La legislatura del PSIR: el Gobierno del PP impulsa seis proyectos de recalificación de suelo para promotores privados
La política industrial del Gobierno de Cantabria se ha tratado de dibujar a golpe de PSIR, un urbanismo a la carta para poder ejecutar proyectos algunos de ellos de promoción privada, como las iniciativas de Olucas, del Centro de Datos Altamira, de Real de Piasca en Santander, de Castro Urdiales y del polígono de Solía. Quizá el más llamativo sea el PSIR para que una empresa madrileña construya un hotel de lujo sobre un palacio del siglo XVII entre Santillana del Mar y Suances, el Palacio del Corro.
Las siglas de Proyecto Singular de Interés Regional cada vez están causando más rechazo entre los ciudadanos y, por otro lado, es una figura que utiliza cada vez más mayor frecuencia el Gobierno de Cantabria para desarrollar cualquier iniciativa.
Es un instrumento que agiliza los trámites para construir un polígono u otro tipo de equipaciones siempre que el proyecto tenga un interés público. La figura se ha ido desdibujando con sucesivas reformas legislativas hasta el punto de que, en estos años de gobierno del Partido Popular en Cantabria ya se permite aplicar para construir vivienda libre, a precios de mercado. Es decir, que el Gobierno puede expropiar casas y propiedades de cualquier ciudadano para que un promotor privado haga negocio siempre que, también añada alguna equipación pública.
La novedad de la legislatura, reflejada en los últimos proyectos, es que se ha abierto la puerta a declarar un PSIR para construir vivienda libre. Lo aprobaron el PP y Vox con sus votos cuando dieron el visto bueno a la Ley de Simplificación Administrativa –cambió 24 leyes y 22 decretos– cuyo articulado escondía este cambio.
De hecho, dos de ellos se han abrazado a esta vía. El PSIR que anunció la presidenta Buruaga en Castro Urdiales para hacer 1.700 viviendas –libres, en su mayoría– que reserva terreno para el hospital que prometió en la campaña electoral, y el PSIR también de promoción privada de Real de Piasca en Santander: cerca de 8.000 viviendas y la ciudad de la justicia, que justifica el interés público. Un proyecto que, por sus dimensiones –supone recalificar ocho kilómetros de terrenos rústicos– condiciona el desarrollo urbanístico de Santander con una iniciativa privada que diseña una miniciudad paralela sin intervención pública, siguiendo un proyecto de un arquitecto norteamericano.
La operación ha alarmado a los vecinos de Rucandial tras el anuncio de que se van a derribar 37 casas. También llama la atención que se haya desarrollado a espaldas del Ayuntamiento de Santander, principal afectado. El proyecto es un macro PSIR que incluye construir calles, plazas, puentes, aparcamientos y una torre comercial de 30 pisos. A cambio, como es preceptivo, cederá para uso público la franja de terreno más cercana a la costa, sobre la que en teoría no se puede construir pero que también va incluida en el PSIR.
Conviene tener en cuenta que para que un PSIR salga adelante el promotor tiene que presentar un aval por el 4% de la inversión proyectada. En el caso de Real de Piasca o Altamira esta garantía adquiere una proporción millonaria.
Olucas, el presunto interés público de una piscina de surf privada
En los últimos meses, el Ejecutivo del Partido Popular ha anunciado otros dos Planes Singulares de Interés Regional que han levantado polémica. Olucas, una piscina artificial de surf en el corazón del pueblo de Villaverde de Pontones que estima atraer a 200.000 visitantes al año y el PSIR del polígono de Solía, que se pretende hacerse sobre terrenos rústicos protegidos modificando la ley del POL.
