PP y Vox pactan 19 enmiendas a la Ley de Autoridad del Profesorado que se aprueba el lunes
El Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en los centros educativos de Cantabria irá al Pleno del Parlamento de este próximo lunes, 26 de octubre, para su debate y aprobación, tras la incorporación, este miércoles, de un total de 19 enmiendas parciales presentadas por PP (4) y Vox (10) cinco de ellas de forma conjunta.
Ha sido en la Comisión de Educación, en la que se han rechazado en cambio las registradas por el PRC (34), el PSOE (8) y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio. Según el portavoz 'popular' en la misma, Álvaro Aguirre, el texto elaborado por el Gobierno autonómico (PP) --estructurado en 20 artículos-- es “bueno”, aunque hay “pequeñas cosas” a mejorar y matizar, de ahí las enmiendas presentadas y aprobadas.
Entre las que han salido adelante, figuran algunas orientadas a reconocer el derecho a la desconexión digital de los docentes, acotar la suspensión del derecho a asistencia cuando se trata de una medida provisional hasta un máximo de cinco días, puntualizar las conductas que dificulten o impidan el derecho a aprender o el deber de estudiar y que se tipifiquen específicamente como perjudiciales para la convivencia.
Además, fruto del acuerdo con Vox y que permitirá al PP, en minoría parlamentaria, sacar adelante la norma, ambos grupos han registrado cinco enmiendas adicionales conjuntas, una de ellas para especificar, dentro de esas conductas perjudiciales para la convivencia, la captación y difusión de imágenes o audios.
El resto de las consensuadas servirá para precisar, en el ámbito del acoso escolar, que se priorizará la separación del grupo de la persona o personas a las que se atribuyan esas conductas; precisar qué ocurrirá cuando se produzcan daños a través de medios digitales; o reconocer programas específicos de mediación dentro de las medidas educativas cuando exista un conflicto.
El parlamentario 'popular' ha defendido que el profesorado necesita autoridad jurídica en sus funciones, como la que otorgará este ley, y ha considerado que dicha condición “no es un privilegio”, sino “la garantía de que pueda desarrollar su labor con el respeto que merece, porque sin autoridad no hay aprendizaje posible”, ha sentenciado.
A su juicio, la autoridad docente y pedagógica “es la mejor garantía de la convivencia” y ambos conceptos -ha añadido Aguirre- van unidos en la norma que se va a aprobar porque “en la práctica son inseparables”. “Esta ley construye un triple enfoque muy importante para las aulas de Cantabria: el preventivo, el disciplinario y el resolutivo. Busca anticiparse a los conflictos, ordenarlos cuando surgen y resolverlos con eficacia”, ha resumido el diputado del PP.
En cuanto a la postura del PP, ha justificado el voto a favor de las enmiendas de Vox porque “enriquecen” el texto en aspectos “altamente positivos”, como los derechos del profesorado y el ejercicio de la función docente, la mejora de los protocolos de convivencia o el reconocimiento de todas las modalidades de acoso y violencia. Y aunque los 'populares' ven algunas de las presentadas por Palacio “francamente interesantes”, no las han aceptado porque “no tienen encaje” en el texto del Gobierno.
Mientras, se han opuesto a las del PSOE porque “están muy poco trabajadas, no casan con el modelo de ley que defendemos, son antagónicas o pisan” otras enmiendas, del PP y PRC. Y han rechazado las de este último partido porque son “un volcado” de la enmienda a la totalidad que presentaron, como también hicieron los socialistas, y que fueron tumbadas ambas.
Por su parte, el diputado de Vox Armando Blanco ha indicado que han votado 'no' a las de Palacio, PSOE y PRC por “no aportar nada al texto, ser reiterativas, no guardar los mínimos de calidad técnica” o ser “contrarias al objetivo de la norma”.
Desde el PSOE, el parlamentario Jorge Gutiérrez ha explicado que las propuestas de su grupo no son “un obstáculo” a la ley, sino “una oportunidad para mejorarla” y convertirla en una “herramienta verdaderamente útil”.
Así, ha explicado que persiguen una norma “más clara, garantista y eficaz”, que proteja al profesorado sin renunciar a los derechos del alumnado y que combine la corrección de las conductas con la prevención, la reparación y la educación.
Finalmente, la regionalista Teresa Noceda ha negado que con las 34 enmiendas de su grupo reproduzcan el texto alternativo que ya presentaron y fue tumbado, sino que se orientan a “corregir las carencias reales” que han encontrado y para que Cantabria tenga una norma que “no se limite a reconocer la autoridad del profesorado, sino que garantice su protección y proporcione a los centros herramientas para mejorar la convivencia”, pues esta es “una responsabilidad compartida”.
Así, el PRC se ha opuesto a las enmiendas de PP y Vox al entender que la ley que han pactado “debería dar bastante más espacio a la prevención, a la protección efectiva y a las obligaciones de la Administración”.