La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública pide personarse como acusación popular en el caso mascarillas
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Canarias ha solicitado personarse como acusación popular en el denominado caso mascarillas, que investiga el expediente del contrato de emergencia concedido en mayo de 2020 por el Servicio Canario de Salud (SCS) a la empresa RR7 United S.L., dedicada al sector de la automoción, para el suministro de un millón de mascarillas FFP3.
Ese material de protección sanitaria no llegó nunca a los hospitales públicos de las Islas, pero la mercantil cobró el importe total de la adjudicación, cuatro millones de euros que la Hacienda canaria trata de recuperar, primero a través de intentos de embargo y, ahora, mediante una investigación patrimonial en busca de responsabilidades subsidiarias.
La asociación ha presentado el escrito en el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria este jueves, un día después de que trascendiera la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas.
El magistrado Florencio Luis Barrera ha abierto diligencias previas y ha ordenado la práctica de las diligencias solicitadas por el representante del Ministerio Público y la adopción de las medidas cautelares planteadas, consistentes en el bloqueo de las cuentas bancarias del empresario adjudicatario de ese contrato y el embargo de los coches de lujo que adquirió, presuntamente, con el dinero obtenido con esta operación.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción se dirige contra Conrado Domínguez, actual director del SCS y coordinador del Comité de Emergencias Sanitarias del Gobierno de Canarias durante la pandemia de Covid-19; Ana María Pérez, que hasta abril ocupó la Dirección General de Recursos Económicos del organismo público, y Rayco Rubén González, administrador de RR7 United, la mercantil contratada para el suministro del millón de mascarillas FPP3 por un millón de euros.
El fiscal aprecia indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. El primero se lo atribuye a los dos altos cargos del SCS. El segundo, solo a Conrado Domínguez. Y los dos últimos, al empresario.
En su escrito, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, a través de su presidente, Guillermo de la Barreda, y de su secretario, Arturo Borges, se adhiere a la querella de la Fiscalía Anticorrupción y hace suyos sus planteamientos.
Este colectivo ya había solicitado, cuando se conoció el contenido de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, el “cese inmediato de los responsables políticos”. “Esta grave noticia se añade a las nuevas brechas que últimamente se habían abierto en la sanidad canaria”, dijo entonces, aludiendo al caso de las dos residentes del Hospital de La Candelaria obligadas a continuar su formación fuera de Canarias tras denunciar un presunto caso de acoso laboral, el conflicto en Salud Pública, “cuyos técnicos para sus desplazamientos por todas las islas tienen que utilizar sus propios medios”, o la gestión de la pandemia ante la séptima ola de Covid-19.
0