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Una veintena de acusados por el caso Faycán reconocen los hechos ante el juez

Entre los investigados que han admitido su culpa se encuentra el exinterventor municipal del Ayuntamiento de Telde, Enrique Orts, el exconcejal de Hacienda Carmelo Oliva, y las exediles Candelaria Sánchez Vega y Guadalupe López

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Los investigados del caso Faycan en la primera sesión del juicio.

Los investigados del caso Faycan en la primera sesión del juicio. Canarias Ahora

Una veintena de un total de 28 acusados han admitido los hechos por los que se encuentran investigados en el caso Faycan, cuya instrucción se inició en 2006 cuando se destapó en el Ayuntamiento de Telde el supuesto cobro de comisiones ilegales en la etapa en que estuvo gobernado por PP y Ciuca.

El exinterventor municipal del Ayuntamiento de Telde, Enrique Orts, fue el primero en reconocer su participación en la causa durante la primera jornada del macrojuicio por corrupción que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Orts, viudo de la fallecida concejal de Contratación Toñi Torres, que la Fiscalía sitúa en el centro de la trama en su escrito de acusación, ha llegado a un acuerdo y se ha conformado con una pena de un año y cuatro meses de prisión por los delitos de prevaricación y cohecho.

El Ministerio Público ya había adelantado que varios de los acusados se conformarían con las penas. Al inicio del juicio que ha tenido lugar este lunes, el fiscal anticorrupción Luis del Río modificó la calificación de varios de los delitos especificados en su escrito y rebajó las penas que solicitaba tras alegar dilaciones indebidas, entre otro tipo de atenuantes. Ninguno entrará en prisión al no superar las condenas los dos años. 

De hecho, pedía en un principio para Orts siete años de cárcel y 22 de inhabilitación para empleo y cargo públicos.

El segundo en conformarse con la pena revisada y de admitir los hechos de por los que se encuentra acusado fue el exconcejal de Hacienda Carmelo Oliva, que aceptó una pena de cinco año de inhabilitación y dos meses de cárcel. La concejal de Aguas, Candelaria Sánchez Vega, fue la segunda responsable política que reconoció los hechos, al igual que la exedil de Fiestas, Guadalupe López. Su marido, Salvador Santana Flores, hizo lo propio.

También se conformó con la pena impuesta por la Fiscalía el que fuera asesor de Torres y considerado por la fiscalía como el intermediario de la trama, Francisco Gordillo Suárez.

Los hijos de la exconcejal de Contratación fallecida María Eugenia y Francisco José Fernández Torres, acusados de blanqueo de capitales, se conformaron con dos meses de prisión, aunque su abogado alegó que nunca supieron de donde provenía el dinero que llegaban a casa.

El primero de los empresarios en reconocer los hechos fue el director en Canarias de la constructora Cobra y Moncobra, Antonio Nadal, acusado de cohecho y delito contra el mercado, para el que finalmente la Fiscalía pidió un año de prisión. El comercial de esta entidad, Francisco Gordillo, hijo del exasesor de Toñi Torres también imputado en la causa, se conformó con la misma pena.

Más tiempo fue el que aceptó tras reconocer los hechos el técnico municipal Jorge Rodríguez que estaba acusado de prevaricación, cohecho, delito contra el mercado y falsedad.

El director general de la constructora Mazotti, Alejandro Navarro, que se sentó junto a los abogados defensores reconoció los hechos, así como el administrador de Cementos Las Torres, Pedro Antonio Betancor Díaz.

El administrador de la ferretería local que se convirtió en proveedora casi en exclusiva del Ayuntamiento, Felipe Ojeda Pérez, admitió haber sido colaborador necesario y los más de dos años de prisión pedidos por la Fiscalía.

El responsable en Canarias de la constructora de implantación nacional, como Dragados, Abelardo Martínez, reconoció los hechos revisados, al igual que el administrador de Planes, Gestión y Construcciones, Ángel Omar Suárez.

Víctor Hugo, comercial de Iturri, fue otro de los que aceptó la condena, así como la propia denunciante del caso, Luz Navarro Montesdeoca, quien en su día acudió a la Comisaría para reconocer que se había prestado a pagar un soborno de 6.000 euros para conseguir cobrar una deuda municipal de casi 100.000. Así lo hicieron a su vez el administrador de Preconte José Gutiérrez Galindo y el  administrador de varias empresas Salvador Santana, esposo de Guadalupe López.

Los 20 acusados podrán comparecer como testigos durante el juicio, cuyas cuestiones previas han concluido.

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