El Gobierno de Cantabria impide a Podemos recurrir el convenio de privatización sanitaria con Santa Clotilde
El Gobierno de Cantabria ha rechazado dos recursos administrativos de Podemos sobre el convenio singular de privatización sanitaria firmado por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el Hospital Santa Clotilde de Santander con el argumento de que ni personas particulares ni partidos políticos pueden recurrirlo de forma individual.
En el primer caso, un recurso contra el convenio, el argumento ha sido que Mercedes González, coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, no estaría legitimada para recurrir el convenio por resultar “evidente” que era “un recurso interpuesto a título personal”.
En el segundo, un recurso contra la adenda al convenio presentado por Pablo Gómez, en nombre y representación de Podemos, el Ejecutivo autonómico —en una resolución firmada por el propio consejero de Salud, César Pascual (PP)— ha defendido que “procede examinar si Podemos ostenta la condición de interesado” para recurrir este tipo de decisiones administrativas“. Y abunda, en el texto consultado por elDiario.es, ”si ostenta algún derecho o interés legítimo, individual o colectivo, que haya podido ser afectado“ por el tema que denuncia. Esto es, la adenda al convenio singular.
Tras analizar las respuestas del Gobierno, Podemos ha decidido evaluar cómo proceder con su equipo legal. “Primero se dice que un ciudadano no puede recurrir y después que un partido político tampoco tiene legitimación. Si ni los ciudadanos ni sus representantes pueden recurrir decisiones de este tipo, ¿quién puede defender entonces a la ciudadanía frente a decisiones arbitrarias de la Administración?”, se pregunta Mercedes González, coordinadora autonómica de Podemos.
Consejo de Transparencia
Podemos ha recordado que, hasta la fecha, la Consejería de Salud ha entregado documentación sobre el expediente administrativo de forma “progresiva e incompleta” y “solo” tras la intervención del Consejo de Transparencia.
Por este motivo, el partido político ha presentado un nuevo escrito ante el Consejo de Transparencia y el Tribunal de Cuentas sobre el convenio que compromete más de 256 millones de euros de dinero público hasta el año 2042.
La coordinadora autonómica de Podemos ha advertido de que “es muy preocupante” que el expediente sobre un convenio de tal magnitud, que condiciona el gasto sanitario y el presupuesto de la comunidad autónoma, se esté conociendo “a cuentagotas”. “Precisamente por ser un convenio de esta envergadura, la transparencia debería ser absoluta”, ha zanjado.