La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria ha presentado un recurso contencioso para demandar la nulidad del “irregular y oscuro” convenio singular por el que el Servicio Cántabro de Salud (SCS), bajo las órdenes del consejero César Pascual (PP), ha puesto en manos del hospital privado Santa Clotilde (HSC) “una porción importante de determinadas áreas asistenciales que se sustraen del servicio público”.
El convenio se firmó “en la oscuridad, sin anunciarse debidamente ni incluirse en el muy publicitado pero nada justificado ni argumentado económicamente Plan de Salud 2025-2029”, precisan desde la Plataforma. La adjudicación se firmó inicialmente por 216 millones y unas semanas después se incrementó en 40 millones más, una vez fue oficial.
Un acuerdo “con urgencia y grandes dosis de ocultismo” -ha subrayado una de representantes del colectivo, Blanca Parra- que ha explicado que el convenio singular es “una figura excepcional que solo puede hacerse cuando existen razones objetivas, concretas y debidamente acreditadas”. Sin embargo, en este caso falta la memoria técnica -que la tiene que realizar la Subdirección de Asistencia Sanitaria y tiene que especificar por qué es singular y no está sometido a licitación pública- además de la memoria económica y el certificado de crédito adecuado y suficiente, según advierte.
El recurso lo han presentado cuatro asociaciones -Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria, Ecologistas en Acción, Asamblea de las Mujeres de Cantabria y Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca- porque la Plataforma no posee entidad jurídica propia y no puede ejercer esta acción en los tribunales.
Un convenio “peculiar”, “en diferido” y que “externaliza” las competencias estatutarias del Gobierno de Cantabria, ha explicado Fernando Rodero, que son los principales argumentos sobre los que está planteado el recurso contencioso administrativo.
El representante de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria ha explicado que es un convenio “dadivoso, generoso” porque -según ha admitido públicamente el propio consejero de Salud- la dotación se efectúa para “dar estabilidad” a la orden religiosa que lo gestiona, San Juan de Dios, porque “quiere hacer una inversión muy importante de casi 60 millones” y “pronto empezará a construir un bloque con nuevos quirófanos” y “a dotarse de tecnología que hasta ahora no tenía”. Por esta cuestión Rodero alude al concepto de “convenio diferido”.
La Plataforma estima que esta millonaria dotación presupuestaria a una empresa privada “obviamente impide mejorar los servicios correspondientes en los hospitales públicos que se pagan con nuestros impuestos”. “¿Cómo vamos a paliar los acuciantes problemas de dotación material y de personal que nuestro sistema público padece si el dinero destinado a tales mejoras se destina a un hospital privado y a un negocio particular?”, se ha preguntado Rodero.
En paralelo, Rodero ha señalado que el Gobierno de Cantabria, según sus estatutos, tiene la obligación de proporcionar asistencia sanitaria, pero ahora una parte importante de estas competencias las externaliza al sector privado.
Convenio sin competencia
El acuerdo se pactó rehuyendo el concurso con otros posibles prestadores y recurriendo a una disposición extraordinaria para la contratación directa introducida en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria para situaciones urgentes o excepcionales. “Pero se hizo, tal como aducirá nuestra demanda, sin cumplir las exigentes condiciones y justificaciones legales requeridas para tal excepcionalidad”, han asegurado.
La adjudicación puede considerarse además “un auténtico regalo o un chollo en cuanto a las exigencias de calidad”, pues una reciente adenda al contrato publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) establece que la máxima penalización económica al HSC por posibles incumplimientos será del 1%, si no se alcanza el 80% de los objetivos pactados, y del 0% si se supera ese umbral.
“Es una autentica tomadura de pelo a todas las cántabras”, ha criticado el médico Fernando Rodero, para el que “no se puede emplear el dinero público con esta ligereza”. También ha añadido que el convenio no se puede interrumpir cuando se quiera, sino que por el contrario “no se puede interrumpir por las buenas” porque responde a la Ley de Contratos Públicos.