La Audiencia ratifica la imputación del alcalde de Granadilla por prevaricación
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la imputación del actual alcalde de Granadilla de Abona, el socialista Jaime González Cejas; el exconcejal de Urbanismo, Nicolás Jorge Hernández, y el resto del grupo de gobierno del mandato 2003-07. Además, la Audiencia también da vía libre a que continúe el procedimiento judicial que puede acabar en la apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación con penas de inhabilitación para cargo público de siete a diez años.
La Audiencia ratifica un auto anterior del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona, a través del cual se acordó la imputación del grupo de gobierno socialista de aquel mandato por una serie de hechos presuntamente delictivos. Son objeto de investigación las licencias solicitadas por la entidad Vimédano SL, dado que el alcalde en aquel momento era propietario de 440 acciones de Médano Beach Sur con un valor de más de 13.000 euros, compradas luego por Vimédano por valor de 220.000 euros. De hecho las investigaciones detectaron incrementos patrimoniales coétanos a los hechos investigados y no justificados o de díficil justificación, por parte del alcalde, de Jorge Fidel Rodríguez Gaspar y José Antonio González Cejas.
La Audiencia ve relaciones entre la aprobación del Plan Parcial Médano Park y Vimédano SL, con el alcalde que era accionista de Médano Beach Sur, beneficiaria de este plan, y su consiguiente aumento del valor patrimonial, ya que los terrenos pasaron de rústicos a urbanizables.
Bajo sospecha está la concesión de una larga serie de licencias. Una de ellas fue otorgada a un constructor sin que se hubieran subsanado incumplimientos advertidos en informes técnicos en materia de habitabilidad y prevención de incendios. Igualmente se detectó falta de correlación entre las superficies sobre plano de las viviendas construidas y las plazas de garajes.
Los imputados habían presentado un recurso contra el auto emitido en febrero que ha sido rechazado por la Audiencia que da la razón al Ministerio Fiscal y a la formación política Sí se puede. En concreto, se ratifica la sospecha de que el grupo de gobierno liderado por González Cejas también pudo cometer prevaricación en otra urbanización de viviendas, que en un principio tenía previstas 40 casas y finalmente se edificaron 53. El posible delito se situaría no tanto en la cantidad de viviendas sino en una serie de cuartos lavaderos no previstos en los planos originales autorizados por el Ayuntamiento.
El juez instructor en su momento y la Audiencia ahora consideran que el exconcejal Nicolás Jorge habría cometido otro posible delito de prevaricación -todos ellos penados entre siete y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público- por la concesión “arbitraria e injusta” de una licencia de televisión. “En la tramitación de este expediente se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido por parte del concejal responsable. El expediente brilla totalmente por su ausencia”, se indicó en el auto emitido a principios de este año.
En el mismo también se refleja que la concesión de esas licencia de TDT a la empresa Handy Men con un presupuesto inicial de 89.817 euros se convirtió al final en una factura de 109.602,15 euros sin que juez ni fiscal ni la Audiencia hayan entendido todavía a qué se debió esa diferencia.
La causa abierta contra el alcalde socialista del sur de Tenerife y su grupo fue archivada en un primer momento en 2011, y tras un recurso ante la Audiencia Provincial, se reactivó en febrero y se mantiene ahora. La Audiencia, no obstante, mantiene el sobreseimiento provisional y archivo de la imputación de Jorge Hernández por la posible comisión de un delito de tráfico de influencias.
Son objeto de análisis de esta causa las licencias solicitadas por la entidad Inversiones Costa Atlántica, en la que participaba el entonces teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fidel Rodríguez Gaspar, además de mantener también relación por medio de familiares de forma directa o indirecta. El mismo se ausentó de la reunión de la Junta de Gobierno, con lo cual el resto de los miembros ahora imputados estaban al tanto de estas vinculaciones En aquel entones se concedieron autorizaciones para construir un edificio de 23 viviendas y garaje con 19 plazas de aparcamiento, otra para ejecutar dos edificios de 12 viviendas y garajes y otro de 18. Hechos que pudieron constituir la comisión de delitos de prevaricación y/o tráfico de influencias y ordenación del territorio y urbanismo. Más aún cuando la concesión de licencias no tuvo en cuenta los informes negativos que se emitían. En este caso se considera que el exconcejal intentó influir sobre los técnicos para que cambiaran sus dictámenes.
También es objeto de investigación la instalación de 130 placas fotovoltaicas por parte del ITER a las que siguieron otras 70, pese a los informes técnicos que se mostraba en contra de esta ampliación. Francisco José Martínez Cejas, no obstante, pidió un crédito para participar en esta iniciativa. La exconcejal de Cultura, Ana María Casimiro Pérez, también ha resultado imputada por las sospechas que existen sobre determinados contratos firmados en su día.
