Concentración de prostitutas para protestar por su situación. MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS
La dificultad para acceder a los pisos particulares y la movilidad de las mujeres que ejercen la prostitución son los principales factores que impiden conocer el alcance de esta actividad en Cantabria. La prostitución en la comunidad autónoma se practica en clubes de alterne, domicilios particulares, empresas encubiertas, así como en la vía pública. La relación de la prostitución con ciertas conductas delictivas, unida a las características de clandestinidad y consiguiente invisibilidad, estigmatización y la situación de exclusión social en que se encuentran las víctimas de explotación sexual, dificulta en gran medida la obtención de datos, sin que existan hasta el momento estadísticas oficiales al respecto.
De hecho, quienes participan en la identificaciones y detección de posibles víctimas de trata y explotación sexual hacen hincapié en la complejidad de la detección de los casos al existir factores como la dificultad para acceder a los pisos o la movilidad de las mujeres, que se trasladan de un club a otro, entre provincias e incluso entre comunidades autónomas.
Asimismo, hay que diferenciar los casos de explotación con los de trata de mujeres, aunque hay sectores que identifican ambos extremos al considerar que toda prostitución entraña un mecanismo de trata. Según ha manifestado la portavoz de una organización que ayuda a salir de la prostitución a mujeres que lo solicitan, “aunque no todas las mujeres prostituidas son víctimas de trata, es importante no diferenciar la trata de la prostitución como si fueran hechos separados. Lo cierto es que la trata nutre de mujeres y niñas a la prostitución. Es decir, son realidades indisociables. Por eso es imprescindible conseguir una sociedad libre de prostitución”.
De la parquedad de datos existentes, cabe destacar que la Brigada de Extranjería informó que en 2017 se contabilizaron en Cantabria 31 posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, aunque solo tres de ellas accedieron a declarar como testigos protegidos. En 2018 se realizaron 37 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de prostitución; no se registró ninguna víctima de trata con fines de explotación sexual y solo una se declaró como tal en los últimos cinco años hasta dicha fecha.
A pesar del gran número de procedimientos incoados, únicamente finalizan con éxito los que persiguen la explotación de mujeres mediante actos de violencia extrema, coacciones flagrantes o cuando las víctimas son menores de edad. En España, el número de presuntas víctimas explotadas sexualmente en el período 2013-2018 alcanzó las 624.