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El empresario Miguel Ángel Ramírez cree que el juez Salvador Alba "solo quiere enturbiar"

El empresario señala que él no tiene que defenderse del juez, sino que será este el que deberá responder ante el TSJC sobre cuál fue su actuación como instructor

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Miguel Ángel Ramírez, a la salida del juzgado de guardia tras su detención

Miguel Ángel Ramírez, a la salida del juzgado de guardia tras su detención Alejandro Ramos

El empresario Miguel Ángel Ramírez considera que el juez Salvador Alba solo pretende "enturbiar" al denunciar ante la Fiscalía General del Estado que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, le presionó para favorecer sus intereses.

"Solo quiere enturbiar. Lo yo que tengo que decir sobre Salvador Alba ya lo dije en el Juzgado", ha manifestado Ramírez, que en su momento puso a disposición de la Justicia la grabación de una conversación en la que ese juez, presuntamente, le da instrucciones sobre lo que tenía que declarar la próxima vez que lo citara formalmente, con el propósito de perjudicar a la magistrada Victoria Rosell.

Esa grabación constituye una de las principales pruebas de cargo en el juicio que el TSJC ha abierto contra Salvador Alba, para el que la Fiscalía solicita una condena de diez años de cárcel por delitos de prevaricación judicial, cohecho, revelación de secretos y negocios prohibidos a funcionarios.

Salvador Alba ha hecho público este jueves que ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al presidente del TSJC, al que acusa de "presionarlo" y de intentar "dirigir" en favor de Miguel Ángel Ramírez la causa por fraude fiscal y contra la Seguridad Social que este tiene abierta en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Ramírez ha señalado que él no tiene que defenderse de Salvador Alba, sino que será este el que deberá responder ante el TSJC sobre cuál fue su actuación como instructor, por lo que prefiere no hacer más valoraciones.

En octubre de 2016, Ramírez explicó a través de un comunicado que cuando Salvador Alba le convocó a una reunión en su despacho le contó "hechos figurados", adaptándose a lo que pensaba que "quería escuchar", para protegerse, ya que el juez le acababa de imponer una fianza de 35 millones de euros, la más alta de la historia de Canarias, que ponía en riesgo el futuro de sus empresas y de su patrimonio familiar.  

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