Mauricio Hayek afirma que “cobró todo el propietario que tenía derecho a cobrar”

Mauricio Hayek Hayek, el asesor legal de la Junta de Compensación que en 1998 vendió el frente de la playa de Las Teresitas y sus terrenos traseros del Valle Las Huertas y Montaña Morera a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, afirmó este lunes que “cobró todo el (propietario) que tenía derecho a cobrar”, y que quienes se habían quedado fuera del reparto de los beneficios de la venta, era porque tenían deudas con la Junta.

Este es un brevísimo resumen de lo que se ha podido dirimir en la primera sesión del juicio penal por el posible expolio del que habrían sido víctimas más de un centenar de vecinos, propietarios originales de parcelas agrícolas en Valle Las Huertas, y extranjeros afincados en Montaña Morera, además de los integrantes de Playa Las Teresitas S.A, a quienes se dejó de pagar unos 900 millones de pesetas, de los 5.500 millones que la Junta de Compensación percibió con la venta de todos los terrenos.

Según las acusaciones, algunos de los denunciantes recibieron menos dinero del que les correspondería; otros, no recibieron nada, y hay un grupo, el de Montaña Morera, que sencillamente vieron cómo sus casas ya no estaban a su nombre en el Registro de la Propiedad, sino que habían pasado a nombre de Inversiones Las Teresitas.

Hayek es el principal acusado en esta pieza separada del caso Las Teresitas, que es la causa principal y que este lunes proseguía con las pruebas periciales en su décimo octava sesión. La Fiscalía solicita para este abogado 8 años de cárcel y que devuelva dos millones de euros a los vecinos que acabaron en sus cuentas bancarias. Cuando en 2008 fue detenido, tras un registro en su despacho, el juzgado de Instrucción 5 de Santa Cruz de Tenerife ordenó el embargo de sus cuentas, en las que había más de seis millones de euros, aunque su “enriquecimiento ilícito”, dice la Fiscalía, es del orden de los 7,5 millones de euros.

Pero Hayek negó este lunes que él tuviera que ver con el reparto o no reparto que la Junta hizo a los propietarios originales de los terrenos, sino que eso fue responsabilidad de los integrantes de la Junta de Delegados de esa Junta de Compensación, cuyos tres principales dirigentes se sientan con él en el banquillo. Son Jerónimo Delgado, expresidente de la Junta de Compensación y Clemente Martín, extesorero, para quienes se piden cinco años y medio de cárcel, además de la devolución a los vecinos de 126.212,46 euros cada unos, además de Álvaro Fernaúd , exsecretario, para quien se solicitan cuatro años y medio de cárcel. Se les acusa de apropiación indebida y falsificación por particular de documento público, oficial o mercantil.

Una discusión continua

Una discusión continuaEl interrogatorio a Mauricio Hayek, tanto por parte del fiscal Serrano-Jover como por parte de las acusaciones particulares que representan a decenas de los vecinos afectados, se pareció a una discusión en la barra de un bar.

El exasesor legal de la Junta de Compensación, que a su vez tenía 663 participaciones de Playa de Las Teresitas y, al tiempo fue asesor legal de una mercantil, Mar Terre, que en 1990 compró terrenos al Grupo Santaella, del que también formaba parte, sin que la familia de los González Pérez, que eran dueños del 70 por ciento de Mar Terre (el 30% restante era de Hayek) supieran que el abogad también era integrante de la Junta de Compensación.

Su declaración, lejos de aclarar de dónde proviene el dinero que ha amasado, lo ha complicado más. Aseguró que la Junta de Delegados estableció que sus honorarios serían de un 6% de la venta de los terrenos (“tardé 12 años en empezar a cobrar”, arremetió), pero que esa cantidad estaba al margen de sus participaciones en esos terrenos y de sus honorarios por procedimientos “complicadísimos y de mucho esfuerzo”, de tal forma que mezcló coeficientes con porcentajes.

