Imputadas 11 personas por fraude de más de 600.000 euros a la Seguridad Social en Tenerife

La Policía Nacional ha informado este martes de que 11 personas han sido imputadas por su presunta implicación en un fraude contra la Seguridad Social por importe de 607.941 euros en sectores como hostelería, construcción, limpieza y promoción inmobiliaria en Tenerife.

Las investigaciones comenzaron el pasado febrero, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social remitió diversos escritos de denuncia en los que se detallaban las supuestas irregularidades llevadas a cabo por los administradores de varias empresas.

El objetivo de los administradores de las empresas, ubicadas todas en la isla occidental, era eludir sus obligaciones de pago, de forma que no abonaban sus seguros sociales (cuota empresarial), ni los seguros de sus trabajadores (cuota obrera), por lo que el margen de beneficios era elevado, como se indica en un comunicado policial.

Tras el análisis de las denuncias, se comprobó que el patrimonio de las empresas investigadas, así como el de sus administradores, crecía de forma irregular ya que la aparición de la figura de la sucesión empresarial y la creación de empresas pantalla, que ocultaban tanto los beneficios obtenidos como los bienes, favorecían el fraude que se cometía contra la Seguridad Social.

Los agentes policiales han determinado la presunta participación delictiva de 11 personas, principalmente los administradores, sus testaferros, trabajadores que figuraban en connivencia y familiares de los primeros, a los que han sido imputados los delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución y falsedad documental.

La Policía Nacional explica que una de las mercantiles investigadas, que desarrollaba su actividad en una discoteca situada en Adeje, tenía en 2018 elevadas deudas, careciendo de bienes y “sin tener voluntad cumplidora” de sus obligaciones con la Seguridad Social al no ingresar ninguna cuota a lo largo de su existencia.

Tampoco había realizado trámite alguno para saldar la deuda mediante ingresos voluntarios periódicos o por ofrecimiento de bienes embargables, produciéndose la declaración de insolvencia por jurisdicción social, se añade en el comunicado.

Sin embargo, un mes después de esa declaración se produjo la venta de sus acciones por un precio de 200.000 euros a favor de una tercera empresa.

La empresa que adquirió la mercantil deudora tenía una actividad declarada de promoción inmobiliaria, pero su único movimiento era la adquisición de esas acciones por valor de 200.000 euros, sin poseer bienes inmuebles. Como administrador de esta empresa figuraba un varón de nacionalidad italiana, socio con 100 acciones, y el resto de las acciones, 59.900, eran titularidad de otro individuo italiano.

En 2019 cesó el administrador y fue nombrado en esa responsabilidad otro hombre de nacionalidad croata, pasando igualmente este último a poseer tan solo 100 acciones de la empresa en la que constaba como administrador.

Se determinó posteriormente que el socio accionista mayoritario era el verdadero titular de la empresa y, además, era plenamente partícipe en la comisión de los hechos delictivos, el cual utilizaba a los dos administradores como testaferros, afirma la Policía Nacional.