El convenio singular para privatizar servicios sanitarios públicos con el Hospital Santa Clotilde supondrá 40 millones de euros más de lo anunciado por la Consejería de Salud. El Gobierno de Cantabria pagará 16 millones anuales durante los próximos 16 años. Una cifra que eleva considerablemente, hasta los 256 millones, los 216 millones que había anunciado el responsable de la sanidad pública, César Pascual (PP).
A la vez, esta cantidad, también es el doble de lo que venía percibiendo el hospital privado en la anterior legislatura (8,4 millones) por las prestaciones de hospitalización, cirugía y rehabilitación que ya realizaba el centro médico religioso. El propio consejero ha reconocido que durante las dos legislaturas anteriores en las que gobernaban regionalistas (PRC) y socialistas (PSOE), Cantabria pagaba anualmente casi la mitad: 8,4 millones.
Pascual atribuyó la subida del gasto al incremento de los precios por la inflación y a que también hay mayor actividad porque ha subido la presión asistencial. Aunque ahora, el incremento del coste, también incluye el pago de las nuevas privatizaciones de cribado de cáncer de mama y colon que hasta ahora realizaba la sanidad pública.
El consejero de Salud ha reconocido recientemente que el convenio se firma para “dar estabilidad” a la orden religiosa “que quiere hacer una inversión muy importante de casi 60 millones”, y que “pronto empezará a construir un bloque con nuevos quirófanos” y a dotarse “de tecnología que hasta ahora no tenían”.
Publicación del convenio en el BOC
El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este viernes el convenio singular que regulará a partir del 1 de enero de 2026 el acuerdo entre el Servicio Cántabro de Salud y el hospital privado durante los próximos 16 años prorrogable hasta los 20.
No obstante, las condiciones técnicas y económicas podrán modificarse, hasta un máximo del 20% del precio inicial, cuando las necesidades del Servicio Cántabro de Salud fuesen superiores a las estimadas inicialmente. Es decir, si se decide privatizar “más modalidades asistenciales no previstas inicialmente” o si derivan más pacientes de los que se han calculado.
En el texto del acuerdo, consultado por elDiario.es, se reconoce que el sistema público de salud de Cantabria “no dispone ni de los medios personales ni materiales suficientes” para alcanzar las metas del Plan de Salud respecto a la atención de personas con pérdida de autonomía ni para cumplir la garantía de tiempo máximo de respuesta en procedimientos quirúrgicos, consultas médicas y pruebas diagnósticas.
El convenio sustituye desde principios de año a los dos contratos actualmente en vigor que finalizan el 31 de diciembre: el de procedimientos quirúrgicos y el de hospitalización de media y larga estancia.
El nuevo acuerdo no modifica sustancialmente las prestaciones que ya realizaban en el centro privado: hospitalización de pacientes crónicos, geriátricos y dependientes, fracturas de caderas y rehabilitación que venía realizando hasta ahora. A ello se suma la privatización de dos servicios sanitarios públicos: la unidad de detección precoz de cáncer de mama y el programa de cribado de cáncer de colon.
Una adenda detallará los objetivos
El texto del convenio obliga a constituir dos órganos de control: una comisión de seguimiento que se reunirá cada seis meses y un grupo de trabajo, que lo hará cada dos. Este úlitmo será el órgano permanente de coordinación y continuidad del cual formarán parte representantes del Servicio Cántabro de Salud, de la dirección de los Hospitales Marqués de Valdecilla, Sierrallana y Laredo, de la dirección de la Gerencia de Atención Primaria y de la dirección del Hospital Santa Clotilde.
El incumplimiento de indicadores de resultados de salud podrá dar lugar a deducciones que no tendrán el carácter de penalidad, aunque el acuerdo matiza que los objetivos de resultados en salud vinculados al presente convenio “tendrán carácter dinámico y podrán ser objeto de revisión y actualización durante su vigencia, mediante la correspondiente adenda”.
El grado de cumplimiento de los objetivos de resultados en salud vinculados al presente convenio quedará detallado en una adenda, en la que se concretarán los indicadores, los umbrales de referencia y las consecuencias derivadas de su incumplimiento. “Hasta la aprobación de dicha adenda, y en tanto no estén definidos y validados de manera conjunta dichos objetivos, no se aplicarán deducciones vinculadas a resultados en salud”, especifica el convenio singular publicado en el BOC.