El Consejo de Gobierno da luz verde al acuerdo para la subida salarial de los docentes tras el pacto alcanzado en marzo

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en su reunión de este jueves al acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes para la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado.

El acuerdo, firmado el 19 de marzo tras año y medio de negociaciones, contempla la recuperación y actualización de mejoras salariales pendientes desde el año 2008, concretamente el tramo retributivo cuya aplicación quedó suspendida como consecuencia de las medidas adoptadas durante la crisis económica.

El Gobierno de Cantabria procede ahora a restablecer este incremento actualizado conforme al IPC, lo que se traduce en una mejora consolidada de las retribuciones del profesorado de 60,23 euros mensuales. Esta medida tendrá efectos retroactivos desde septiembre de 2025 y se abonará a partir de julio de 2026.

A esto se suma un calendario progresivo de incrementos retributivos adicionales hasta el año 2029, que permitirá alcanzar una mejora total consolidada de 180,23 euros mensuales, con carácter lineal y general para todos los cuerpos docentes no universitarios.

El acuerdo incorpora asimismo una revisión del sistema de reconocimiento de la formación permanente del profesorado a través de los denominados sexenios. Se establecen nuevas cuantías más elevadas y un modelo reforzado que incrementa la exigencia formativa -hasta 130 horas acreditadas- y mejora la progresión económica a lo largo de la carrera docente.

Esta medida permitirá incrementar las retribuciones asociadas a la formación, con mejoras adicionales de hasta 158,37 euros mensuales, vinculadas al desarrollo profesional continuo y a la mejora de la calidad educativa.

Además de las mejoras retributivas, el acuerdo contempla actuaciones complementarias orientadas al bienestar y desarrollo profesional del profesorado, como la promoción de políticas de salud laboral, el análisis de nuevos complementos específicos para determinados colectivos, especialmente en el ámbito de la Formación Profesional, y la creación de una comisión de seguimiento que garantice la correcta implantación de las medidas hasta 2029.