La alcaldesa, Rosa Díaz Fernández, junto a Julio Cabrero Carral (PP), Avelino Rodríguez Muriedas (PRC) y Felipe Tapia Salces (PSOE), han valorado la “preocupación de los vecinos” de Polanco ante el debate suscitado en las últimas semanas sobre el emplazamiento alternativo a la estación depuradora a “escasamente 200 metros” de Requejada, el núcleo urbano más poblado del municipio, así como al pueblo de Rinconeda, lo que en conjunto supone más de 1.700 habitantes.
Además, las alegaciones se basarán también en cuestiones técnicas y medioambientales, entre ellas que los materiales presentes en esta área tienen carácter “aluvial”, en buena medida “granulares”, y que parte de esos materiales son “acumulaciones de origen industrial” (depósitos de decantación de la fabricación de carbonato sódico), cuya composición exacta “se desconoce”, lo que produce terrenos “inestables”.
Rosa Díaz ha explicado que la Junta de Portavoces quiere enviar con su acuerdo un “mensaje de tranquilidad” a los vecinos más cercanos al emplazamiento Isla de Solvay, pese a que este lugar territorialmente no pertenece al municipio de Polanco pero sí presenta “importantes afecciones” para los habitantes del mismo.
En este sentido, la alcaldesa ha resaltado la postura “unánime” de los tres grupos que conforman la Corporación a la hora de presentar las alegaciones como respuesta a la “inquietud” manifestada por algún grupo de vecinos.
Además, la Junta de Portavoces ha acordado “por prudencia y responsabilidad” que el Ayuntamiento de Polanco como institución no se decante por ninguna de las ubicaciones alternativas que baraja el Ministerio de Medio Ambiente para Vuelta Ostrera.
“Se entiende que deben ser el propio Ministerio y el Gobierno de Cantabria las instituciones que, de acuerdo con los criterios técnicos, medioambientales y poblacionales, los que fijen la ubicación de la depuradora”, indica el Consistorio en un comunicado.
En este sentido, la alcaldesa asegura los portavoces han manifestado su “oposición” a que los ayuntamientos afectados “se lancen unos a otros” la posible ubicación de la nueva Vuelta Ostrera, al entender que “cada uno debe defender los intereses de sus vecinos pero sin contribuir a generar posible alarma o intranquilidad en los habitantes de otro”.