Un perito ingeniero sostiene ahora que el contrato más polémico de Emalsa era “imposible de cumplir”

“Obsoleto” y de “imposible cumplimiento”. De esta forma ha calificado el perito Juan Luis Bethencourt, titular de Análisis Ingenieros, el contrato de saneamiento o mantenimiento de la red de alcantarillado de Las Palmas de Gran Canaria. Un contrato que Emalsa adjudicó en 2008 a Sercanarias, la filial de sus socios privados (Saur y Sacyr-Valoriza), y que, según el escrito de acusación de la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, ocasionó el mayor quebranto a la empresa mixta de la capital, 11,1 de los 23,4 millones de euros en los que cuantifica el perjuicio.

Bethencourt ha comparecido este miércoles, en la sexta sesión del juicio, para explicar los informes que elaboró en el marco de la intervención municipal a Emalsa. Y, más en concreto, dos de ellos. El primero está fechado el 19 de septiembre de 2014, fue encargado por el entonces interventor, Rafael Bolívar, y concluyó que el grado de cumplimiento de ese contrato en 2013 fue de apenas el 10%, aproximadamente 580.000 de los 4,8 millones de euros facturados. El segundo fue firmado cinco meses después, el 6 de febrero de 2015, a petición del concejal de Aguas, Martín Muñoz García de la Borbolla (PP), y elevó al 90% la “efectiva disposición de medios y los servicios prestados”.

Durante su intervención en el plenario, el perito manifestó que en la fecha de redacción de esos informes, sobre todo el primero, tenía “un conocimiento limitado” sobre ese servicio, pero que en la actualidad, “después de once años trabajando en el ciclo integral del agua”, hay “muchas cuestiones que cambiaría, matizaría o añadiría”. Bethencourt recordó también que el interventor se negó a pagar su segundo informe (con cuyas conclusiones estaba en desacuerdo porque consideraba que carecían de una base sólida) y que no fue hasta la llegada de Augusto Hidalgo (PSOE) a la Alcaldía cuando percibió esos emolumentos.

El testigo manifestó que la diferencia entre sus informes radica en que para el primero sólo contó con la información que puso a su disposición el interventor y que para el segundo tuvo contacto directo con los técnicos de Emalsa y pudo acceder a mayor documentación y comprobar los partes de trabajo o si las labores se estaban realizando.

350 kilómetros de red

El contrato de saneamiento entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Emalsa, firmado en 1998 y asumido por Sercanarias en 2008, establecía la obligación de limpiar de forma preventiva dos veces al año 350 kilómetros de la red de alcantarillado. El primer informe señalaba que esa obligación nunca se cumplió e incluso cuantificaba el perjuicio en diez millones de euros.

Sin embargo, en su comparecencia de este miércoles, Bethencourt ha manifestado que esa obligación era “imposible de cumplir”. El ingeniero ha dicho que en 1998, cuando se firma el primer contrato, el conocimiento de la red de saneamiento de la capital era “muy escaso” y que con los medios de los que disponía Emalsa “no era posible limpiar” esos 350 kilómetros. Además, según el perito, cuando elaboró esos informes en 2013 esa red ya no tenía 350 kilómetros, sino “800 o 900”.

El ingeniero ha matizado que esa “imposibilidad” de cumplimiento no quiere decir que Emalsa “no haya dispuesto los medios” necesarios para ejecutarlo y haya destinado personal y material a “actuaciones correctivas” en vez de preventivas, lo que, a su juicio, era más necesario para la ciudad.

También ha precisado que el primer informe cifraba en 2,9 millones de euros el importe sin justificar del contrato de saneamiento en el año 2013, pero negó que se tratara de un incumplimiento, puesto que estaba supeditado a “las certificaciones de la efectiva disposición de medios”.

Bethencourt ha recordado que fueron las conclusiones de su primer informe las que motivaron que el interventor se negara a avalar las facturas de mantenimiento y a que el Ayuntamiento dejara de pagar a Emalsa.

Es en ese contexto en el que enmarca la reunión en la que participan el concejal de Aguas, el interventor y la directora de Emalsa y en la que el político le encarga ese segundo informe sobre los medios a disposición de ese contrato. “Se había generado tal situación de bloqueo entre el interventor y la compañía que el concejal toma esa decisión para acreditar cuánto había que pagar a Emalsa”, ha concluido.

Informe de Auren

También han declarado en la sexta sesión del juicio Juan José Carreras, Ángeles Díaz y Román Gómez (este último por videoconferencia desde Sevilla), los tres peritos de Auren que en 2014 elaboraron un informe que tenía por objeto revisar la contratación de Emalsa con sus socios privados y sociedades vinculadas en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. Para ello estuvieron cuatro meses trabajando en la sede de Emalsa. “En algún momento hubo reticencias para darnos documentación, pero al final nos la dieron”, aseveraron.

Los peritos han señalado que los contratos “más significativos” debían pasar por el Comité de Gerencia que crearon los socios privados de Emalsa como responsables de la gestión del servicio (a la parte pública, al Ayuntamiento, le correspondía el control). Sin embargo, “nunca hubo actas” de este comité, por lo que no pudieron determinar si las contrataciones de mayor importe se adoptaban en el seno de este organismo.

