La CNMC investiga a las grandes constructoras por presunto reparto de obras en Cantabria

EFE

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando a doce constructoras de Cantabria y a cuatro directivos que supuestamente se habrían repartido licitaciones de obra civil, presentando ofertas ficticias para concurrir de forma concertada. Competencia ha dado a conocer en un comunicado este viernes las empresas a las que ha abierto un expediente sancionador por esa posible manipulación de contratos.

Las investigadas son Actividades de Seguridad Vial Cantábrico., Aglocan Servicios y Construccione., Arruti Santander (en liquidación), Cannor Obras y Servicios de Cantabria, Construcciones y Excavaciones Aníbal, Constructora Obras Públicas San Emeterio, Cuevas Gestión de Obras, Fernández Rosillo y Cía, Global Tektia, Palomera Obras y Proyectos, Rucecan y Técnicos Asociados Minero Industriales. También ha abierto expedientes a directivos de Constructora Obras Públicas San Emeterio, Cuevas Gestión de Obras, Global Tektia y Palomera Obras y Proyectos.

Según explica Competencia, estas prácticas anticompetitivas afectarían a contratos convocados por organismos públicos estatales, autonómicos y locales y a clientes privados. La manipulación de los contratos se habría realizado mediante acuerdos e intercambios de información comercialmente sensible, una práctica contraria a la Ley de Defensa de la Competencia.

Competencia inició el expediente sancionador tras analizar diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción convocadas por varias consejerías del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y otros ayuntamientos de la comunidad autónoma.

Entre el 25 y el 27 de marzo de 2025, inspeccionó las sedes de Constructora Obras Públicas San Emeterio, Palomera Obras Y Proyectos, Siecsa Construcción y Servicios y Técnicos Asociados Minero Industriales. A partir de la incoación del expediente se abre un periodo de 24 meses para resolverlo.

La CNMC recuerda que una de sus prioridades es la investigación de cárteles por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y los mercados. Las empresas que forman parte de un cártel pueden acogerse al Programa de Clemencia y no verse así afectadas por la prohibición de contratar con la Administración.