Cronología de una privatización sanitaria: recalificaciones, subcontrataciones, sobrecostes y un recurso judicial
Hace tres años hubo un primer movimiento que pasó desapercibido y hoy tiene otra lectura. El Ayuntamiento de Santander recalificó la parcela del amplio recinto del hospital privado Santa Clotilde con vistas a la bahía para poder edificar en los jardines de la zona sur y en el actual aparcamiento.
Ahora se explica la operación. El convenio singular de privatización sanitaria que ha firmado el Gobierno de Cantabria con el centro sanitario exige más infraestructuras de las que tiene ahora. Más camas, más quirófanos y aparatos, más salas y consultas que requieren construir otro edificio. Algo que ya estaba previsto antes de hacerse pública la privatización.
El centro hospitalario ha confirmando a este periódico que se encuentra actualmente “en fase de elaboración del proyecto correspondiente al plan de ampliación previsto”. En realidad, el Gobierno de Cantabria ya reconoció en su día que el convenio se ha firmado para “dar estabilidad” a la orden religiosa que sostiene este centro hospitalario porque quiere hacer una inversión.
Lo cierto es que el acuerdo del Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el centro religioso hasta 2042, por importe de 256 millones de euros, se ha convertido en el epicentro de la polémica política esta legislatura. Aunque ni siquiera existe una fotografía oficial de la firma del convenio que el Gobierno de Cantabria trató de hacer pasar inadvertido.
Por ahora se sabe que el centro recalificó los terrenos para ampliar el hospital, que el Gobierno modificó la ley para poder firmar un convenio singular con este centro, que se le adjudicó por ser una institución “sin ánimo de lucro” a pesar de que subcontrata servicios con la empresa HT Medica. También que no dispone del personal, material ni infraestructura necesaria; que se privatiza el cribado de cáncer de mama y de colon, que necesitó tres informes jurídicos hasta tener el visto bueno de los técnicos, que un informe oficial advirtió que el “elevado” coste comprometía todo el presupuesto de la comunidad y que, sin echar a andar, va a costar 40 millones más de lo presupuestado inicialmente.
Todo de ello salpicado por un conflicto de intereses, voces críticas, un recurso judicial y el contratiempo de la ausencia de presupuesto en Cantabria para 2026 que complica aún más su ejecución.
Décadas de asistencia sanitaria
Santa Clotilde llevaba décadas prestando asistencia sanitaria al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander a través de contratos que salían a concurso público cada cuatro años. La novedad, ahora, es que el Gobierno del Partido Popular ha decidido adjudicárselo directamente al centro religioso sin concurso previo y por un periodo de 16 años, hasta 2042, prorrogable otros cuatro años más. También se añaden nuevos servicios: se privatizan las unidades de cribado de cáncer de mama y colon que hasta ahora prestaba la sanidad pública.
Detrás de la operación están los dos protagonistas de la fórmula público-privada para reconstruir Valdecilla: La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), y el consejero de Salud, César Pascual (PP). Cuando se adjudicó el contrato a una filial de Ferrovial, para privatizar todos los servicios no sanitarios, Buruaga dirigía la Consejería de Sanidad y Pascual era el gerente del hospital público.
El tándem político ha vuelto al poder esta legislatura y está replicando la fórmula, en este caso, privatizando asistencia sanitaria. El convenio singular con Santa Clotilde no será el único, ya que han anunciado que firmarán acuerdos semejantes con el Centro Hospitalario Padre Menni o con la Mutua Montañesa.
Primeros indicios
El primer indicio de la operación fue posiblemente la recalificación urbanística de Santa Clotilde. El segundo paso, en diciembre de 2024, fue introducir una enmienda de última hora en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de Cantabria para permitir una 'sanidad concertada', similar al sistema privado sostenido con fondos públicos de la Educación. Se estableció con este trámite la figura del convenio singular para privatizar sin licitación y por un período máximo de 24 años.
En paralelo, el hospital Santa Clotilde publicó en su memoria anual que se estaba tramitando un acuerdo de vinculación con el Servicio Cántabro de Salud para definir la cartera de servicios. Ya había habido varias reuniones entre el centro privado y las autoridades públicas. Pero, entonces, todavía no había trascendido.
Ese año, Santa Clotilde abrió un servicio de Urgencias e inició la nueva Unidad de Radiodiagnóstico en colaboración con la empresa HT Médica con la presencia del consejero cántabro, César Pascual.
