La empresa multicondenada por sus negocios de ‘timesharing’ en el sur de Tenerife, en liquidación

El emporio que el empresario británico Robert (Bob) Trotta erigió en el sur de Tenerife en los años ochenta en torno al negocio del timesharing o vacaciones compartidas entra en fase de liquidación. Después de vaciar sus cuentas y desprenderse de la mayor parte de su patrimonio en medio de un torrente de condenas judiciales por las irregularidades en la comercialización de este tipo de productos turísticos, la sociedad creada, ahora denominada Silverpoint Vacations, se ha declarado en concurso voluntario de acreedores (la antigua suspensión de pagos).

Investigada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la venta masiva de propiedades a empresas instrumentales y por el desvío de fondos a sociedades del mismo grupo en el extranjero, la mercantil pasa ahora a manos de un administrador concursal. La declaración voluntaria se publicó el pasado 1 de febrero en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tres meses antes, en noviembre, la empresa había dado un último y enigmático paso, la venta del 100% de sus participaciones a otra sociedad, Fios Bergan S.L., con sede social en A Coruña, dedicada a la fabricación de tejidos textiles, sin flujo de efectivo, con deudas acumuladas y con una capacidad para acceder a créditos “nula”, según un informe comercial al que ha tenido acceso esta redacción. El concurso de acreedores se había solicitado en septiembre.

La caída de Silverpoint comienza en enero de 2017, fecha en la que recae la primera sentencia firme en su contra por la venta de sus productos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico. El Tribunal Supremo anuló uno de estos contratos en los que los clientes invertían grandes sumas de dinero bajo la promesa de una reventa lucrativa de los derechos que nunca llegaba a materializarse. La cascada de condenas no ha cesado desde entonces. Un único despacho, Canarian Legal Alliance (CLA), especializado en timesharing, contabiliza reclamaciones en los juzgados por un montante superior a los diez millones de euros, de los cuales aproximadamente más de la mitad ya cuentan con sentencia. Una cantidad que se puede incrementar de forma considerable, puesto que el bufete tiene otro listado de expedientes pendientes de presentar con otros 160 clientes afectados.

A raíz de la primera resolución judicial firme, Silverpoint Vacations inició la enrevesada estrategia sobre la que ha puesto la lupa la Fiscalía, que investiga las maniobras de sus administradores para esquivar los pagos a los clientes que demandaron y obtuvieron una sentencia favorable. La empresa, que explotaba cuatro complejos turísticos en el sur de Tenerife, paralizó su actividad, dejó de ingresar, y volcó la gestión -y los trabajadores- en otras sociedades del mismo grupo que no habían firmado los contratos y contra las que, por lo tanto, no se habían formulado las demandas.

De forma paralela, Silverpoint Vacations comenzó a vaciar sus cuentas a través de fórmulas como el reconocimiento de deudas con empresas del mismo grupo (Signallia Marketing, encargada de las reservas, o Excel Hotels and Resorts, responsable de la gestión), así como mediante reclamaciones de esas mismas sociedades por la prestación de unos servicios que, a juicio de los denunciantes, pudieron ser simulados. Además, entre septiembre de 2018 y febrero de 2019 se despojó de 52 de los 76 inmuebles que poseía. El Ministerio Público investiga si estas operaciones responden a una estrategia orquestada con el único fin de evitar las responsabilidades civiles e impedir los embargos.

Un procedimiento en el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos (EEUU) para el distrito sur de Nueva York destapó recientemente que los complejos de Silverpoint en el sur de Tenerife eran la principal fuente de ingresos de un gigantesco entramado societario con ramificaciones en paraísos fiscales. La empresa matiz, Limora, fue constituida por el propio Robert Trotta en las Islas Vírgenes Británicas en el año 2008. De la investigación realizada por los dos administradores nombrados por el tribunal estadounidense, centrada en la actividad de Silverpoint en el sur de Tenerife, se desprenden transacciones “del todo sospechosas” en cuanto a los activos y las empresas de este grupo corporativo, presente en 16 jurisdicciones.

Cuando Silverpoint Vacations se declaró en concurso de acreedores, sus activos (bienes, derechos y recursos de la sociedad) ascendían a 14 millones de euros, aunque prácticamente la mitad corresponde a deudas a corto plazo, “ni siquiera es real”, según las fuentes consultadas. La deuda que hasta la fecha se ha podido computar es justo el doble, 28 millones de euros, aunque la cifra puede aumentar.

Con las cuentas de Silverpoint Vacations prácticamente vacías, los esfuerzos del despacho CLA, con la abogada Eva Gutiérrez al frente, se centran en tratar de vincular todas estas operaciones y sociedades para desenmarañar el complejo entramado, fruto de una estrategia que “hubiera sido imposible sin la participación de asesores”, y hacer aflorar el patrimonio que, a su juicio, ha salido de la empresa de forma fraudulenta con el objetivo de que los clientes que reclamaron y ganaron en los tribunales puedan recuperar sus inversiones tras años de batalla judicial.

Los cuatro clubes de Silverpoint Vacations siguen operando en actualidad. Tres de ellos son gestionados por Excel Hotels and Resorts y un cuarto, el Club Paradiso, el de mayor nivel, está en manos del administrador nombrado por el Tribunal de Bancarrota de EEUU.