El Gobierno cántabro promociona una semana antes del Orgullo sus políticas LGTBIQ+ de la legislatura
La consejera de Inclusión Social e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha comparecido este viernes en comisión parlamentaria para informar sobre la gestión del Ejecutivo regional en materia LGTBIQ+, durante los años 2024 y 2025, y ha asegurado que se debe garantizar que los derechos de este colectivo “se ejerzan de manera efectiva y formen parte de la vida cotidiana de las personas”.
El Gobierno de Cantabria (PP) ha asegurado que las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de las personas LGTBI “forman parte de la acción ordinaria”, mientras que el PRC ha criticado las “prisas” del Ejecutivo para presentar los informes de su gestión en este asunto, correspondientes a 2024 y 2025, y “vender lo poco que ha hecho en los dos últimos años en vísperas del Día Internacional del Orgullo”, destacando la urgencia de crear el Consejo LGTBIQ+, aprobado ya por el gobierno, pero cuyo proyecto que aún está en trámite en el Parlamento. Tras analizar esos informes, el portavoz del PRC ha valorado la actuación del Gobierno como “administrativa, divulgativa y conmemorativa”
El Consejo LGTBI de Cantabria, cuyo proyecto de ley se ha remitido al Parlamento para su tramitación, está previsto en la Ley como un instrumento de participación, consulta y colaboración entre las administraciones públicas y las entidades representativas, aunque aún está en trámite.
“Seis años después de la aprobación de la ley, sigue sin constituirse”, ha lamentado el diputado regionalista Pedro Hernando, quien ha reprochado a la consejera que lo único que ha presentado en el Parlamento es “un proyecto de ley de 5 artículos que deja todo el contenido a un futuro decreto de desarrollo”. En estas condiciones, ha augurado que si sigue el PP al frente del Gobierno de Cantabria “estará operativo como pronto en 2028”.
En materia de educación, Gómez del Río ha remarcado el desarrollo de programas de coeducación, la formación específica del profesorado, los protocolos de prevención e intervención frente al acoso por razón de orientación sexual o identidad de género, y el acompañamiento al alumnado trans en los centros educativos de Cantabria.
Gómez del Río ha justificado la presentación conjunta de los informes correspondientes a 2024 y 2025 en base “a un cambio metodológico de mejora” de la información para conocer el grado de cumplimiento efectivo de la Ley de Cantabria 8/2020. “Esta nueva metodología permite evaluar el grado de desarrollo de la Ley, identificar con mayor claridad los avances producidos, las actuaciones en curso y los ámbitos que requieren un mayor desarrollo”, ha concluido.
El PRC demanda la creación del consejo LGBTIQ+
El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha criticado las políticas del Gobierno de Cantabria en este área, y ha subrayado la necesidad de crear el Consejo LGTBI. De igual modo, ha criticado la ausencia de un Plan Estratégico LGTBI autonómico, porque se traduce en la falta de “una hoja de ruta identificable para establecer objetivos, prioridades, indicadores, cronograma, recursos económicos y un sistema de evaluación”.
Aunque ha apreciado “una evolución positiva”, sobre todo en 2025, en acciones formativas y en la recopilación de información, no ve “ninguna transformación sustancial del modelo de políticas públicas, debido a la ausencia de indicadores, escasa evaluación, falta de objetivos cuantificables, inexistencia de un plan estratégico específico y el retraso en el desarrollo de los órganos previstos en la ley, especialmente el Consejo LGTBI”.
En este sentido, ha asegurado que la falta de indicadores impide, por ejemplo, valorar el grado de implantación de las medidas en el ámbito educativo, uno de los más relevantes de los regulados por la ley. Como consecuencia, “no tenemos datos sobre los casos de acoso por orientación sexual o identidad de género, la aplicación efectiva de protocolos, el número de centros participantes, la evaluación de resultados o la formación alcanzada por el profesorado”.
El portavoz regionalista ha destacado las mismas carencias en el ámbito sanitario y a nivel laboral, uno de los campos “menos desarrollados dentro de la política autonómica LGTBI”, mientras que en materia de cultura, juventud y sensibilización aprecia “un riesgo evidente de vinculación excesiva a acciones simbólicas y conmemorativas”.
Además, ha recordado que la ley establece que el ICANE debe publicar anualmente las principales estadísticas desde la perspectiva de la protección de este colectivo, analizando como mínimo la incidencia de las medidas en el ámbito educativo, universitario y sanitario, pero un año más “no hay nada de nada”.
En términos generales, Pedro Hernando considera que la principal debilidad del Gobierno es la ausencia de una estrategia integral capaz de transformar las actuaciones en resultados medibles y con un impacto directo en el colectivo. “Cantabria ha avanzado en visibilidad y sensibilización, pero tiene que hacerlo también en planificación, evaluación, participación y garantía efectiva de derechos”, ha concluido.