Trama paralela de las mamografías
Entonces no se sabía, pero desde hacía dos meses el Gobierno de Cantabria ya estaba redactando el contrato menor para externalizar la lectura de mamografías del programa de detección precoz del cáncer de mama. Un contrato por importe de 14.900 euros que se firmó en enero, del que nadie informó.
Se pidieron tres presupuestos. Quirón Salud ofreció leer 500 mamografías y la empresa que opera en Santa Clotilde, HT Médica, algo más del doble: 1.050. Todo permaneció en secreto hasta que la polémica nacional de las mamografías andaluzas revolvió el asunto.
Entonces, el consejero de Salud dijo públicamente que había 3.900 mujeres esperando los resultados de sus mamografías y que para solucionar este retraso iba a encargar la lectura de 1.000 pruebas con Santa Clotilde. Un millar de pruebas que el centro privado ya tendría que haber leído a final de junio. Pero César Pascual no mencionó el contrato. Es más, hizo creer que se iba a hacer en ese momento cuando Santa Clotilde ya llevaba haciéndolo nueve meses.
Un acuerdo secreto
Estos fueron los movimientos previos que ahora unidos por un hilo dibujan la línea de la operación. Pero la primera noticia que se tuvo del convenio fue el silencio. El Consejo de Gobierno aprobó en octubre de 2025 un gasto de 216 millones para privatizar servicios sanitarios con Santa Clotilde. La operación no trascendió hasta que la desveló este periódico. El Ejecutivo de Buruaga omitió ese acuerdo en el comunicado que hizo público.
El consejero de Salud se vio obligado a dar explicaciones. En una rueda de prensa, a preguntas de este periódico, insistió reiteradamente en que no se sabía qué servicios sanitarios incluía el convenio, cuando lo conocía desde julio según un informe oficial que lo detalla.
El expediente, al que tuvo acceso la formación política Podemos, tras una denuncia en Transparencia, desvela que la Consejería de Salud había decidido privatizar los cribados del cáncer de mama y colon cuatro meses antes de anunciarlo. Aún así, César Pascual lo negó ante los medios de comunicación.
Dos semanas después, el 31 de octubre, se publicó el convenio en el Boletín Oficial de Cantabria. Lo firman Luis Carretero, el gerente del Servicio Cántabro de Salud, y Juan José Afonso, en representación de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, titular del Hospital Santa Clotilde. Sin publicidad ni fotografías.
El convenio, que se firmó sin anunciarse, escondía una sorpresa mayúscula: 40 millones más de lo inicialmente previsto. A pesar de que este periódico desveló que un informe oficial advirtió -sin ningún éxito- del “elevado compromiso presupuestario” que repercutirá en todo el sector público y obligará a tomar “medidas de priorización del gasto en todo el sector público”.
Además, el convenio se otorgó al centro religioso en su calidad de entidad sin ánimo de lucro, pese a que subcontratará algunos servicios sanitarios privatizados que presta la empresa HT Médica que opera dentro de Santa Clotilde.
Tres meses después se publicó una adenda al convenio: el hospital tiene garantizada el 99% de la financiación aunque no cumpla los objetivos del convenio privatizador de servicios sanitarios que firmó con el Servicio Cántabro de Salud (SCS).
Recurso en los tribunales
A raíz de estas circunstancias, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha llevado el asunto a los tribunales y exige la nulidad del “irregular y oscuro” convenio singular por el que el Servicio Cántabro de Salud ha puesto en manos del hospital privado “una porción importante de determinadas áreas asistenciales que se sustraen del servicio público”.
La polémica se trasladó a la tribuna parlamentaria y ha salpicado incluso al grupo parlamentario socialista por un conficto de intereses: la diputada del PSOE Eva Salmón es a su vez la directora de Recursos Humanos de Santa Clotilde y se tuvo que ausentar de la Cámara en la votación del proyecto de presupuestos que avalaba los 256 millones para el centro religioso. Minutos antes el portavoz socialista había criticado duramente el acuerdo.
El último capítulo es un “problema” económico sobrevenido: el presupuesto autonómico congelado por falta de mayoría parlamentaria que avale las cuentas. “Como no nos han aprobado el presupuesto, mi situación es la misma que en enero de 2025: no puedo aumentar la actividad en Santa Clotilde. Sobre esa actividad vamos a ver si podemos reprogramar algo, pero el presupuesto es ese”, ha reconocido el consejero de Salud.
Desde el Gobierno de Cantabria se sigue defendiendo el acuerdo. La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho recientemente: “Jamás hemos privatizado la asistencia sanitaria”.