La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide nueve años de inhabilitación para el exgerente de los casinos públicos
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido nueve años de inhabilitación para Hermenegildo Hernández, exgerente de Casinos de Tenerife (empresa dependiente del Cabildo insular), por un supuesto delito de prevaricación, causa en la que la acusación particular, que representaba Podemos, se ha retirado.
En concreto, se le acusa de haber hecho contrataciones menores que superaron en 3.000 euros el límite de 18.000 euros fijados para este tipo de operaciones en la adquisición de los uniformes que se utilizan en los casinos, que son propiedad del Cabildo de Tenerife.
La Fiscalía cuestiona la ausencia de procedimiento de contratación para algunos de los proveedores y el incumplimiento en el plazo de pago a los mismos.
El periódico El Día ha publicado este viernes que el juez ha archivado otra denuncia contra el exgerente de Casinos de Tenerife al descartar malversación en el despido de ocho trabajadores en una sentencia en la el tribunal considera que con su actuación se permitió ahorrar dinero al Cabildo de Tenerife.
Esta denuncia fue interpuesta por el anterior gobierno del PSOE y según aseguran al periódico fuentes del entorno del exgerente, no descarta querellarse contra las dos personas que impulsaron esta denuncia.
Bajas incentivadas
La documentación y los anexos elevados a la Fiscalía por el Cabildo de Tenerife en la pasada legislatura se refieren a las bajas incentivadas que, según el estudio realizado, “podrían calificarse como despidos disciplinarios falsos y administración desleal”, que conllevaron el pago de 1.579.945 euros en concepto de indemnizaciones. Además, el Cabildo adujo que algunos trabajadores llegaron a cobrar “una indemnización superior a su salario anual, excediendo, por tanto, la indemnización por despido objetivo” a través del procedimiento de conciliación y sin que existiera una resolución judicial que obligara a ello.
Sin embargo, el gerente, que compareció ante el juzgado en calidad de investigado, defendió que se optó por extinguir los contratos de los trabajadores que tenían “peor rendimiento”, aún a sabiendas de que era “difícil” de que fueran a prosperar los despidos.
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