El Gobierno anunció el nombramiento del nuevo viceconsejero de Economía cuando ya incumplía el código ético del PSOE

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario ha decretado la apertura de juicio oral contra el socialista Blas Acosta, expresidente del Cabildo de Fuerteventura y elegido como viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, por un presunto delito societario cometido durante su etapa como gestor de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa). La jueza María Coromoto Lozano León entiende así que la denuncia presentada por la Fiscalía, y por la que se piden cuatro años de cárcel contra el político, expone indicios suficientes para el enjuiciamiento en el ámbito penal del socialista.

La apertura de juicio oral compromete la continuidad de Acosta en el Gobierno de Canarias tan solo unas semanas después de haber sido nombrado. Y es que el Código Ético del PSOE establece en su artículo cinco que cualquier cargo público u orgánico del partido al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal “dimitirá de su cargo en el momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. En caso contrario, “será suspendido de militancia” y “expulsado del partido”.

Desde el Partido Socialista aseguran que “Blas Acosta entrará si cumple con el código ético, si no, se quedará fuera, tal y como el propio político ha dicho. Si cumple o no lo tendrá que valorar ahora el PSOE. Habrá que seguir esperando . En cualquier caso no estaba previsto en esta semana porque aún el Pleno del Cabildo no ha tomado en consideración la baja de Acosta”, concluyen.

Acosta está encausado en estos momentos en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara. Uno de ellos, el que ahora llega a la fase de juicio oral, por su actuación al frente de la empresa pública municipal Gesturpa. Entre los años 2010 y 2015 se detectaron diversas irregularidades contables en la sociedad, cuyo cometido era el desarrollo urbanístico del municipio majorero, que dieron la pie a la apertura del procedimiento penal que ahora afronta su recta final.

En los fundamentos jurídicos del auto, una vez examinada toda la documentación existente, se concluye que entre los ejercicios 2010 y 2015, fechas en las que Blas Acosta era administrador único de Gesturpa, se incluyeron “datos falseados” en las cuentas de la empresa pública “que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad”. La magistrada que ha llevado la instrucción hace hincapié en que “el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma”. Gesturpa no fue disuelta hasta el 28 de julio de 2016.

De especial relevancia para la jueza es el hecho de que Gesturpa recibió en 2012 un préstamo de 1,6 millones de euros “que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco su destino”.