El Cabildo de Tenerife renunció a comprar más baratos los terrenos de Geneto 20 meses antes del primer pago del pelotazo

Los terrenos de la ciudad deportiva del CD Tenerife podían haber sido propiedad del Cabildo por un precio inferior al desembolso realizado mediante el pelotazo de Geneto, que investiga la Fiscalía después de que el interventor general denunciara un incremento del valor de las parcelas de un 524%. La Corporación insular poseía desde 1999 una opción legal que le permitía negociar desde una posición preferente la compra de las fincas, pero en el año 2005, a petición del club, renunció a sus derechos. Veinte meses después, a través del NAP, salían de las arcas públicas los primeros 4,5 millones con destino a la empresa que un grupo de accionistas del equipo blanquiazul había montado para especular con el suelo, la conocida como Promotora.

El Consejo de Gobierno insular, formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), tomó la decisión en base a una propuesta que elevó el entonces consejero delegado de Deportes, Dámaso Arteaga. El escrito, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, está fechado el 29 de julio de 2005, tan solo un día después de que el CD Tenerife solicitara a la Corporación insular su renuncia a los derechos que poseía sobre los terrenos.

Una semana antes, el 22 de julio de 2005, el Consejo de Administración del CD Tenerife, que presidía entonces Víctor Pérez de Ascanio, había tomado la decisión de segregar las fincas donde no se había construido la primera fase de la ciudad deportiva con la intención de vender los terrenos, previa celebración de una subasta pública. El acta de la sesión recogía como motivos para llevar a cabo la enajenación “la grave situación económica que atraviesa la sociedad”, además de la “ineludible obligación de abonar las cantidades pendientes a los jugadores de su primera plantilla a los efectos de evitar el descenso a la Segunda División B”.

El CD Tenerife tenía la obligación de informar de sus intenciones al Cabildo, que mantenía una opción de tanteo preferente sobre la totalidad de los terrenos de Geneto, y así lo hizo, pero con la petición de que diera un paso a un lado para que el club pudiera hacer un negocio mayor. El objetivo, como recoge el acta del Consejo de Administración, era especular con el suelo mediante “la construcción del Parque Empresarial Tenerife del Siglo XXI”. Y la Corporación insular, que presidía en aquella época Ricardo Melchior, se quitó de en medio, aunque solo durante 20 meses.

La propuesta que firmó Dámaso Arteaga argumentó la posición del Cabildo en la necesidad de “salvaguardar los intereses públicos de la Corporación”, que en ese momento ya había invertido, mediante dos convenios, algo más de seis millones en las obras de la primera fase de la ciudad deportiva. La administración decidió conservar sus derechos sobre la parcela que ocupaba el recinto construido, donde seguía vigente la opción de compra preferente, y renunciar al resto con el fin de no engordar más el desembolso de dinero público que había realizado en Geneto. 

La renuncia al derecho de tanteo de las dos parcelas aledañas a la ciudad deportiva, que en 2006 adquirió la Promotora del CD Tenerife por 16 millones tras quedar desierta la subasta, hubiera tenido sentido de no ser porque, 20 meses después del escrito de Dámaso Arteaga, el Cabildo comenzó a destinar dinero público a la adquisición de las fincas que no había querido comprar en 2005 en una posición más ventajosa.

Tres tasaciones

El convenio de 1999, donde se recoge el derecho de tanteo del Cabildo, establecía la fórmula para calcular el precio de los terrenos. Según el documento, en caso de que el CD Tenerife decidiera vender el suelo de Geneto, además de informar de ello tanto a la Corporación insular como a su principal acreedor, CajaCanarias, se fijaría el valor de las parcelas en base a tres tasaciones elaboradas por tres técnicos distintos: un arquitecto designado por la administración, otro por el Colegio Oficial de Arquitectos y un tercero nombrado por el club.

Una metodología que dista mucho de la seguida en el pelotazo de Geneto, donde únicamente se tuvo en cuenta el criterio de un aparejador de la empresa Tinsa, la tasadora de cabecera de CajaCanarias, que infló el valor de los terrenos un 524%, según el criterio del interventor general que ha denunciado los hechos en la Fiscalía. No hubo tasación del Cabildo ni de un técnico del Colegio Oficial, lo que hubiera reducido el coste de la operación si se tiene en cuenta que, según datos catastrales de 2017, las fincas tenían un valor real de tres millones, frente a los casi 19 millones que pagó por ellas en 2012 una empresa externa de la Corporación insular, Parque Científico y Tecnológico (PCTT).

