el expediente el escrito de solicitud y el posterior permiso del entonces concejal de Comercio. Una resolución dictada "sin seguir procedimiento alguno ni respetar las exigencias de concurrencia competitiva (...), todo ello con pleno conocimiento de la vulneración de las normas y del carácter obligatorio de estas", según las conclusiones del fiscal después de la investigación que ha llevado el Juzgado de Instrucción nº 1 de Puerto de la Cruz.

La fórmula empleada por Lope Afonso en la primera autorización, que el Ministerio Público considera prevaricadora, se repitió en los meses sucesivos mediante nuevos permisos, incluso en ocasiones únicamente de forma verbal, lo que permitió que el puesto ambulante pudiera instalarse "días concretos todos los meses hasta julio de 2014".

A principios de 2014, también consta la autorización de otro mercadillo en la plaza Francisco Afonso Carrillo "con idéntica ausencia de procedimiento, falta de concurrencia y conocimiento de su ilegalidad" por parte de Lope Afonso. El permiso "se fue prorrogando, de idéntica manera, ininterrumpidamente, de forma que estuvo en funcionamiento desde enero hasta mayo del mismo año", concluye el escrito de acusación.

Lope Afonso siempre ha defendido que se trata de una cuestión administrativa y que esa forma de autorizar los mercadillos, ilegal y delictiva para la Fiscalía, era la que se realizaba en el Ayuntamiento antes de que llegara a la alcaldía.

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