No disparen al periodista
Las muertes de seis jóvenes por culpa del puente de El Bocal que se vino abajo sobre el abismo de un estrecho acantilado y las secuelas físicas y emocionales que sufre otra víctima tiene responsables. Precisamente por eso quienes se ven señalados se han apresurado en exculparse y se han hecho los ofendidos porque los medios de comunicación ya estábamos tratando de armar el puzle de lo sucedido antes de lo que a nuestras autoridades les parecía conveniente.
Todas las administraciones están a la espera de la investigación judicial, como si una posible responsabilidad penal pudiera neutralizar o retrasar la responsabilidad política. Para eso no hace falta esperar al veredicto.
Los hechos no tienen que conocerse solo en el tiempo y en la forma que les interesa a nuestras autoridades. Menos cuando la propia alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), confesó que habían pactado una tregua: “Se ha acordado que no nos vamos a pegar políticamente mientras estemos en esta fase del rescate”, espetó ante los medios en esas primeras horas.
A los periodistas —como a todos los ciudadanos— también nos ha perturbado profundamente la tragedia. Los principales medios de comunicación de Cantabria han realizado un gran trabajo, riguroso y profesional, investigando por su cuenta ante la ausencia de explicaciones oficiales.
Aunque las informaciones que se han publicado hayan molestado a nuestras autoridades. Ha dado la impresión de que todos pueden hacer su trabajo —los responsables de emergencias, los jueces, los médicos— menos los periodistas. Nosotros, según parece, nos tenemos que limitar a retransmitir al dictado única y exclusivamente lo que se nos indica desde las administraciones implicadas. Porque están todas implicadas, aunque alguna insista en lo contrario.
Durante estos días —con el delegado del Gobierno de Cantabria, Pedro Casares (PSOE), de viaje en México en asuntos de su partido porque no ha considerado necesario adelantar su regreso— nadie ha asumido ninguna responsabilidad por no haberse ocupado en más diez años del mantenimiento del maldito puente de madera. El Ayuntamiento de Santander insiste en que es una obra inacabada, aunque estaba en uso y se promocionaba desde carteles y propaganda municipal.
Únicamente el secretario de Estado, Hugo Morán (PSOE), cuyo Ministerio construyó la senda costera hace más una década —aunque fuera con otro partido en La Moncloa—, apuntó a una responsabilidad compartida entre Demarcación de Costas, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Por lo menos no salió de la ecuación como ha hecho la alcaldesa.
Cuando los medios de comunicación desvelaron que el día antes un ciudadano alertó del peligro y la policía local no hizo nada, Gema Igual convocó una rueda de prensa para sacudirse la responsabilidad. Dijo que ella “no va a ser culpable de las responsabilidades individuales que tiene cada uno”.
Hasta tal punto que ni siquiera pidió disculpas a los familiares de las jóvenes por la negligencia municipal —“la cadena de respuesta no funcionó”, suavizó ella— como si la Policía Local no fuese responsabilidad suya.
Los ciudadanos están ofendidos con la negligente actuación de las administraciones, la falta de disculpas públicas y el lamentable espectáculo de escurrir el bulto que están ofreciendo
La presidenta de Cantabria y la alcaldesa de Santander están equivocadamente ofendidas con las informaciones que se han publicado sobre las competencias del mantenimiento de la pasarela, la actuación del 112 y de la Policía Local. “Que se depuren todas las responsabilidades que se tengan que depurar, pero que lo digan los jueces”, reprochó Buruaga.
Solo hay que salir a la calle, subir a un autobús o echar un vistazo a las redes sociales para ver que nadie está enfadado con los medios de comunicación por contarlo. Los ciudadanos están enfadados con las instituciones. No con nosotros, que seguimos tratando de hacer todo lo posible por informar pese a las dificultades que nos ponen.
Los ciudadanos están ofendidos con la negligente actuación de las administraciones, la falta de disculpas públicas y el lamentable espectáculo de escurrir el bulto que están ofreciendo. ¿En serio alguien es tan ingenuo de pensar que si los periodistas no desvelan la llamada al 112 ellos nos lo hubieran confesado?
Durante estos años hemos escuchado insistentemente a la alcaldesa reclamando a Costas que reponga la arena de las playas de Santander y que finalice la obra de los diques. Piensen cuántas veces la han escuchado elevar la voz para denunciar la situación de la senda costera. Proyectada, por cierto, por uno de los actores principales: el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio —que no sale en la foto ni habla ante los micrófonos— pero debería ser el primero en asumir su responsabilidad. Aunque no el único. El Ministerio también tiene que hacer examen de conciencia con urgencia.
Por su parte, la presidenta Buruaga —que tiene en principio un papel secundario— ha hecho pública una conversación íntima en el velatorio con la madre de una de las víctimas. Lo contó el otro día después de firmar el pacto de Gobierno, en cuanto se levantó el luto oficial. Lo llevaba preparado, escrito en los papeles a los que iba echando miradas para no perder el hilo del relato: “No descansaré hasta que sepa la verdad de lo ocurrido en El Bocal”.
Lo que pasó está cada vez más claro: nadie ha hecho nada en más de diez años y tampoco hicieron caso de la llamada que alertó del peligro. Lo que hace falta ahora es que alguien se haga responsable de ambas cuestiones.