El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifica la pena de 23 años de cárcel a un hombre que asesinó a su expareja en Tenerife
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que condena a un hombre a una pena de 23 años de cárcel por matar a cuchilladas a su expareja, delante de su abuela, en la vivienda en la que convivían en Granadilla, en el sur de la isla.
La sentencia, hecha pública este viernes y que desestima el recurso de apelación, incide en la “alevosía” del ataque, pues le asestó a su expareja cuchilladas en lugares vitales con el ánimo de matarla y sin posibilidad de que pudiera defenderse.
La Sala destaca el “súbito e inopinado” ataque del homicida dado que la víctima, encontrándose en la seguridad de su domicilio y a altas horas de la madrugada, no espera “ser atacada de ese modo por quien, hasta apenas algo más de un mes antes, había sido su pareja sentimental y con el que continuaba residiendo”.
Ha señalado también que la confesión y “aparente actitud colaborada con la Justicia” del condenado “no ha sido especialmente relevante en función de la nula trascendencia de los datos que ha aportado para el esclarecimiento de los hechos”, aparte de que ha ido matizando y “claramente acomodando” su declaración.
En esa línea indica que “el acusado con su actuación no facilitó especialmente la investigación y resolución del delito como razona la sentencia recurrida, ni el reconocimiento fue totalmente veraz ni completo, con lo que en definitiva, la colaboración del acusado no fue relevante para la justicia, realizando un acto contrario a su acción delictiva o contribuyendo a la reparación o restauración del orden jurídico vulnerado”.
Asimismo la Sala detalla que “no quedó probado que el diagnóstico de trastorno de personalidad paranoide y la comorbilidad de celotipia” que padece el acusado “le haya provocado una merma en su capacidad cognitiva y volitiva”.
Además, en la exploración psicopatológica destaca la “ausencia de empatía y de arrepentimiento” por acabar con la vida de su expareja.
El condenado también debe afrontar una pena de 10 diez años de libertad vigilada y el abono de una indemnización de 150.000 euros a la madre de la víctima.
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