Condenado por inmovilizar con un cepo el coche de una mujer y exigirle 50 euros para liberarlo

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado una condena por un delito de coacciones a un empresario que inmovilizó con un cepo el coche de una mujer por haberlo dejado en el aparcamiento de su empresa de alquiler de vehículos, en Puerto de la Cruz, y exigirle 50 euros para liberarlo.

El hombre puso un papel en el parabrisas en el que exigía a la mujer el pago de 50 euros a través de su teléfono móvil para retirar el cepo de su vehículo.

En primera instancia y ahora en segunda se condena al hombre a pagar una multa de 600 euros a razón de 10 euros diarios durante dos meses.

La Sala da por probado que en junio de 2022, en una céntrica avenida de Puerto de La Cruz, sobre las 20.00 horas, la mujer estacionó el vehículo en el aparcamiento propiedad de una empresa de alquiler de coches.

En ese momento el condenado, al considerar que este espacio era de uso exclusivo de su compañía, aprovechó para ponerle un cepo en una de las ruedas y un papel en el que se le conminaba a pagar 50 euros si quería poder volver a utilizarlo.

La Audiencia concluye que se dan los supuestos para determinar que existe un delito de coacciones en cuanto que no sólo se procedió a inmovilizar el vehículo sino que se obligaba a la trabajadora a pagarle una determinada cantidad si quería liberarlo.

La Audiencia cree probado que el denunciado era consciente de las consecuencias de sus actos y que incluso obligó a un trabajador a colocar el cepo, lo que no exime al empresario de su responsabilidad al ser él quien dio la correspondiente orden.

Igualmente, se rechaza el argumento de que la multa es desproporcionada al suponerse la solvencia del acusado, que ejerce como dueño de una empresa de alquiler de coches en la ciudad turística.

La Audiencia argumenta que una de las modalidades del delito de coacciones es que la decisión de cometerlo es mayor que los efectos de la propia acción, como ocurrió en este caso.

Concretamente, la conducta denunciada perturbó el derecho de la mujer a retirar su vehículo, lo que va en contra de la necesidad de garantizar la seguridad y la libertad del sujeto pasivo.

Los elementos de este delito son una conducta violenta, impedir lo que la ley no prohíbe, tener intensidad suficiente para originar el resultado que se busca y que exista una intención de hacer daño.

Algunos de cuyos supuestos, según los distintos ámbitos judiciales, se dan en este caso. EFE