La mayor empresa de 'timesharing' del sur de Tenerife se enfrenta a una causa penal por eludir el pago de condenas judiciales

Uno de los complejos de Silverpoint Vacations.

La vía penal contra la mayor empresa del negocio turístico de la multipropiedad o timesharing en el sur de Tenerife avanza. El Juzgado de Instrucción número 1 de Arona ha abierto diligencias previas contra Silverpoint Vacations, una sociedad que está en concurso voluntario de acreedores desde febrero de 2020, para dilucidar si maquinó un plan para eludir el pago de las múltiples condenas judiciales que han ido recayendo en su contra en los últimos años como consecuencia de las irregularidades en la comercialización de apartamentos a tiempo compartido para turistas. Estos productos se ofrecían como una atractiva inversión, con el incentivo de una futura reventa lucrativa que nunca llegaba a ejecutarse.

La empresa multicondenada por sus negocios de ‘timesharing’ en el sur de Tenerife, en liquidación

La empresa multicondenada por sus negocios de ‘timesharing’ en el sur de Tenerife, en liquidación

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó la denuncia ante el Decanato de los juzgados de Arona en julio del año pasado.  Aprecia en las actuaciones de esa empresa indicios de la comisión de varios delitos continuados de frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, insolvencia punible e, incluso, de estafa procesal. El Ministerio Público incoó diligencias preliminares de investigación en abril de 2019 tras recibir sendos escritos de los abogados Miguel Rodríguez, del despacho Ceballos y López, y Eva Gutiérrez, del bufete Canarian Legal Alliance, ambos especializados en timesharing. En ellos se describían los continuos obstáculos que ha ido interponiendo Silverpoint Vacations en los procesos de ejecución para el pago a sus exclientes de las cantidades reconocidas en las sentencias judiciales con condenas firmes o el incumplimiento de su obligación de informar de los bienes susceptibles de embargo

Para la fiscal encargada del caso hay indicios de que la empresa investigada ha pretendido descapitalizarse para esquivar esas resoluciones judiciales y que, para ello, ha utilizado "diversos mecanismos evasivos", como la transmisión de la práctica totalidad de su patrimonio inmobiliario. En apenas dos años vendió 76 propiedades, sin que el dinero obtenido en esas operaciones se destinara al pago de las deudas declaradas judicialmente. Silverpoint ha defendido que los contratos de compraventa se firmaron con anterioridad a las sentencias firmes, por lo que no había intención de alzar esos bienes, de despojarse de ellos para evitar que fueran embargados. El Ministerio Público matiza que este tipo de infracción penal no depende de la fecha en la que se abre el proceso de ejecución (de la resolución judicial), sino de "la previsión de la existencia de la deuda". Es decir, basta que la empresa supiera cuando transmitió esas propiedades que había un procedimiento judicial -múltiples en este caso- en el que podría verse obligado a responder con su patrimonio en caso de una eventual condena. 

 "Será necesario indagar en la realidad de tales contratos privados, pues resulta contrario a la lógica económica que alguien adquiera un inmueble y espere años hasta elevarlo a público", ya que es en ese momento "cuando se adquiere realmente la propiedad de forma inatacable", expone el escrito de Fiscalía. En el auto de incoación de las diligencias previas, la jueza instructora ya ha ordenado que se recabe la información patrimonial no solo de Silverpoint Vacations, sino además de otra empresa con la que mantiene estrechos vínculos, Excel Hotels & Resorts, que también figura como investigada en la causa y con quien, según la fiscal, actuó "en connivencia" como parte de ese plan para rehuir el abono de las condenas judiciales. 

Lo hizo, afirma la representante del Ministerio Público, a través de una "simulación". En marzo de 2018 ambas sociedades firmaron un acuerdo por el que Silverpoint Vacations reconocía una supuesta deuda con Excel Hotels & Resorts y se comprometía a saldarla mediante la transmisión de "una parte muy relevante" de sus activos, "si no de todo su patrimonio social". En concreto, le cedía el 72% de los certificados vacacionales de su propiedad (7.347, en total), valorados en 44.820 euros; la cartera de clientes a largo plazo, valorados en 570.300,5 euros, y se comprometía al pago de 6,67 millones antes del 30 de junio, es decir, tres meses después. 

