Colectivos sociales cuestionan que se inviertan 12 millones de dinero público en promocionar vuelos: “Cantabria no necesita comprar turistas”
Ecologistas en Acción y las Mesas de Movilidad de Cantabria cuestionan el dinero público que el Gobierno de Cantabria destina a las compañías aéreas que operan desde la comunidad y pide que se destine al transporte público cotidiano. En su opinión, la nueva licitación anunciada por la empresa pública CANTUR para contratar promoción turística en compañías aéreas “constituye otro ejemplo de las prioridades equivocadas del Gobierno”.
El expediente alcanza un valor estimado de más de 12 millones de euros -incluidas las posibles prórrogas y modificaciones- para las siete conexiones nacionales con vuelos a Sevilla, Jerez, Córdoba, Ibiza, Menorca, Almería y Barcelona. Es una previsión de contratación, no una cantidad ya abonada “pero expresa con claridad la magnitud de los recursos públicos que se pretenden comprometer, todo un disparate”, apuntan desde la organización.
En realidad, los pagos se articulan formalmente como contratos publicitarios “pero su finalidad merece un debate público” -considera el colectivo- porque se emplea dinero público para estimular la llegada de visitantes y favorecer una actividad comercial cuyos beneficios se concentran en determinados operadores, “mientras sus costes ambientales y territoriales recaen sobre el territorio y el conjunto de la sociedad”. “La denominación de 'promoción turística' no exime de demostrar la necesidad, la proporcionalidad y el beneficio colectivo del gasto empleado”, subrayan.
La denuncia de los ecologistas se extiende al modelo de captación de turismo nacional e internacional mediante la financiación pública del transporte aéreo, aunque la licitación conocida se refiera exclusivamente a mercados nacionales. En su opinión, el Gobierno de Cantabria debe explicar hasta dónde llega esta política, cuánto cuesta en su conjunto y qué resultados ofrece más allá del aumento de pasajeros y pernoctaciones.
“Cantabria no necesita comprar turistas a cualquier precio”, señalan. “Necesita una política que respete la capacidad de acogida del territorio, proteja sus espacios naturales y garantice que la actividad turística mejore las condiciones de vida de quienes residen aquí”. En su opinión, celebrar cada incremento de visitantes sin evaluar sus consecuencias sobre la vivienda, el agua, los residuos, la movilidad o los servicios públicos “es una huida hacia adelante y forma irresponsable de gobernar”.
Por ello, consideran que resulta especialmente contradictorio presentar Cantabria como un destino sostenible y, al mismo tiempo, destinar recursos públicos a incentivar desplazamientos aéreos sin hacer pública una evaluación suficiente de sus emisiones y de las alternativas disponibles. “La sostenibilidad no puede limitarse a un eslogan publicitario mientras el presupuesto alimenta un crecimiento turístico sin límites explícitos”, critican.
El colectivo hace una distinción con las políticas del turismo social para mayores, inspiradas en el modelo del IMSERSO, que facilitan el descanso, la convivencia y el acceso a unas vacaciones a personas que encuentran barreras económicas o sociales, “y que además tiene una finalidad redistributiva que permite justificar el apoyo público”. Aunque esta finalidad exige, asimismo, condiciones laborales dignas, accesibilidad y criterios ambientales.
Por contra, “captar clientela” para el mercado turístico general no ofrece por sí solo esa justificación social. El dinero público “no debe convertirse en una garantía permanente de demanda para aerolíneas y negocios turísticos” y “la expectativa de que los visitantes gasten dinero no basta para acreditar que cualquier ayuda resulte conveniente para Cantabria”, explican.
Reorientar la inversión al transporte público
Al hilo de estos argumentos, exigen al Gobierno autonómico que revise esta licitación y la política de financiación de la captación turística aérea “para condicionar cualquier gasto a una justificación pública, verificable e independiente de su interés general”. También piden que se publiquen conjuntamente todos los contratos y ayudas vinculados a rutas nacionales e internacionales, con sus importes, beneficiarios, obligaciones y resultados, así como una evaluación del balance social y ambiental, que incorpore las emisiones, los costes para los servicios públicos, la estacionalidad y la calidad del empleo generado.
Por último, solicitan que esos recursos se reorienten hacia el transporte público cotidiano, la conservación del patrimonio natural y el turismo social accesible, con especial atención a las personas mayores y a quienes disponen de menos recursos. “El Gobierno de Cantabria debe dejar de confundir el éxito del sector turístico con el bienestar de toda la Comunidad porque gobernar no consiste en llenar aviones con dinero público sino en decidir qué necesidades merecen atención y qué modelo de territorio se quiere preservar”, expresan.