La auditora constató que no había informes que justificaran la necesidad de contratar con Sercanarias. Es decir, que explicaran “por qué era más conveniente” adjudicar esos servicios a la filial de los socios privados en vez de asumirlo con medios propios de Emalsa o concedérselos a otras subcontratas. “Ellos consideraban que era más eficiente porque controlaban la sociedad, era más fácil ejercer el control que con otra contratista”, dijo Diaz.

Según Auren, el único contrato de Sercanarias que pasó por el Consejo de Administración de Emalsa fue el de saneamiento. En el de transporte de lodos, por ejemplo, “no hubo pliego de especificaciones técnicas para delimitar en qué condiciones se contrataba”, han añadido.

Los auditores de Auren también se han referido a las prestaciones que percibían los socios privados por asumir la gestión del ciclo integral del agua de la capital y ceder su “know how (saber hacer)”. Había unas prestaciones básicas por las que cada una de las empresas (Saur y Sacyr-Valoriza) cobraba el 2% de la facturación anual de Emalsa y unas accesorias por las que recibían 900.000 euros al año (450.000 cada una).

Los peritos han dicho que, aunque lo solicitaron, Emalsa no les aclaró por qué conceptos recibían cada una de esas prestaciones ni quién lo hacía. “No teníamos infomes, ni conocimiento de los directivos ni qué hacían (...) No sabíamos qué era una cosa y qué era otra”. han señalado. Sólo recibieron un correo electrónico de uno de los socios privados que decía que las prestaciones accesorias o especiales las recibían seis directivos, alguno de ellos por su dedicación a jornada completa.

A preguntas de uno de los abogados de la defensa, los auditores también precisaron que la suma de las prestaciones básicas y accesorias arrojaría un 5,7% de la facturación anual de Emalsa, un porcentaje que, según afirmaron, se sitúa en el rango inferior de la horquilla que se paga en otras empresas por las retribuciones especiales (del 5 al 7%).

Con respecto a los precios de los contratos con Sercanarias afirmaron que se encontraban en un “umbral razonable”. Es decir, que no superaban en más de un 5% los importes previstos en otras licitaciones públicas. La fiscal cuestionó esas comparaciones, al entender que las características eran muy distintas. “Es prácticamente imposible encontrar licitaciones exactas”, justificó Gómez.

En relación con el alquiler de la sede de Emalsa en el Centro Comercial de Las Ramblas, los peritos ratificaron que su precio inicial (90.000 euros mensuales) doblaba al de mercado, aunque reconocieron que el contexto era “radicalmente distinto” en 2008, cuando se firmó el contrato, que en 2013, la fecha en que redactaron el informe.

José María Palomino, abogado que defiende a los representantes de Satocan (empresa propietaria del edificio donde se encuentra la sede), ha recordado que en julio de 2008, meses antes del estallido de la crisis económica tras la quiebra de Lehman Brothers, el crecimiento de los precios del mercado inmobiliario era “sensiblemente superior” al del IPC (un 737% frente a un 249% en los 22 años anteriores).

“Cuando se firma el contrato, hay una burbuja inmobiliaria”, dijo el letrado, que también incidió en la extensión del arrendamiento, 35 años. “A mayor duración, mayor renta”, concluyó antes de recordar que en los años sucesivos se alcanzaron dos acuerdos que redujeron el precio de los 90.000 a los 60.000 euros.

Informe de PwC

La sexta sesión concluyó con la declaración de dos peritos de parte, Javier López Andreu y María Dolores Checa. Los socios privados de Emalsa contrataron a PricewaterhouseCoopers (Pwc) para contrarrestar el informe de los peritos judiciales de Godoy Asesores y Consultores, que sostenían que Sercanarias no cumplía uno de los requisitos para poder ser adjudicataria directa de los contratos de Emalsa y que, además, facturó de más por esos contratos.

Los peritos de PwC han negado ambos extremos. Por un lado, han defendido que más del 80% del negocio de Sercanarias durante los tres años precedentes al primer contrato procedían de Emalsa o de sus empresas asociadas, uno de los requisitos para poder realizar esas adjudicaciones a dedo.

La discusión se centra en el año 2007. Los peritos judiciales (Godoy Asesores) reducen ese porcentaje al 33% en ese ejercicio. Los peritos de parte (PwC) lo elevan al 96%. La diferencia es que PwC incluye en ese cómputo un contrato de 380.000 euros que Sercanarias firmó con la UTE conformada por Satocan y Gestagua. “Gestagua es filial al 100% de Saur (uno de los socios privados de Emalsa). Es de libro una empresa asociada. No hay ningún género de duda”, manifestaron.

Con respecto a los contratos, PwC sostiene que los peritos judiciales de Godoy parten de una premisa equivocada, que es considerar que la “ausencia de evidencias”, la falta de documentación, significa que la empresa no ha cumplido sus obligaciones, que los trabajos no se han realizado y que se ha ocasionado un perjuidcio. “Hacen valoraciones posibilistas que caen fuera de su ámbito. Sin evidencias no se pueden hacer juicios de valor”, han concluido.

Según estos peritos, las acusaciones cifran en “16 millones de euros” el perjuicio por 18 contratos entre Emalsa y Sercanarias sin explicar de dónde extraen esa cantidad. Además, han considerado que los excesos de facturación de los que habla el informe de Godoy están justificados por las ampliaciones que permitían los propios contratos.

El juicio continúa este jueves con nuevas periciales.