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El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora

Una denuncia a la mallorquina

Oasis de Maspalomas. (EFE/Elvira Urquijo Á)

Negados completamente al diálogo e indignados por el expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) sobre el entorno del Oasis de Maspalomas, los mandarines de la cadena hotelera mallorquina RIU han lanzado ya su bomba cuando se aproxima el desenlace del culebrón. La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, interpuesta por un estrafalario empresario contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, al que se acusa de connivencia con el grupo Lopesan para hacer un negocio, tiene más el aspecto de una querella a la catalana que de una acción para esclarecer una operación que nadie se cree. Todo empezó en noviembre de 2012, cuando el supuesto empresario Cristóbal Rodríguez Marichal ve una oportunidad en el plan de modernización de las zonas turísticas para hacer una operación en el deteriorado centro comercial Oasis, del que afirma tener y/o representar al 50% de los propietarios. A tal fin, contacta con ejecutivos del grupo Lopesan para proponer un acuerdo: constituir una sociedad a partes iguales entre los comerciantes y la empresa hotelera para echar abajo el complejo y levantar uno nuevo. Lopesan debía correr con los gastos, según su propuesta, y pagar a cada propietario 12.000 euros por metro cuadrado. Tras varias reuniones y las valoraciones oportunas, el grupo hotelero oferta 6.000 euros, lo que no satisface a Rodríguez Marichal, que da por rotas las negociaciones en marzo de 2013. Hasta aquí, las versiones de ambas partes coinciden plenamente; las divergencias empiezan a partir de este momento.

El de los locales sin locales

Rodríguez Marichal es, según las diversas fuentes consultadas, un empresario sin empresa, un representante de los propietarios de locales comerciales del Oasis sin locales comerciales. Arguyendo que representaba los intereses familiares, su propia familia lo ha desautorizado como tal en alguna que otra ocasión. Lopesan creyó su versión y negoció con él hasta el mismo día de la ruptura por una falta de acuerdo en la cantidad exigida. Un mes después se abre el expediente para declarar BIC la zona y el supuesto empresario ve debilitadas sus posiciones frente al gigante de Meloneras, lo que le conduce directamente a buscar la manera de reventar cualquier operación que no pasara por su intermediación. No era difícil encontrar compañeros de viaje que quisieran oponerse al BIC promovido por Lopesan, y la cadena RIU, damnificada directa por la decisión del Cabildo, era el más poderoso de todos ellos, aunque no el único. Pronto se corre por la zona turística la piña que Marichal había hecho con el empresario Miguel Cazorla, y en alguna ocasión llegan a presumir de su alianza con los mallorquines para tumbar a la empresa de Eustasio López. Pero hacía falta calzar por un objetivo mayor, por el político que estaba liderando el proceso de protección del Oasis de Maspalomas para impedir el adefesio que RIU pretende plantar, a modo de biombo, en uno de los parajes más emblemáticos de la isla. Desde el año 2010, el supuesto empresario era cliente del despacho de Bravo de Laguna, del que se separó el presidente del Cabildo cuando fue elegido para ese cargo en 2011. Con su hija Elena contacta Marichal para tratar de hacer la operación frustrada que él propuso a Lopesan, y en ese despacho se celebra al menos una de las reuniones negociadoras en las que no interviene nunca José Miguel Bravo de Laguna, y ni siquiera Eustasio López. Asiéndose a esa verdad que todos reconocen, producto de su propia propuesta de asociación con Lopesan, la denuncia ante la Fiscalía elucubra en torno a una extraña conspiración conducente a la creación de una empresa (el denunciante habla de “casi asociados”) en la que participaría el presidente del Cabildo y el grupo hotelero canario para hacer negocio en los dominios del BIC mediante recalificaciones urbanísticas (sic). En resumen: una oferta de asociación empresarial que el denunciante lanza a Lopesan y este rechaza se convierte luego en la asociación empresarial que endosa a Bravo de Laguna, y sobre unas expectativas imposibles sobre el BIC que precisamente persigue reducir considerablemente los aprovechamientos urbanísticos en la zona afectada para preservar el espacio.

