La Fiscalía pide 18 años de prisión para un estudiante de sacerdocio acusado de abusar sexualmente de tres menores en La Laguna

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife 18 años de cárcel para un estudiante de sacerdocio en La Laguna por el presunto abuso sexual de tres menores de edad entre los cursos que van desde 2014 hasta 2017. El acusado, que fue expulsado del seminario donde era ayudante de disciplina del formador, negó los hechos durante la sesión de juicio oral.

Según el relato de la Fiscalía, durante el primer curso invitó a su dormitorio a un menor de edad, que tenía 13 años, y de quien presuntamente abusó en varias ocasiones. Como consecuencia de esos hechos, el menor presentó “sentimientos de culpabilidad así como sintomatología ansiosa y depresiva relevante”, por lo que precisó de terapia psicológica, se indica en las conclusiones de la Fiscalía.

Además, el procesado presuntamente abusó de otro menor también de 13 años que estudiaba en el seminario y al que, según la Fiscalía, le dijo que era normal tener prácticas sexuales en la comunidad, que “en el Evangelio había cosas de la homosexualidad que no la atacaban, sino que la defendían”, y que “la practica homosexual era normal y buena”. El procesado hizo, según la Fiscalía, varios intentos para mantener relaciones sexuales con el menor, incluyendo el envío de una foto de sus genitales.

En fecha no determinada, la Fiscalía detalla que el acusado acudió a la habitación de otro menor y, “guiado por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales (...) tocó hasta en tres ocasiones la zona genital del menor, siempre por encima de la ropa”.

El Ministerio Fiscal sostiene que todos estos hechos son constitutivos de un delito continuado contra la libertad sexual y, además de la pena de prisión, pide en cada caso la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de aproximarse al domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro espacio que frecuente cada uno de los menores en un radio de 500 metros.

Igualmente reclama la medida de libertad vigilada por un tiempo de ocho años para su ejecución con posterioridad a la pena privativa de libertad, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de cuatro años superior al de la duración de la pena privativa de libertad.

La Fiscalía pide que el procesado indemnice con 40.000 euros a uno de los menores, con 15.000 euros al segundo y con 10.000 euros al tercero por los daños morales causados y secuelas generadas en los mismos.