El TSJC anula la ordenanza de movilidad aprobada el pasado mandato por CC y PP en Santa Cruz de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nula la ordenanza de circulación y movilidad aprobada en Santa Cruz de Tenerife al final del anterior mandato, con Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) en el gobierno municipal, por haber obviado el preceptivo trámite de pedir un dictamen a la comisión informativa. El alto tribunal da así la razón a la Asociación El Perenquén, que llevó el caso a los tribunales, y concluye que la corporación local incurrió en un “vicio de nulidad absoluta” al aprobar la normativa, por lo que, además, le condena en costas.

El colectivo vecinal ha expresado su satisfacción por una resolución judicial fruto de “la lucha ciudadana por recuperar el espacio público” en el centro histórico de la capital tinerfeña.

La ordenanza aprobada al final del mandato pasado fue duramente criticada por esta asociación, por considerarla perjudicial para los habitantes del centro de la ciudad. Entró en vigor a finales de junio de 2019, ya con el gobierno PSOE-Ciudadanos, que “tampoco atendió a las peticiones de El Perenquén para frenar su aplicación y rehacer el documento”. Y ahora, de nuevo con un gobierno CC-PP, la asociación espera que este equipo reconsidere el texto para evitar el “atropello” de las medidas que contenía la normativa y las “irregularidades” del procedimiento.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo detecta la ausencia de dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, una omisión sobre la que no se pronunció el Ayuntamiento en su defensa jurídica pese a que para el TSJC resulta evidente que tal informe no consta en el expediente administrativo.

La sentencia concluye que “la norma, por lo tanto, se encuentra incursa en vicio de nulidad absoluta”, por infringir los artículos 82,123 y 126 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (ROF), en relación con los artículos 20.1.c) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y el 41 de la ley de municipios de Canarias.

El TSJC estima de manera íntegra la pretensión de la asociación demandante “sin que sea preciso entrar en el análisis de las demás alegaciones contenidas” en la demanda, como especifica la sentencia.

Para El Perenquén, ahora “se abre ahora una oportunidad de que intentar cambiar los artículos más perniciosos”.

En concreto, estos vecinos vienen denunciando desde que se comenzó a tramitar la ordenanza la falta de un estudio de movilidad que además contenga un plan de evacuación del centro de la ciudad, a partir del cual se establezcan las medidas necesarias en la ordenanza, “y no al revés, como se ha hecho”. Reclaman que se cumpla la Ley de Accesibilidad.

También solicitan los aparcamientos (al menos tres áreas para este fin) a los que tienen derecho los residentes en el centro histórico y revisar el sistema de acceso a vecinos de esta zona y proveedores, gestionado por una empresa privada, lo cual les ocasiona “graves problemas”.

La asociación vecinal deja claro que exigirá la ejecución de la sentencia para dejar sin efecto la ordenanza, al tiempo que exigirá una revisión del contenido y el procedimiento no solo para ajustarlo a la legalidad, sino para evitar que se siga privatizando y ocupando el espacio público en detrimento de los residentes en el centro histórico.