La retirada del Cabildo de la escena permitió a un grupo de destacados accionistas del CD Tenerife crear una empresa paralela al club, la Promotora, para comprarse a sí mismos los terrenos de Geneto que no ocupaba la ciudad deportiva y especular con ellos. Era un momento de transición en el equipo blanquiazul, ahogado por las deudas financieras con CajaCanarias, que fue aprovechado por los empresarios que impulsaron la iniciativa urbanística para tomar, a su vez, las riendas de la entidad.

Una semana después de constituirse la Promotora, Miguel Concepción accedía a la presidencia del CD Tenerife. En su ascenso fue clave el apoyo de los accionistas que se habían lanzado a la aventura de Geneto, entre los que destacan empresarios como Amid Achi, Juan Fuentes Tabares, Pedro Suárez o Manuel Dharandas. Con la parcela segregada en dos, la nueva sociedad comenzó a buscar compradores. No tardó en cruzarse en su camino el Cabildo, que decidió cambiar de opinión e interesarse por una de las fincas poco antes de que llegase a su fin el mandato 2003-2007, el segundo con Ricardo Melchior al volante.

En marzo de 2007, sin que sobre la mesa existiera la tasación de un técnico designado por el Cabildo, la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias, recién constituida, compró 17.000 metros cuadrados del suelo sin construir de la ciudad deportiva por nueve millones. La Corporación insular, que participaba en la sociedad con la mitad de las acciones, puso su parte del dinero: 4,5 millones que fueron directos a las arcas de la Promotora del CD Tenerife a cambio de unos terrenos a los que se había renunciado 20 meses antes.

La compra se realizó sin motivar la causa y a sabiendas de que el centro de datos del NAP, cuya instalación justificaba la operación, se ubicaría en el municipio de Granadilla. Con la inversión comenzaban a salirle las cuentas a los accionistas del CD Tenerife que en febrero de 2006 habían constituido la Promotora, que aún conservaba otra parcela de 13.000 metros cuadrados con la que pretendían lograr dividendos mediante la construcción de un parque empresarial. Pero la situación no salió según lo esperado.

Los años pasaron y la parcela que aún no había sido vendida no encontraba salida en el mercado. La Promotora volvía a estar atrapada en un callejón y solo había recuperado nueve de los 16 millones que había invertido en 2006 en el suelo de Geneto (que en 1997 le había costado diez veces menos al CD Tenerife). En 2009, el Cabildo adoptó en un pleno, tras una moción presentada por el PSOE, la decisión de adquirir la finca para construir un parque tecnológico. La Corporación insular volvía a colocarse en la senda de comprar un suelo al que había renunciado cuatro años antes. 

El proyecto de instalar un parque de empresas tecnológicas en Geneto, al igual que el centro de datos del NAP, también cayó en saco roto por las condiciones urbanísticas de la parcela, por lo que se eligió una ubicación más acorde en la zona de Cuevas Blancas. En la prensa, el entonces consejero delegado de la empresa PCTT, Antonio Núñez, explicaba que en los alrededores de la ciudad deportiva “apenas se podrían construir dos edificios”. 

A pesar de haber descartado la construcción del parque tecnológico, el Cabildo decidió comprar en 2012 por 13 millones la parcela que, según el criterio del consejero delegado de PCTT, a duras penas podía albergar dos edificios. La misma operación incluía la adquisición al NAP de la finca contigua, la que en 2007 costó nueve millones, por otros 5,9 millones. En total, la Corporación insular destinó más de 23 millones de fondos públicos para incorporar a su patrimonio un suelo que renunció a comprar más barato en 2005.  

El negocio se cerró directamente con el CD Tenerife, que meses antes había absorbido a la Promotora. La operación fue redonda para el club y sus principales accionistas, que primero lograron que el Cabildo financiase la construcción de la ciudad deportiva, después consiguieron que renunciara a su opción de compra preferente y, por último, lograron salvar el fracaso del parque empresarial que habían prometido con la venta a la Corporación insular, por un precio un 524% superior a su valor real, de unos terrenos que había rechazado en 2005.