Respecto a la piscina de Olucas, un proyecto de promoción privada, no ha quedado acreditado por el momento el interés público de una iniciativa que ha levantado recelos en el propio pueblo, aunque el Gobierno de Cantabria defiende que será -de manera genérica- “una oportunidad única de generar empleo, riqueza y nuevas oportunidades para Cantabria”, en palabras del consejero de Fomento, Roberto Media, en la Comisión parlamentaria para explicar el proyecto a los grupos políticos. Una comparecencia que generó una fuerte polémica y los recelos de todos los grupos parlamentarios hacia el proyecto. Nadie acaba de ver claro que la piscina de surf privada tenga un interés público que justifique el PSIR y que, por otro lado, necesita el equivalente de agua de diez piscinas olímpicas.
Cantabristas ha convocado una manifestación contra el proyecto el sábado 31 de octubre a las doce de la mañana.
Altamira y Solía
El proyecto Altamira, para instalar un centro de datos, ha sido una de las iniciativas más cuestionadas porque ni siquiera tiene todavía la potencia eléctrica necesaria para funcionar, aunque el Gobierno de Cantabria insistió en un principio con que bastaba con enchufarse a la estación de Penagos. Después, ya admitió la falta de energía y ahora trata de que el Ministerio rectifique el reparto inicial de megavatios a nivel nacional y la comunidad reciba la potencia de 500 megavatios que requiere esa instalación.
El proyecto Altamira está impulsado por una sociedad privada, Stoneshield Capital, cuya mayoría de acciones han pasado hace poco a manos de un fondo inmobiliario extranjero. En principio, se anunció una inversión de 3.600 millones de euros. Las obras iban a empezar en enero de este año, pero no se ha dado ningún paso.
Es un proyecto que se anunció en tres fases. Solo se ha adquirido parte del terreno para la primera. El resto del parque tecnológico Altamira se proyecta sobre los terrenos del polígono de Solía, que se bautizará con el nombre de Federico Cobo. Esta zona está protegida por el Plan de Ordenación del Litoral –al estar en los márgenes de la ría– y sobre ella no se puede actuar. Por eso, el Gobierno de Cantabria va a modificar el POL aprovechando la Ley de Vivienda de Cantabria. En una disposición final pretender aprobar esta reforma para desproteger el suelo y dar vía libre al polígono para asentar el Campus Altamira, de iniciativa privada.
Laredo y La Pasiega
Otros PSIR vienen de atrás como La Pasiega, que se proyecta sobre algunos de los terrenos más fértiles de Cantabria, que hasta ahora ha avanzado con dificultades, o el de Laredo, quizá el más dramático de todos por la cantidad de personas afectadas que perderán sus casas. Un macroparque industrial de medio millon de metros cuadrados que afectaba a tres barrios con más de 50 viviendas y 300 parcelas.
Finalmente, el Gobierno de Cantabria reculó y redujo un 65% su tamaño. La superficie pasa de 533.814 metros cuadrados, del plan inicial, a 187,721 metros cuadrados en la nueva propuesta, con un 65% menos de terreno. Respecto a las viviendas, se reducen de 47 a 11, mientras que los vecinos afectados descienden de 307 a 102, tras la fuerte presión de los vecinos.
Otros PSIR, como el de las Excavadas en una zona de praderías entre Torrelavega y Cartes, son la historia interminable de un conflicto dramático para los afectados que llevan una década con la amenaza de la expropiación. En mayo, la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio dio el visto bueno a la declaración ambiental estratégica. A pesar de que la Asamblea en Defensa de Las Excavadas lleva años denunciando el impacto que supondrá eliminar estos terrenos agrícolas.
“Los PSIR se proyectan sobre los terrenos más fértiles”, expuso Carlos García, de ARCA en un reciente encuentro organizado por Cantabria no se vende en Hazas de Cesto para hablar de esta figura urbanística. “Ni la Thatcher tocaba el suelo rústico” -apostilló- “pero Cantabria lo hormigona, acaba con miles de años de evolución”. García argumentó que las mieses tardan miles de años en formarse y que en Europa y en otras comunidades autónomas están muy protegidas“.