El hospital Santa Clotilde tiene garantizada el 99% de la financiación aunque no cumpla los objetivos del convenio privatizador de servicios sanitarios que firmó con el Servicio Cántabro de Salud del Gobierno de Cantabria el pasado 30 de octubre. Un convenio que supondrá una inyección de 256 millones de euros, 40 más de los que anunció el consejero de Salud, César Pascual.
El dinero público que recibirá el centro privado religioso por la privatización de servicios sanitarios, 15,9 millones al año durante los próximos veinte años, estará sujeto al cumplimiento anual de objetivos, pero solo se penalizará con una merma del 1% de los ingresos cuando no alcance al menos el 80% de los objetivos.
El Gobierno de Cantabria ya reconoció en su día que el convenio se ha firmado para “dar estabilidad” a la orden religiosa porque quiere hacer una inversión.
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica ahora una adenda al convenio singular con Santa Clotilde que establece cómo se medirá la calidad del servicio con la salvedad de que la penalización económica será mínima: solo el 1% de la financiación es variable.
Una comisión de seguimiento se encargará de valorar el grado de cumplimiento en función de unos parámetros establecidos en este documento anexo. Por tanto, el convenio -ya en vigor desde el uno de enero- se evaluará una vez al año y en el caso de que se detecten “desviaciones” del pliego, se elaborará un plan de mejora de seguimiento semestral.
Así, se valorarán varios conceptos. La mayor puntuación se la lleva la rapidez con la que atiendan a los pacientes, según el porcentaje de pacientes que atiendan en menos de dos meses y las consultas que realicen antes de que pasen 20 días desde que el enfermo sea derivado al hospital privado.
La actividad quirúrgica -en las diez especialidades que se contemplan- sumará otros 30 puntos, siempre que los índices de mortalidad, complicaciones y reingresos no superen los umbrales que establece el Servicio Cántabro de Salud. En este sentido, a las operaciones de traumatología -caderas, sobre todo-, oftalmología y cirugía general se añaden en el catálogo de servicios sanitarios privatizados cirugías vasculares, operaciones ginecológicas y de urología, maxilofacial, otorrinolaringología y cirugía plástica.
Por último, la tercera de las variables que computará para el cumplimiento de objetivos serán los índices de hospitalización de media y larga estancia.
Comisión de seguimiento
La comisión de seguimiento estará formada por diez miembros. Por parte del Servicio Cántabro de Salud: el gerente y los subdirectores de gestión económica y de asistencia sanitaria, y los responsables del área de gestión económica y de Conciertos Sanitarios. Por parte del hospital: el director del centro, el director médico, el director económico y otros dos reponsables que designe Santa Clotilde. Actuará como secretario un funcionario adscrito al Servicio Cántabro de Salud designado por el presidente.
La Comisión se reunirá semestralmente para analizar el seguimiento del convenio y tratar las cuestiones que se le planteen en relación con él. Igualmente se reunirá cuando así se solicite por el Servicio Cántabro de Salud o por el Hospital Santa Clotilde.
Grupo de trabajo de los hospitales públicos
En paralelo, el convenio singular establece que se constituirá un grupo de trabajo permanente de coordinación y continuidad del cual formarán parte representantes de la subdirecciones del Servicio Cántabro de Salud con competencias en materia de asistencia sanitaria y en calidad y cuidados, de la dirección de los Hospitales Marqués de Valdecilla, Sierrallana y Laredo, de la dirección de la Gerencia de Atención Primaria y de la dirección del Hospital Santa Clotilde.
Este grupo de trabajo se reunirá, al menos, cada dos meses y tantas veces como se crea necesario, para una mejor coordinación entre los recursos asistenciales implicados en el convenio dando cuenta de su actuación a la Comisión de Seguimiento.
Polémico convenio de 256 millones de euros
El polémico convenio singular entre el SCS y el Hospital Santa Clotilde para la privatización de servicios sanitarios por un plazo de 16 años -prorrogable por otros cuatro- incluye además la gestión de los programas de cribado de cáncer de mama y colon con la realización de mamografías y endoscopias. Precisamente, el día antes de publicarse en el BOC este añadido al contrato la formación política Podemos denunció que no ha sido facilitados documentos esenciales que, en su opinión, la ley exige para justificar este tipo de acuerdos.