Olarte, el muñidor ideal

Para llevar a cabo una acción tan alambicada era necesario encontrar más apoyos, fundamentalmente jurídicos, de esos que prestan la pluma para la elaboración de pulcros escritos o previenen a la Fiscalía de lo que se avecinaba, de modo que la denuncia no corriera la suerte del archivo a las primeras de cambio. El asesoramiento jurídico puro parte de los cerebros jurídicos más cercanos a la cadena mallorquina RIU, que encuentra en Rodríguez Marichal el ariete perfecto para no ensuciarse las manos en una acción penal contra un político con mando en plaza. Todo el mundo en el Sur conoce del carácter levantismo y áspero del presunto empresario, poseedor de alguna querella por apropiación indebida y de alguna orden de alejamiento por tener la mano un poco ligera. También son muy conocidas sus alianzas con otros empresarios con cuentas pendientes con Lopesan, como Miguel Cazorla, que se enfrentó duramente con el grupo hotelero canario en pos de la adjudicación de la terraza de copas del mítico Faro de Maspalomas. Ambos no han dejado de interponer todo tipo de demandas contra Lopesan por cualquier asunto urbanístico de mayor o menor enjundia. Luego hacía falta la influencia jurídico-política de alguien con peso en la plaza, de alguien que tuviera algún afán de venganza contra José Miguel Bravo de Laguna. Nadie mejor para esa empresa que el ex presidente del Gobierno Lorenzo Olarte, cabreado como nadie con el presidente del Cabildo por el affaire de Infecar, donde el veterano político descubrió casos de presunta corrupción a los que hizo oídos sordos Bravo de Laguna, que acabó despachándoselo del órgano ferial sin miramientos de ningún tipo. Cuando ayer preguntamos a Olarte si sabía algo de este asunto, su respuesta fue tan sincera como inmediata: “Quien sabe todo, todo, todo, soy yo, y habrá más en los próximos días”.

La aprietan las clavijas a Bravo

Los tiempos son clave en este sainete. Si los hechos que denuncia Marichal son anteriores a la apertura del expediente del BIC en el Oasis de Maspalomas, en abril de 2013, ¿por qué espera a estos primeros meses de 2014 para interponerla? ¿Relata algún acontecimiento reciente que le obligara a esperar? No. La denuncia se interpone ahora porque falta muy poco para que se cierre el expediente y se resuelva cuál va a ser el futuro de esa pieza de suelo tan codiciada. Si nada se tuerce, en mayo próximo el Cabildo habrá de tener presentada ante el Gobierno regional su propuesta de ordenamiento, y será entonces cuando se pueda descubrir cuál ha sido la presunta maquinación expuesta por el denunciante. Durante este año de tramitación no ha habido ningún acercamiento posible con RIU. Su cerrazón ha sido la del primer día: el Oasis es nuestro y tenemos derecho a los aprovechamientos que nos otorga el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Los intentos por acercar a la cadena mallorquina una propuesta de compensación en otras zonas de Meloneras, la propuesta de Lopesan de derribar su hotel Ifa Faro y promover una acción blanda de uso público para la zona, cayeron siempre en terreno baldío. Tampoco han fructificado las negociaciones emprendidas por la empresa gubernamental Gesplan, a la que se encomendó, como redactora del planeamiento del municipio, la búsqueda de una fórmula mágica. Una de sus ideas, de momento rechazada por estrafalaria, consistía en agrupar a RIU los aprovechamientos de su biombo sobre el Oasis concediéndole autorización para una torre de 25 plazas junto al Faro de Maspalomas. Frustrada cualquier salida negociada, todo está ahora a expensas de la propuesta que haga el Cabildo, a quien los mallorquines han amenazado reiteradamente con grandes males en forma de exigencias indemnizatorias millonarias. Sólo faltaba para apretar las tuercas a su presidente envolverlo en un proceso penal que lo debilite públicamente con sospechas de corrupción para que la ciudadanía prefiera que nada se mueva en el Oasis antes de que se consume un pelotazo. A río revuelto, ya saben, ganancia de pescadores.

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