Las exconcejalas de La Laguna por Coalición Canaria Blanca Pérez y Flora Marrero, investigadas por presuntas contrataciones irregulares

Las exconcejalas de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna Flora Marrero y Blanca Delia Pérez figuran como investigadas en una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Tenerife ante el Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna. Dicha denuncia guarda relación con unas supuestas cesiones ilegales y fraudes de ley durante sus mandatos al frente de las áreas de Seguridad Ciudadana y Bienestar Social. Pese a que no se expresa la calificación jurídica, el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Tenerife, que puso los hechos en conocimiento a la Fiscalía, señaló a este periódico que “entienden que se trata de un presunto caso de prevaricación”. “Dimos a conocer estas irregularidades porque la administración debe evitar que se contrate al personal de esta manera y que los trabajadores entren al Ayuntamiento por la puerta de atrás”, subrayan desde el sindicato.

La apertura de dichas diligencias llega como consecuencia de sendas denuncias interpuestas por la vía de lo social por dos trabajadoras. En ellas, pedían el reconocimiento de sus derechos y denunciaban la cesión ilegal y el fraude de ley en sus contrataciones.

En uno de los casos, la trabajadora denunciaba al consistorio y a la empresa Muvisa - Sociedad municipal de viviendas y servicios de La Laguna S.A.U., por un cesión ilegal, al contratar sus servicios a través de dicha empresa durante años. Esta denuncia ya ha quedado resuelta a favor de la empleada, que ha recibido una indemnización y el reconocimiento como personal laboral del Ayuntamiento lagunero.

En el segundo caso, que aún no se ha resuelto, la trabajadora demanda al Ayuntamiento y a EULEN, Servicios sociosanitarios S.A para que se le reconozca como indefinida, tras más una década ejerciendo funciones para la corporación, así como la cesión ilegal y el fraude de ley en su contratación. En la demanda, a la que ha tenido acceso este medio, se narra que la relación laboral con el consistorio lagunero comenzó a través de un convenio para la dinamización del Centro Municipal, de la calle Henry Dunant, actual Centro de Día Municipal para Mayores Acaymo.

En 2007, y bajo el mando de Javier Álvarez en el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, se le propuso darse de alta como autónoma para continuar desempañando las mismas funciones, evidenciando un presunto caso de fraude de ley. Esta relación laboral se mantuvo hasta principios de 2008, cuando la nueva concejala del área, Blanca Delia Pérez, para mantener el programa desarrollado por la trabajadora, decide contratar la continuidad de sus servicios a través de EULEN S.A., relación que se mantuvo hasta 2019. En estos 11 años, argumenta en la denuncia, “EULEN solo pagaba su salario y la programación y las directrices para el desarrollo de su actividad, las recibía directamente de concejales y funcionarios de rango superior”. Apunta también que, con el cambio de sede de los servicios sociales, le ofrecieron un despacho en el propio edificio y que siempre se le facilitó todo el material necesario para desempeñar su labor.

Como no es la primera vez que ocurre una situación similar en el Ayuntamiento de La Laguna, el CSIF ha puesto en conocimiento a la Fiscalía Provincial tinerfeña. “No vamos contra los trabajadores, que son las víctimas de este problema, lo que pretendemos es que la administración evite que estos casos se den. Hay que pensar en toda esa gente que estudia y se gasta mucho dinero para presentarse a unas oposiciones”, enfatizan desde el sindicato.

El juicio oral, con retrasos por la pandemia, sigue pendiente de llevarse a cabo.