Prisión, multa y trabajos sociales para los ladrones de una guagua en Tenerife que se dieron a la fuga embistiendo dos coches de la Policía

Estado en que quedó la guagua de TITSA robada en Chío

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife —

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona ha condenado en firme a 20 meses de prisión, multa y trabajos a favor de la comunidad a dos hombres, de 45 y 47 años, que en la madrugada del pasado 9 de junio robaron una guagua de de Titsa en Guía de Isora y la condujeron dando bandazos por la carretera hasta Santiago del Teide, destrozando en el camino a dos vehículos policiales que intentaron pararlos.

La aventura terminó cuando la policía logró parar a la guagua disparando a las ruedas.

La sentencia, dictada por el juez Manuel Cerrada Moreno tras un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal y las defensas de los acusados en juicio rápido --y por lo tanto firme a todos los efectos--, impone a ambos acusados las siguientes condenas: 40 días de trabajos a favor de la comunidad por el hurto de uso de la guagua; 480 euros de multa por un delito de daños; cuatro meses de prisión por conducción temeraria y 16 meses de prisión por atentado “haciendo uso de instrumento peligroso”.

INDEMNIZACIÓN

Además de estas penas, el fallo les condena a indemnizar al Ayuntamiento de Santiago del Teide en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los desperfectos ocasionados al turismo de su propiedad y a la empresa titular de la guagua, Titsa, por los desperfectos ocasionados.

Asimismo, detalla que ambos imputados tienen antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.

La sentencia declara probado, por así haberlo aceptado como cierto los acusados, que sobre las 2.10 horas del pasado 9 de junio los dos hombres, “actuando en todo momento de común acuerdo y con la finalidad de darle uso meramente temporal”, se introdujeron, sin que conste empleo de fuerza alguna, en una guagua de Titsa que estaba estacionada debidamente.

Dado que el vehículo tenía la puerta abierta y las llaves en el contacto, detalla, la pusieron en marcha “y sin tener pericia alguna en la conducción de este tipo de turismo, sabedores del riesgo que aquello suponía para las personas y la circulación del tráfico”, se dirigieron a la carretera TF 82 dirección 454 (punto kilométrico 18,7) del barrio de Chío, en dirección a Guía de Isora.

“Alertados los agentes de la Policía Local de Santiago del Teide y Guía de Isora de que el autobús se encontraba circulando (...) de forma temeraria, dando bandazos, cambiando aleatoriamente de carril y poniendo en peligro la vida de las personas”, relata la autoridad judicial, varios agentes debidamente uniformados y en coches policiales salieron al encuentro de los delincuentes, intentando darles el alto.

Los acusados no sólo hicieron “caso omiso” de las órdenes de los policías que les salieron al paso, sino que en un momento determinado dieron “marcha atrás” y con “la firme intención de menoscabar el patrimonio ajeno y de atentar contra la integridad de los agentes”, impactaron contra un vehículo oficial.

BLOQUEO DEL CASCO URBANO

Tras este incidente, los policías de Santiago del Teide y de Guía de Isora bloquearon el acceso al casco urbano del primer municipio.

Los acusados, “lejos de deponer su actitud”, continuaron su marcha hacia la TF-454, punto kilométrico 5,5 a la altura de Caldera.

Allí, “impactaron de nuevo contra un vehículo policial propiedad del Ayuntamiento de Santiago del teide, apartándolo del camino”.

Expone el fallo que tras esta segunda colisión, el conductor ilegítimo de la guagua perdió su control, lo que aprovecharon los agentes para detener el vehículo “mediante disparos” y proceder a la detención de los acusados.

Los dos hombres causaron desperfectos a los vehículos policiales tasados en 8.878 euros.

En base a los antecedentes penales de cada uno de los acusados y sus circunstancias personales, y atendiendo a las individualizaciones de las condenas interesadas por el fiscal, la sentencia ordena el inmediato ingreso en prisión de un de los acusados y acuerda suspender la ejecución del otro, a condición de que abone la responsabilidad civil a la que ha sido condenado, que no vuelva a delinquir en el plazo de tres años y que realice seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad.

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