Ese 6% de ganancia fue establecido por la Junta sin que lo aprobase la asamblea general de la Junta “porque la Asamblea le había dado plenos poderes a la Junta para ello”. Parte de sus aseveraciones figuran en documentos que dijo que “han desaparecido, lo que es muy sospechoso”, y negó que 529.000 euros cobrados a la Junta debieran estar ya incluidos en ese 6% “porque fueron procedimientos posteriores (a la venta a ILT)”, lo que el fiscal le señaló que se contradice con el hecho de que una vez vendidos los terrenos en 1998, era ILT quien se subrogase tanto obligaciones como derechos“.

En cuanto a la reventa de las 11 parcelas adquiridas por Mar Terre, de las que cobró casi 167 millones de pesetas primero, y luego otros 380 millones de pesetas, aseguró que lo primero se correspondía con sus honorarios y lo segundo, con su 30% de participación económica.

José Ignacio González Pérez, que intervino como testigo en nombre de Mar Terre declaró ante la Policía que le extrañaba que Hayek les propusiera como negocio comprar terrenos de la Junta siendo parte de la misma, pero este lunes dijo no recordar nada y que se quedaron satisfechos con la liquidación que les hizo el abogado, porque “no hicimos cálculos”.

A preguntas de uno de los abogados de la acusación particular, Pedro Fernández Arcila (representa a los “extranjeros” de Montaña Morera), Mauricio Hayek sostuvo que el pago a los propietarios se hizo de acuerdo “con unos cuadros que elaboró la Junta de Compensación”, pero que no coincidían con los coeficientes del proyecto de reparcelación de los terrenos de 1989 (que él mismo hizo) porque “habia que dejar fuera a quienes no tenían derecho a cobrar”.

De los extranjeros de Montaña Morera, que no han visto un euro, dijo que “ellos tenían propiedad segregadas en el Registro de la Propiedad que no tienen importancia. Los extranjeros no cobran porque no quieren entregar las parcelas”, pese a que vieron como las palas de Desurcic, empresa híbrida entre Inversiones Las Teresitas y la aseguradora Mapfre, entraban en sus terrenos para urbanizar.

Y en cuanto a los 853.000 euros que le entregó la Junta de Compensación para pagar a Sol Meliá por una parcela y que acabaron en un fondo de inversión a favor de Hayek, dijo que se trataba de una provisión de fondos que incluía sus honorarios.

No hay lugar para la nulidad de actuaciones

No hay lugar para la nulidad de actuacionesLa primera sesión del juicio, que en principio y con optimismo incluía el interrogatorio a los cuatro acusados y a cinco testigos, pero se ha quedado en la mitad del interrogatorio al exasesor legal, arrancó con la petición de nulidad de las actuaciones por parte del abogado de aquel, Revilla Melián, ya que a su juicio, la instrucción se inició en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuando era competente un juzgado de Instrucción, lo que supuso, a su juicio, una especie de estratagema contraria a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quebrar la prescripción de los delitos.

Además, negó la condición de acusación particular a los dos abogados que la ejercen, sino que deberían ser acción popular y aseguró que la cadena de custodia se había roto, al no estar foliada la documentación requisada en el despacho de Hayek en junio de 2008 ni bajo custodia de un secretario judicial, sino que estuvo dos años bajo la custodia de la Policía Nacional. De ahí que Mauricio Hayek aludiese constantemente a la pérdida de documentos que respaldarían sus cuantiosos cobros.

Pero el tribunal que preside el magistrado Mulero consideró que no había lugar a la nulidad de las actuaciones ya que la pieza separada surge de la investigación en el TSJC del caso Las Teresitas por estar entonces aforado el principal acusado de esa pieza principal, Miguel Zerolo. Y en cuanto a la custodia, consideró que nuca se había y que los vecinos afectados son parte perjudicada, por lo que cabe su personación como acusación particular.

Este martes proseguirá el juicio por el posible expolio en Las Huertas con el interrogatorio al exasesor legal por parte de los cuatro abogados de la defensa. Y es de esperar que de tiempo a interrogar al resto de los acusados, pero con los constantes rebates de Hayek es difícil que así sea.