Barragán insta a la Justicia a que “mande ejecutar” la sentencia para restaurar los barrancos de Güímar
El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha afirmado que el Gobierno no va a poner “ni un duro” para la recuperación medioambiental de los barrancos de Güímar, en Tenerife, cuya restauración correrá a cargo de los empresarios condenados por la extracción de áridos.
Barragán se refirió al fiscal del caso, que ha solicitado que el Parlamento informe sobre la tramitación de la Ley impulsada por el Cabildo de Tenerife. Al respecto, aseguró que la restauración de la zona, tal y como se desprende de la sentencia, no depende de dicha norma. Motivo por el que insta a la Justicia a que “mande a ejecutarla”.
Así mismo, señala que el informe del acuerdo del Consejo del Ejecutivo regional, que dio el visto bueno a que el Parlamento tramitara dicha Ley, “dice todo lo contrario, que si eso iba a afectar la estabilidad presupuestaria del Gobierno de Canarias, no se tramitara”.
Asegura a Canarias Ahora que la Ley no podrá continuar hasta que el Gobierno canario esté seguro de que la zona no cuenta con derechos mineros preexistentes. “Es verdad que esto corresponde ahora a los grupos parlamentarios, pero ya hemos advertido y advertiremos de esto en el supuesto caso de que se intente tramitar”, apostilla.
En este punto, recuerda que la proposición de la Administración tinerfeña se presentó durante la pasada legislatura, lleva tres años en debate “y ahora ha tenido cariz distinto”.
Derechos mineros
Para el secretario general de CC, el acuerdo del Consejo de Gobierno no supone un impulso a esta iniciativa y asegura que los nacionalistas consideran que existen otras vías para resolver la situación, en referencia a la ordenación “que puede tener en sus manos el propio Cabildo”.
Explica que el plan de restauración “lo paga quien lo tiene que pagar”, mientras que la declaración de la Ley supondría cambiar la protección del suelo y, por lo tanto, su uso.
Al respecto, precisa que “si se cambia el uso del suelo y hay derechos mineros preexistentes, y lo declaras como Ley, entonces el que paga es el Gobierno. Ahora, si es un plan de restauración, que además cuenta con una sentencia que dicta que lo tienen que pagar los condenados, pues que lo resuelvan en ese ámbito”.
Cuando el Gobierno canario esté seguro de que no existen derechos mineros persistentes, algo que de momento desconoce, “la ley podrá continuar”, insiste.
