La 'Ruta Norte' de la prostitución que pasa por Cantabria: una actividad que se desplaza a pisos turísticos
La 'Ruta Norte' es un camino amargo. Un circuito organizado por quienes dirigen redes de prostitución que trasladan a las mujeres de una ciudad a otra por todo el norte de España. Cantabria es una de las estaciones en las que las víctimas de explotación sexual están 15 o 20 días como máximo, antes de seguir la gira por Euskadi, Galicia y Asturias. En ocasiones llegan al sur de Francia o hasta Valladolid.
Médicos del Mundo ha identificado y bautizado esta ruta que mueve a las mujeres constantemente por dos razones: alimentar la continua demanda de “novedad” por parte de los consumidores de prostitución e impedir que la víctima desarrolle arraigo local, que establezca lazos o mantenga un acceso continuado a los recursos sanitarios, sociales y de protección legal de la comunidad.
La prostitución en Cantabria se ha trasladado desde los clubs -solo quedan una decena- hacia domicilios privados y plataformas digitales, lo que hace cada vez más difícil su intervención. Aumenta el negocio, pero cada vez es más difícil abrir procedimientos penales para perseguir el proxenetismo y la trata de seres humanos.
En la comunidad funcionan 45 pisos fijos que ofrecen servicios sexuales de forma continuada. Eso dicen las cifras oficiales de la Fiscalía de Cantabria. Sin embargo, el equipo técnico de la Asociación Nueva Vida ha logrado ubicar “más de 150 lugares y pisos” en los que se ejerce la prostitución.
La magnitud de este dato se encuadra en los resultados del ‘Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres’ de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que situó a Cantabria como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa relativa de mujeres prostituidas. Únicamente le superan Baleares, Cataluña y Valencia.
Los lugares son los mismos, las mujeres van rotando. Los pisos están, sin llamar la atención, en edificios residenciales de zonas urbanas de Cantabria. Son el eje central de la oferta presencial.
Sin embargo, ahora se ha detectado una modalidad emergente que dificulta aún más el rastreo: el uso de pisos turísticos de alquiler de corta estancia.
En estos espacios, las redes de explotación operan durante periodos festivos o temporadas vacacionales concretas, desmantelando la infraestructura con rapidez una vez concluidas las fechas de mayor afluencia, como puede ser la Semana Grande de Santander. Fechas en las que también se incrementa el número de clientes.
Solo un nuevo caso de trata
A pesar de la red de locales y domicilios contabilizada, la Fiscalía de Cantabria llama la atención sobre la “escasa incidencia” formal de causas judiciales relacionadas con los delitos de prostitución y de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Las estadísticas del propio órgano judicial revelan que únicamente se incoó un procedimiento judicial por el delito de trata de seres humanos en toda la comunidad y en materia de delitos de prostitución, solo se registró una nueva causa por posibles ilícitos de prostitución lucrativa, trata y favorecimiento de la inmigración ilegal.
El ejercicio cerró con cero sentencias condenatorias dictadas por delito de trata de seres humanos en la comunidad.
Esta profunda brecha entre la realidad del mercado prostitucional en las calles y su escaso traslado a las salas de justicia responde a tres factores, según argumenta el propio ministerio público.
En primer lugar, destaca la reticencia de las víctimas a acudir a las autoridades o poner denuncias, debido al estigma social, el estrecho control al que son sometidas y el temor a sufrir represalias directas de los explotadores y las redes criminales.
A esta barrera se suma que es un mercado que opera en el entorno digital, donde se hacen los contactos y se ponen los anuncios. Un escenario donde la intermediación de terceras personas queda oculta tras plataformas web y redes sociales, lo que complica que se puedan obtener pruebas directas.
Por último, al ser una actividad ejercida “a puerta cerrada” en pisos privados impide la entrada de las fuerzas de seguridad, salvo que exista un consentimiento explícito de las moradoras o lo autorice un juez.
La pornografía, puerta de entrada a la prostitución
La memoria de la Fiscalía de Cantabria pone el foco en el complejo escenario de invisibilización de este tipo de delitos. Los continuos desplazamientos de mujeres incrementan su aislamiento y añaden opacidad al oscuro negocio. También complica que intervengan las entidades sociales que luchan contra la prostitución.
En Cantabria, son principalmente tres. APLEC Inclusión Mas Igualdad es una de ellas. Frente a las complejas definiciones legales que separan la trata, la explotación sexual y la prostitución, Silvia Cifrián, abogada de APLEC en Cantabria explica que “estas realidades no son compartimentos estancos, sino manifestaciones de una misma forma de violencia machista en la que no existe espacio para el consentimiento”.
Ellos acuden acude periódicamente a los clubes y pisos donde se ejerce la prostitución. Tienen un equipo de trabajadoras sociales, psicólogas y más de veinte voluntarias que ofrecen “un espacio seguro de escucha sin juzgar ni coaccionar a las mujeres” porque “ya bastante coacción están sufriendo”, como apuntan las trabajadoras sociales Nadia y Elsa. Sucede especialmente con “mujeres procedentes de contextos muy vulnerables” donde la explotación sexual campa a sus anchas, apuntan.
Su tarea es construir una relación de confianza con las mujeres para proporcionarlas asesoramiento jurídico, atención psicológica, orientación laboral y apoyo social y administrativo. Intentan hacerles ver que existen alternativas viables para cuando decidan o puedan cambiar de vida.
Para ayudar en ese proceso, APLEC tiene dos pisos de acogida, cada uno con cuatro plazas para alojar a mujeres e incluso a menores de hasta 14 años a su cargo. Estas viviendas proporcionan a las mujeres tiempo y seguridad para “reflexionar y reorientar su proyecto vital lejos de la coacción de las redes”. Además, como la organización funciona también en otras comunidades autónomas se pueden hacer traslados cuando la integridad o seguridad de una mujer se ve amenazada aquí en Cantabria.
En el plano legislativo y social, APLEC reivindica la aprobación urgente de una ley integral para la abolición de la prostitución -la LOASP todavía a la espera de tramitación parlamentaria- que garantice “respuestas coordinadas en materia sanitaria, social y de seguridad, al tiempo que penalice el consumo de sexo de pago y persiga cualquier forma de lucro a costa del cuerpo de las mujeres”.
El equipo que trabaja en Cantabria considera que es urgente “desnormalizar el consumo prostitucional y educar a la juventud en un concepto sano de sexualidad y consentimiento”.
Las profesionales alertan de que la pornografía actúa como la principal puerta de entrada al mercado del sexo de pago entre los adolescentes y recuerdan que “comprar sexo no forma parte de una buena educación sexual”, por lo que instan a la ciudadanía a involucrarse activamente en la erradicación de esta forma de explotación.