Para dar "apariencia de credibilidad" a la existencia de esa deuda, las empresas ahora investigadas se enfrentaron en un procedimiento judicial que acabó con Silverpoint allanándose a las pretensiones de Excel Hotels & Resorts. Para la fiscal, se trata de dos sociedades "con vínculos ocultos" o "pertenecientes al mismo entramado". De hecho, Excel Hotels & Resorts cambió su nombre en 2011 a Silverpoint Hotels & Resorts para dos años después volver a su denominación original.  Ambas han compartido domicilio social en un local de Los Cristianos y existe coincidencia en la actividad económica (la comercialización y gestión de complejos vacacionales), en el nombre de cargos de responsabilidad, en la titularidad y gestión de activos e, incluso, han recibido asesoramiento del mismo despacho de abogados. 

La confluencia de intereses comunes entre estas dos empresas y sus actuaciones centrarán el debate de la instrucción recientemente abierta en los juzgados de Arona. Durante la investigación preliminar en Fiscalía, la Unidad especializada en Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional elaboró un extenso informe sobre los vínculos y participación de ambas sociedades en los hechos presuntamente delictivos. Los abogados denunciantes pretenden que se levanta el velo y se incorporen al procedimiento judicial a aquellas sociedades que ostenten el patrimonio del que se ha desprendido Silverpoint Vacations, pues entienden que es la única forma de que los clientes recuperen los créditos que tienen reconocidos.  

Concurso de acreedores

Silverpoint Vacations entró en concurso voluntario de acreedores el 1 de febrero de 2020, directamente en fase de liquidación. La empresa había presentado la solicitud en diciembre del año anterior. En aquel momento, declaró unos activos (bienes, derechos y recursos) de 14 millones de euros. La deuda se cifraba aún en 28 millones. Más de un año después, los informes provisionales del administrador concursal dibujan un panorama radicalmente distinto al descrito en un inicio por la empresa. Según relata la abogada Eva Gutiérrez, del despacho Canarian Legal Alliance, esos informes revelan que el activo de la sociedad (principalmente los derechos de uso de cinco complejos en el sur de Tenerife) asciende a aproximadamente 83 millones de euros y el pasivo, en su mayoría deudas con clientes, a 141 millones. 

Además del vaciado de cuentas y de la despatrimonialización inmobiliaria, la justicia ha puesto el foco sobre la red de sociedades vinculadas a Silverpoint Vacations. Un procedimiento en el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos (EEUU) para el distrito sur de Nueva York situó los complejos de esta empresa en el sur de Tenerife como la principal fuente de ingresos de un enorme entramado societario con ramificaciones en paraísos fiscales y alertó de la existencia de transacciones "del todo sospechosas" en cuanto a los activos del conglomerado. Para los denunciantes del caso, se trata de "empresas pantalla" que nacen con "el único fin de trasladar el patrimonio de unas a otras y diluir responsabilidades", ya que las demandas por las irregularidades en la venta de productos de timesharing se dirigen solo contra Silverpoint. 

Una de esas empresas es Excel Hotels & Resorts, que explota tres de los clubes en Tenerife. El administrador concursal ha iniciado una acción de reintegro con la que pretende recuperar los cerca de 8 millones de euros que Silverpoint le transfirió a través de ese acuerdo de reconocimiento de deuda y compromiso de pago que, en opinión de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, no fue más que una simulación para descapitalizar a la sociedad que figura como condenada en los procedimientos civiles y eludir los obligados pagos. 

La jueza instructora ha pedido una relación de los contratos concertados entre ambas empresas desde el origen de su actividad hasta la actualidad. También ha solicitado la relación de todos los procedimientos de ejecución contra Silverpoint, detallando las cuantías de las condenas, si se han satisfecho en su totalidad o en parte y de qué manera, si de forma voluntaria o por la vía de apremia. Por último, ha reclamado el listado de bienes y derechos de esta sociedad. 

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