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Investigados cuatro empresarios cántabros bajo la sospecha de que se repartieron licitaciones de obra pública

Reunión de la presidenta de Cantabria y el consejero de Fomento con los empresarios Javier Palomera y José Domingo San Emeterio (presidente y vicepresidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria) en diciembre de 2024.

Olga Agüero

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga desde hace un año a cuatro empresarios cántabros de la construcción por un posible reparto de licitaciones de obra pública. El organismo sospecha que las empresas podrían haber presentado ofertas ficticias a concursos convocados por el Gobierno de Cantabria, Ayuntamientos y entidades públicas de la Comunidad. También a “clientes privados, en relación con servicios de obra civil, edificación y otros servicios de construcción”.

Según adelanta Onda Cero Cantabria, que ha tenido acceso al documento de la investigación, Competencia apunta a indicios que señalan a los empresarios Oscar San Emeterio (vicepresidente de COPSESA), Juan Carlos Echevarría (director general de Cuevas Gestión de Obras), Álvaro Quintanal y Javier Palomera (de Palomera Obras y Proyectos).

Unas horas antes de que se haya hecho pública esta información Palomera ha dimitido como presidente de la Asociación de Constructores de Cantabria alegando “motivos personales” debido a una “imposibilidad sobrevenida”, sin más explicaciones. El comunicado añade que el cese se produce para “preservar el buen funcionamiento de la Asociación, garantizando que la actividad ordinaria, la representación institucional y la continuidad de los proyectos en curso no se vean perjudicados por su imposibilidad sobrevenida de dedicar al cargo la atención y disponibilidad que exige”.

Competencia, que inició esta investigación en marzo de 2025, considera que “existen indicios racionales” de “acuerdos o prácticas concertadas, así como intercambios de información comercialmente sensible, para la manipulación y reparto de las licitaciones”.

En concreto, se investiga si los cuatro empresarios cántabros  “diseñaron y ejecutaron posibles conductas anticompetitivas” en el ámbito de la obra civil. Según el acuerdo de la directora de Competencia al que ha tenido acceso Onda Cero, se podrían enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros.

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