El Consejo Canario de Colegios de Abogados rechaza la habilitación parcial de agosto por “inútil y lesiva”

El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha manifestado este jueves su “malestar y rechazo” ante la medida de habilitación de dos terceras partes del mes de agosto que, a su juicio, ha demostrado ser “inútil y lesiva”.

El presidente, Rafael Massieu, explica en un comunicado que esta medida aprobada a propuesta del Ministerio de Justicia vulnera los derechos de los colegiados, “lesionando el constitucional al descanso y a las vacaciones” y “violentando gravemente” el de la conciliación de la vida personal y familiar de más de 160.000 profesionales de la abogacía y de la procura en toda España.

El pasado mayo el Consejo General del Poder Judicial instó a los jueces a concentrar sus vacaciones en agosto, a través de una serie de recomendaciones hechas de cara a retomar una administración de justicia paralizada durante el estado de alarma por la COVID-19.

En esta línea, el Consejo pidió “limitar” las vistas orales en ese mes y concentrar también las vacaciones de jueces y magistrados en agosto, para poder “intensificar en los meses de julio y septiembre la celebración de juicios y comparecencias”.

Por ello, entre otros motivos, el Colegio considera “inaceptable” la forma en la que los Juzgados y Tribunales de Canarias han venido a interpretar los consejos de su órgano de gobierno en relación a las actuaciones urgentes o las que debían ser notificadas en agosto.

Los profesionales de la abogacía y la procura aseguran que han recibido notificaciones desde el 11 de agosto, la mayoría “absolutamente alejadas” de la urgencia, por lo que se han visto “bombardeados” con decenas de resoluciones, denuncian.

Las vacaciones “no son un lujo prescindible”, afirman, son “una necesidad y un derecho del que no se puede privar sin ningún coste”.

En estas circunstancias excepcionales, como han recordado, no se ha planteado que ningún colectivo profesional, salvo el jurídico, renuncie a las vacaciones y, además, han sido privados del “derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar” al haber sido convertidos “en esclavos de las notificaciones electrónicas y del sistema LexNet”.

La falta de la “consideración mínima al derecho al descanso, al derecho a la conciliación familiar y al derecho a disfrutar de un período de vacaciones”, parece dar a entender que los letrados y procuradores “son auténticos enemigos en el ejercicio del derecho de defensa y en el desempeño de la profesión”, alertan, colocándoles “en el punto de mira” y en los únicos que sufren “una medida absurda e ineficaz”.

“No hay Administración de Justicia sin abogados y, por supuesto, no hay Administración de Justicia sin la participación esencial de los abogados”, asegura el presidente.

Tal y como ha denunciado Massieu en nombre de los colegiados, “todos se irán de vacaciones, descansarán, dejarán de proveer sus procedimientos durante sus días de descanso, y dejarán las carpetas encima de las mesas” aumentando “el esfuerzo y sacrificio durante estos días” y haciendo que el intento de “revivir una Administración de Justicia vieja, pastosa, y herida de muerte desde hace muchísimo tiempo, no haya servido para absolutamente nada”.