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Los areneros de Güímar tendrán que pagar 170 millones para evitar la cárcel

La Audiencia Provincial acuerda la prórroga en un año de las penas privativas de libertad para Antonio Plasencia, Pedro Sicilia y Enrique Morales, pero deben cumplir "la obligación de afianzamiento de sus responsabilidades"

El que fuera presidente de la patronal de la construcción de Tenerife (Fepeco), Antonio Plasencia (i) durante la sesión en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

Antonio Plasencia, en la vista oral sobre la extracción ilegal de áridos en Güímar EFE

Los tres areneros (de cinco, uno fallecido y otro en prisión) que se declararon culpables de extraer áridos de forma ilegal en los barrancos de Güímar (los comúnmente llamados hoyos), entre los que destaca Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción Fepeco y también condenado por el caso Las Teresitas, tendrán que hacer frente a una fianza de casi 170 millones de euros para evitar su entrada en la cárcel.

Un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al que ha tenido acceso Mirametv.com, ha acordado este jueves la prórroga durante un año de las penas privativas de libertad a las que fueron condenados Antonio Plasencia, Pedro Sicilia y Enrique Morales. A cambio, los areneros tendrán que cumplir con "la obligación de afianzamiento de sus responsabilidades", tal y como se adoptó en la resolución que ordenó la apertura del juicio oral, esto en diciembre de 2014. 

Con la intención de que los condenados garanticen el dinero necesario para la restauración de las canteras de Güímar (Despiertos TV realizó un documental acerca de este problema, Hoyos de ambición), el auto pide a los areneros que depositen una fianza total que ronda los 170 millones de euros.

El empresario que tendrá que hacer frente a una mayor cuantía es Antonio Plasencia, cuya responsabilidad supera los 66 millones. Enrique Morales deberá abonar cerca de 63 millones, mientras que Pedro Sicilia se enfrenta a un desembolso de 39 millones. 

La resolución judicial no establece plazo, por lo que el abogado de la acusación popular, Carlos Álvarez, considera que los areneros deben asumir su responsabilidad económica "de forma inmediata". 

Hay que recordar que el único de los acusados que no se declaró culpable antes del juicio, Francisco Javier Del Rosario, cumple en la cárcel una pena de tres años de prisión. El resto de acusados fueron condenados a solo un año y tres meses al aceptar una sentencia de conformidad. Todos están obligados a la restauración del equilibrio ecológico perturbado en los barrancos de Güímar.

Más información en www.mirametv.com.

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