La principal acusada en la trama inmobiliaria llega a un acuerdo y le rebajan la pena de diez a cuatro años
La principal acusada de la trama inmobiliaria que adquiriría, con préstamos hipotecarios obtenidos de forma fraudulenta, viviendas que luego alquilaban y que dejaban de pagar las cuotas a los pocos meses de la firma en localidades como Colindres, Laredo y Castro Urdiales ha llegado este miércoles a un acuerdo en el segundo día del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
Se trata de una mujer, considerada como la presunta cabecilla, para la que la Fiscalía reducirá su petición de prisión de diez a cuatro años, y a la que retirará la acusación por delito de organización criminal y mantendrá el de falsedad y el de estafa agravada.
Además, también ha alcanzado un acuerdo su hijo, al que el fiscal pedía como colaborador y responsable a título lucrativo cuatro años. Según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público su petición para él será ahora de un año, aunque letrados personados han trasladado a esta agencia que el hombre quedará absuelto. No obstante, el escrito modificado de acusación se formalizará el lunes.
Así, ambos procesados se unen a los otros ocho enjuiciados que el martes llegaron también a una conformidad y cuya pena se quedará entre uno y dos años de prisión, frente a los cinco y seis que la Fiscalía pedía inicialmente. A ellos, que declararon en el primer día de la vista oral, se les aplicará la suspensión condicional, siempre y cuando no tenga antecedentes penales y se comprometan a los pagos que se impongan.
Según el escrito de la Fiscalía, la organización estaba liderada por la principal implicada que se encargaba de buscar los pisos y simulaba ser intermediaria inmobiliaria, y participaba su hijo y los supuestos compradores, que tenían dificultades económicas. En las operaciones de compraventa “inflaban” los precios.
Les atribuye doce compraventas por las que obtuvieron 1,3 millones de euros y siete créditos personales, por los que recibieron 194.000 euros, lo que considera delitos de estafa agravada, falsificación y receptación. Estaba previsto que el juicio se alargara hasta principios de noviembre.
Hechos
El escrito del ministerio público señala que los procesados constituyeron durante los años 2017 y 2018 “una agrupación estable de personas que tenía como finalidad enriquecerse injustamente mediante la obtención de créditos hipotecarios y personales de entidades bancarias”.
Añade que la organización estaba liderada por una mujer que presuntamente se encargaba de buscar los pisos, presentarse ante los vendedores como intermediaria inmobiliaria, guiar a los supuestos compradores --también acusados-- en todo el proceso de compra, elaborar la documentación falsa presentada a las entidades bancarias para la obtención de los créditos y administrar los beneficios.
Para la obtención de esos créditos los acusados “aportaban documentación de apariencia veraz”, si bien “no era más que una imitación de nóminas, contratos laborales o informes de vida laboral”, entre otros documentos, que elaboraba la principal acusada, indica la Fiscalía.
Esos documentos, continúa, generaban “una imagen de solvencia que no se correspondía con la realidad, lo que provocaba que las entidades bancarias les concedieran una financiación, con el consiguiente desplazamiento patrimonial que nunca les hubiesen concedido de haber contado con sus datos reales”.
En las operaciones inmobiliarias formalizaban contratos de compraventa en los que “se inflaba el precio de venta”, haciendo constar en escritura pública una cifra, pero pagando en realidad a los cinco vendedores una cantidad inferior que la financiación obtenida, con lo que se quedaban con la diferencia.
Los vendedores aceptaban que apareciese un precio inflado en el contrato “por la necesidad de vender sus inmuebles”, según la Fiscalía, que añade que “eran totalmente desconocedores de las maniobras urdidas por la trama”.
Tras adquirir los inmuebles, los destinaban a alquiler y a los pocos meses dejaban de abonar las cuotas del crédito, “quedando las entidades bancarias con la única opción de proceder a la ejecución hipotecaria, con un inmueble sobrevalorado y un resultado incierto”.
La organización estaba dirigida por la principal acusada, que controlaba todas las operaciones, mantenía el dominio efectivo de las viviendas adquiridas y distribuía el beneficio obtenido. Colaboraba con ella su hijo, quien tenía “pleno conocimiento de la actividad ilegal de su madre” por ser el encargado de recibir la mayor parte del beneficio en sus cuentas bancarias, actuando como tesorero.
Una vez llegaba el dinero a su cuenta, este acusado aprovisionaba las cuentas del resto de miembros de la trama en pago de los servicios prestados, generando así “un flujo de dinero circular”. El resto de acusados son personas “en situaciones de dificultad económica que aceptaban figurar como compradores y solicitar los préstamos hipotecarios o personales con pleno conocimiento de que iban a obtener un beneficio ilícito”, recoge el ministerio público.